El aluvión salpica a La Moneda: grietas en la conducción de la emergencia

El barro todavía no terminaba de retirarse de Las Condes cuando este martes la lluvia volvió a golpear Santiago. Granizos, tormentas eléctricas y nuevos anegamientos marcaron una jornada en que Senapred declaró Alerta Roja para toda la Región Metropolitana, apenas cinco días después del aluvión de San Carlos de Apoquindo. La nueva emergencia encontró a La Moneda bajo una tormenta de cuestionamientos a la conducción presidencial.

Esta vez, las críticas llegaron desde Ñuñoa. Con viviendas inundadas y calles anegadas, el alcalde Sebastián Sichel emplazó directamente al Gobierno por los recursos disponibles para enfrentar las emergencias.

“Que el Senapred me diga que había una emergencia, me haga una alerta, me sirve poco. Lo que necesitamos es que para emergencias haya gestión de recursos, y hoy día no hay”, cuestionó en declaraciones al canal 24 horas.

El jefe comunal relató que enfrentaban los anegamientos con cuatro motobombas, voluntarios de Bomberos y apoyo del Gobierno Regional Metropolitano. El balance preliminar municipal contabilizaba 15 viviendas afectadas, siete de ellas con daños de mayor gravedad.

El emplazamiento tiene una arista política: Sichel, independiente que reconoció haber votado por José Antonio Kast, ya había marcado diferencias con su administración. El 5 de octubre acusó al Ejecutivo de tener “un problema grave de amateurismo en la gestión de las finanzas públicas”, a propósito de los recortes del Presupuesto 2027, particularmente la eliminación del programa de computadores escolares “Yo elijo mi PC”.

Dos días después, en una columna pública, cuestionó que los municipios continúen actuando como ejecutores de decisiones adoptadas desde el nivel central, sin suficiente participación en su diseño.

Aunque esos reparos presupuestarios no estaban relacionados específicamente con las emergencias meteorológicas, la nueva tormenta volvió a instalar la discusión sobre los recursos y las atribuciones de las autoridades locales.

Desde Las Condes, la alcaldesa Catalina San Martín también cuestionó las dificultades de coordinación institucional. “La emergencia no puede tener horario de oficina”, advirtió en una entrevista con 24 Horas.

“Esta es la burocracia del Estado, sigo sin entender cómo es posible que no corrijamos”, agregó, al cuestionar el seguimiento de las advertencias y las dificultades para obtener respuestas.

Los nuevos emplazamientos se suman a los cuestionamientos que arrastra el Gobierno desde el aluvión del jueves 8: las advertencias técnicas conocidas meses antes, las barreras de contención sin instalar, las contradicciones ministeriales y la ausencia de una alerta SAE de evacuación.

El problema ya no apunta únicamente a la velocidad de reacción, sino también a cómo circuló la información disponible y qué decisiones adoptaron las instituciones responsables antes de que se produjera el desastre.

La Moneda defiende su coordinación

En medio de las críticas, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, defendió este martes la actuación gubernamental.

“Un Gobierno no funciona en base a las personas, funciona a través de su institucionalidad”, sostuvo en Tele13 Radio, al responder por la ausencia de las principales autoridades de Interior durante las primeras horas del aluvión.

Alvarado se encontraba en Chiloé y el subsecretario Máximo Pavez, en Rapa Nui, ambos en actividades oficiales. Kast, en tanto, permaneció inicialmente en La Moneda, desde donde coordinó la respuesta y dispuso el despliegue de autoridades.

El ministro aseguró que encabezó telemáticamente el Cogrid desde las 18:30 horas del jueves y sostuvo que el Estado movilizó sus recursos oportunamente.

El Ejecutivo también ha defendido la decisión de no emitir una alerta SAE de evacuación, argumentando que el aluvión fue súbito y que ordenar la salida de vecinos sin identificar zonas seguras podía generar mayor confusión.

Sin embargo, la discusión no termina en la respuesta inmediata.

Las advertencias estaban, las mallas no

En febrero, Sernageomin identificó un alto peligro de remociones en masa en el sector afectado por el incendio forestal de diciembre de 2025. En junio, académicos de la Universidad Católica volvieron a advertir sobre la vulnerabilidad del terreno ante precipitaciones intensas.

Pese a esos antecedentes, las barreras dinámicas proyectadas por el municipio no estaban instaladas cuando ocurrió el aluvión. Según una cronología municipal conocida esta semana, el contrato para ejecutar las obras se firmó recién el 5 de octubre, tres días antes del desastre.

La situación dejó además una contradicción en el gabinete. El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, aseguró inicialmente que las mallas habían sido instaladas, pero que no resistieron la magnitud del fenómeno. San Martín lo desmintió y el secretario de Estado posteriormente reconoció que los trabajos todavía estaban en una etapa preparatoria.

