Cuando pretendemos ignorar lo que sabemos o desconocemos nuestra responsabilidad, así como las consecuencias de nuestros actos, se puede decir que actuamos de mala fe.
Esto es lo que concluimos de las palabras de 16 ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que hicieron pública una carta, respaldada posteriormente por un grupo de coroneles en retiro. En la misiva afirman compartir el objetivo de “justicia, verdad, reparación y no repetición de las violaciones a los DDHH”, aunque a renglón seguido rechazan el actuar de los tribunales, a los que acusan de discriminación, puesto que –como sabemos– también hay civiles responsables de los crímenes quienes, salvo contadas excepciones, no han sido procesados. Una verdadera paradoja. Las escasas brechas abiertas en la impunidad generalizada son para estos militares expresión de injusticia.
Al igual que en dictadura, los altos oficiales se refieren a los hechos como “muertes” y “desapariciones”. No aceptan aún nombrar las cosas por su nombre: homicidios, torturas y desaparición forzada. Delitos considerados por el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad. Reclaman además comprensión en virtud del “contexto histórico” desplegando en escena una defensa corporativa que no separa aguas de los genocidas. Defensa que encontró, una vez más, la estrecha complicidad de los civiles de la dictadura que hoy ocupan el parlamento y otros espacios de decisión.
Un episodio más
Este podría ser solo uno de los variados episodios vividos en la larga historia de la impunidad que no han recibido una respuesta de las autoridades; una respuesta acorde a la gravedad de los dichos y a la transgresión del carácter no deliberante de las fuerzas armadas y policiales en un Estado que se precia de democrático. Sin embargo hoy, dando cuenta probablemente de la coyuntura electoral, varios voceros, autoridades y actores políticos de la Nueva Mayoría han respondido a las palabras de los uniformados.
Los dos candidatos oficialistas coincidieron en convocar a los uniformados a romper el pacto de silencio y a colaborar con la justicia. Mientras que el ministro de Defensa José Antonio Gómez desvió el tema de fondo al señalar que en dictadura un acto de este tipo habría merecido graves sanciones –incluso la desaparición–, reconociendo al mismo tiempo el derecho a la libre expresión de los ex uniformados, en democracia. Por su parte, la presidenta Bachelet, junto con anunciar tres medidas, afirmó que no se pueden permitir “justificaciones de lo injustificable, verdades a medias o pactos de silencio”. Esto, a pesar de que durante 27 años de post dictadura hemos comprobado que se han tolerado bastante bien.
El común denominador de estos pronunciamientos es una suerte de distancia y desafección respecto de los hechos a los que se refieren y sus causas. Pareciera que estos fueran completamente ajenos a las actuales autoridades y políticos oficialistas, quienes se expresan como si no tuvieran ninguna responsabilidad en ellos, ni en la existencia de un profundo sistema de encubrimiento de los agentes del Estado responsables de las violaciones a los DDHH en dictadura. Impunidad que, en definitiva, es negociada como parte del consenso al que se arribó al inicio de la transición.
En el discurso oficial es como si otros fueran quienes lo hicieron posible. A pesar de que esos 16 ex altos oficiales –que desafían a las autoridades– fueron promovidos por los gobiernos civiles, no una, sino repetidas veces, hasta llevarlos a las más altas responsabilidades a las que podían aspirar. Así preservaron, prácticamente inalterada, la estructura, redes y cultura institucional de las fuerzas armadas y policiales forjadas en dictadura como un poder deliberante que no reconoce su subordinación al poder político.
Las promesas de la Presidenta
Las medidas anunciadas este 11 de septiembre no cambian en lo sustantivo la situación actual.
La primera consiste en la decisión de poner “discusión inmediata” al proyecto que levanta el secreto impuesto sobre los antecedentes reunidos por la Comisión Valech I, para que esa información sea entregada a los tribunales. Se trata de un proyecto que ya se encuentra en discusión en el Congreso y que nada garantiza su aprobación ya que, en su versión anterior –tramitada durante 2016–, no solo fue rechazado por la derecha sino que también por los diputados del Partido Socialista Juan Luis Castro y Marcelo Schilling, del PPD Marco Antonio Núñez, Guillermo Ceroni y Joaquín Tuma y el independiente José Auth, más las abstenciones de los PPD Daniel Farcas y Ramón Farías, y el DC Pablo Lorenzini. Tampoco permite el acceso público a esta información de manera de hacer realidad el ejercicio del derecho a la verdad reconocido como un derecho colectivo.
Esta consiste en la creación de un mecanismo de recalificación para víctimas de prisión política y tortura, desaparición forzada y ejecución política a partir de la revisión de los antecedentes de quienes no fueron calificados por la Comisión Valech II. Este anuncio no especificó si la calificación incluirá medidas de reparación, tema en torno al cual no ha habido acuerdo entre el ejecutivo y organizaciones de DDHH.
En cuanto a la tercera medida es realmente sorprendente que se presente como un anuncio presidencial. Se trata de la firma de un convenio para que estudiantes de la carrera de derecho trabajen en la Unidad de DDHH dependiente de la Subsecretaría respectiva, y colaboren en el seguimiento de casos de violaciones a los DDHH en dictadura. En lugar de fortalecer esta Unidad con apoyo político, recursos y profesionales experimentados en el sistema procesal antiguo, capaces de llevar a buen término procesos judiciales complejos que se han arrastrado por décadas enfrentando poderosos obstáculos, se ofrece como solución el trabajo de estudiantes en formación.
Ni estas medidas, ni el prometido cierre de Punta Peuco –presentado como una medida ética y simbólica— constituyen un avance real en el verdadero problema de fondo: la ausencia de verdad y de justicia y la responsabilidad del Estado en la mantención de la impunidad.
[cita tipo=»destaque»]Como si todo esto no fuera suficiente para desconfiar de los anuncios de las autoridades, estos se dan a conocer a dos meses de las elecciones y a menos de seis meses del término del actual período presidencial, lo cual seguramente dificultará su materialización.[/cita]
Como si todo esto no fuera suficiente para desconfiar de los anuncios de las autoridades, estos se dan a conocer a dos meses de las elecciones y a menos de seis meses del término del actual período presidencial, lo cual seguramente dificultará su materialización.
En lugar de estos llamados genéricos a terminar con los pactos de silencio, o del llamado del ministro del Interior a “creerle” al comandante en jefe del ejército cuando afirma que la institución no tiene información sobre las violaciones a los DDHH; el ejecutivo y los candidatos deberían asumir su responsabilidad en el estado actual de impunidad, y comenzar por hacer exigible la información y el acceso a los archivos secretos que aún existen en poder de diversos organismos de las FFAA, haciendo así, formal y efectiva, la subordinación de estas al poder político.
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