Un análisis de seis investigadores del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) identificó una cadena de factores que aumentaron la vulnerabilidad de la cuenca, desde la sequía y la degradación de la vegetación hasta el incendio y las precipitaciones extraordinarias de octubre.

El estudio no establece responsabilidades administrativas, pero advierte que las condiciones que facilitaron el desastre se acumularon durante meses.

Desde Greenpeace, la geógrafa Silvana Espinosa cuestionó que las obras preventivas continuaran pendientes. “No podemos seguir esperando a que ocurra la próxima tragedia para tomar decisiones que debieron adoptarse mucho antes”, advirtió.

A las críticas se suma el debate presupuestario. Mediante un decreto firmado en mayo, Hacienda redujo aproximadamente $918 millones del presupuesto de Senapred para 2026, mientras el proyecto de Presupuesto 2027 propone disminuir en 30,6% los recursos del Programa de Gestión del Riesgo de Desastres, equivalente a casi $258 millones menos.

Los recortes no demuestran una relación causal con el aluvión ni con la ausencia de una alerta SAE. Sin embargo, abrieron cuestionamientos parlamentarios sobre las prioridades preventivas del Ejecutivo.

Las responsabilidades en disputa

La controversia también alcanzó a las atribuciones de las autoridades regionales.

San Martín ha cuestionado las competencias del MOP en las intervenciones de quebradas y las gestiones del gobernador Claudio Orrego, quien sostiene que ofreció financiar estudios preventivos y que estuvo presente durante la emergencia.

En medio de ese enfrentamiento, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), recordó que las principales facultades ejecutivas de coordinación corresponden al delegado presidencial, Germán Codina, representante del Gobierno Central.

Sin embargo, consultado por El Mostrador sobre la conducción presidencial, Alessandri respaldó el despliegue gubernamental, aunque reconoció aspectos por mejorar.

“En Lo Barnechea hemos tenido una buena coordinación con el Gobierno Central. Tanto el delegado presidencial, Germán Codina, como los distintos ministerios han estado disponibles cuando hemos requerido apoyo, y eso hay que reconocerlo”, señaló.

El alcalde agregó: “Por supuesto, siempre hay cosas que mejorar, especialmente en prevención y coordinación, pero esta no es una discusión sobre personas, sino sobre cómo logramos que el Estado responda de manera cada vez más rápida y eficiente”.

Otro cuestionamiento dirigido al Ejecutivo surgió desde Coquimbo. El gobernador Cristóbal Juliá y el alcalde Alí Manouchehri repararon en los distintos tiempos de respuesta gubernamental, luego de que en julio transcurrieran seis días antes de decretar el Estado de Excepción Constitucional de catástrofe en esa región, mientras que en Las Condes se declaró zona afectada por catástrofe en pocas horas.

Aunque se trata de instrumentos jurídicos diferentes, el contraste alimentó las críticas por un eventual trato desigual entre Santiago y regiones. Alvarado rechazó esa interpretación y aseguró que la respuesta estatal es la misma, independientemente del territorio afectado.

Fiscalía pone la lupa sobre la prevención

Mientras La Moneda defiende su despliegue, la Fiscalía Metropolitana Oriente anunció este martes que citará a autoridades para determinar quiénes recibieron los informes técnicos anteriores al aluvión y qué medidas adoptaron.

“Queremos saber a quién llegó formalmente esta prevención, este aviso, y qué fue lo que se hizo con esta información”, explicó el fiscal Manuel Zará, quien investiga preliminarmente un eventual cuasidelito de lesiones.

El persecutor también busca establecer si hubo incumplimientos de deberes preventivos y si las obras pendientes habrían podido mitigar las consecuencias del desastre. La investigación no supone, hasta ahora, una atribución de responsabilidad penal al Presidente.

En el plano político, la última encuesta Plaza Pública Cadem reveló que el 51% desaprueba la actuación del Gobierno frente al aluvión, mientras otro 51% considera que el desastre pudo evitarse mediante una respuesta anticipada de las autoridades. La aprobación general de Kast, en tanto, se mantuvo en 32%, sin registrar una nueva caída tras la emergencia.

La Moneda insiste en que actuó oportunamente frente a un fenómeno excepcional. Pero las críticas de los alcaldes, las contradicciones sobre las obras y la investigación de Fiscalía mantienen abiertas dos preguntas que trascienden el desastre del jueves 8: qué hicieron las instituciones con la información que tenían y con qué recursos cuenta el Estado para enfrentar las emergencias que vienen.

Porque mientras el Ejecutivo defiende su capacidad de reacción, los cuestionamientos se concentran cada vez más en aquello que no se hizo antes de que llegaran las lluvias.