Opinión
Lamentablemente no es solo la institución de Carabineros la que sufre los impactos de la mala administración política. Todo el sector de seguridad y el de justicia penal están llenos de baches, de corporativización irresponsable y de mala administración financiera y técnica, y con fallas sistémicas estructurales en las funciones de Inteligencia e Inteligencia Estratégica del Estado.
El único atenuante que puede argumentar a su favor el Gobierno de Michelle Bachelet por su responsabilidad en la enorme crisis institucional que afecta a las policías y prácticamente a todo el sistema de seguridad y justicia penal del país, es que la mala administración policial ha sido un problema permanente de todos los gobiernos democráticos desde 1990 hasta acá. La agravante, en cambio, es que de todos los Presidentes, ella es la única que se supone era experta en temas de seguridad y, por lo tanto, sabía mejor que los otros qué hacer y cómo, cuando ocupó ya la primera vez el cargo de Presidente de la República.
Lamentablemente, bajo sus mandatos ha ocurrido todo lo contrario a un buen manejo, y enfrenta hoy la responsabilidad de entregar al nuevo Presidente –quien tampoco lo hizo bien en el anterior gobierno– una policía de Carabineros prácticamente sin control y con una enorme crisis profesional y delictual de sus mandos. Todo debido a la errática conducción política del tema, que ayer tomó curso de abdicación política presidencial, al dejar al garete y responsabilidad del próximo Presidente la solución del tema, lo que perfectamente podría interpretarse como notable abandono de sus deberes. La frase “se gobierna hasta el último día” acaba de morir, como tantas otras cosas, con el prácticamente término de mandato de hecho al modo de Michelle Bachelet.
Su fracaso es de marca mayor pues no se debe olvidar que Bachelet llegó al poder en 2006 con la ocurrencia de instalar un Ministerio de Seguridad, encargó que recibió José Antonio Viera Gallo, quien, con la sinuosidad habitual, sepultó la iniciativa sin que se notara mucho.
Lamentablemente no es solo la institución de Carabineros la que sufre los impactos de la mala administración política. Todo el sector de seguridad y el de justicia penal están llenos de baches, de corporativización irresponsable y de mala administración financiera y técnica, y con fallas sistémicas estructurales en las funciones de Inteligencia e Inteligencia Estratégica del Estado. Si bien Carabineros está hoy en el centro del huracán, existen sólidos argumentos para sostener que la Policía de Investigaciones, Gendarmería, parte importante del sistema de defensa, no se encuentran en mejor situación. Y la plataforma de administración civil que sostiene todo el sistema penal en su conjunto y su vínculo de red con toda la seguridad y la defensa del país –Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa– está desarticulada y carece de un sentido común, que le genere una dosis aceptable de eficacia y/o eficiencia. En esto, resulta evidente que esos ministerios son o puro rito o puros problemas corporativizados, como ocurre con el ministerio de Justicia.
De tal manera que, en muchas oportunidades, ha sido el propio Gobierno el gran promotor de la anomia y la crisis, por su incapacidad política y profesional para ejercer sus competencias, controlar y exigir resultados. Y en mas de una oportunidad ha exhibido su tendencia desinstitucionalizadora del Estado al crear de facto organismos o niveles administrativos paralelos, de dudosa legalidad, que ni suplen la ineficacia de los organismos existentes, y solo contribuyen al mayor desorden y confusión.
Un ejemplo de ello es lo ocurrido con la Subsecretaría del Interior, responsable de los temas de seguridad en el gobierno, que inexplicablemente creó el año 2016 una Unidad de Análisis de Datos y Coordinación Intersectorial, un verdadero clon de funciones de inteligencia que le corresponden por Ley a la ANI. Dadas las funciones diseñadas en la Resolución Exenta pertinente que lleva la firma del Subsecretario Aleuy, la convicción es que no hay diálogo ni cooperación entre esta Subsecretaria y la ANI, o simplemente que ese ministerio aspiró a montar un servicio privado de inteligencia.
Hace poco más de un año, un oficial de la PDI de la V Región denunció a un superior por adulterar las fechas de diligencias y reportes encargados por el Ministerio Público, lo que a su juicio distorsionaba los resultados de gestión de la PDI. Tal adulteración afectaba, según él, la fe pública y generaba daños patrimoniales al Estado en el pago de incentivos por cumplimiento de metas que en realidad no existían. Lo que el denunciante no sabía –según las explicaciones dadas después por la jefatura– es que había una especie de acuerdo entre la Fiscalía Regional y la PDI para arreglar las fechas y, con ello, mejorar los resultados de manera que no se “advirtiera tanto atraso”.
[cita tipo=»destaque»]En muchas oportunidades, ha sido el propio Gobierno el gran promotor de la anomia y la crisis, por su incapacidad política y profesional para ejercer sus competencias, controlar y exigir resultados. Y en mas de una oportunidad ha exhibido su tendencia desinstitucionalizadora del Estado al crear de facto organismos o niveles administrativos paralelos, de dudosa legalidad, que ni suplen la ineficacia de los organismos existentes, y solo contribuyen al mayor desorden y confusión.[/cita]
El caso originó de todas maneras un sumario que rápidamente sobreseyó al infractor denunciado. Luego, en una defensa corporativa absolutamente ilegal, el funcionario que hizo la denuncia fue calificado en lista 4, lo que implica de facto la expulsión del servicio. Esta evidente represalia del mando, que fue recurrida y se encuentra pendiente en los tribunales de justicia, demuestra el tipo de cultura institucional de la PDI, que en este caso no respetó siquiera el amparo legal a que quedan sujetos los funcionarios que se atreven a denunciar corrupción o falta de probidad en sus servicios, ya que lo denunciado era efectivo y constituye un engaño con daño del patrimonio fiscal.
A mediados de 2017, la Contraloría emitió un Informe Final de auditoría sobre «Adquisición de activos no financieros», de todo el año 2016 en la PDI. En él se revisó compras de vehículos y cubrió un total de 3 mil cuatrocientos millones de pesos.
Entre los vehículos adquiridos y objetados por la Contraloría estaba Hyundai Genesis, destinado al uso del Director General, cuyo costo fue de 61 millones cuatrocientos siete mil pesos, el cual, según la Contraloría, se adquirió “sin contar con un análisis comparativo del mercado que justifique su compra, considerando la cuantía del precio, lo que podría afectar la eficiencia en las actuaciones de la entidad (…)”. Además, dijo que “sus especificaciones técnicas contenían requerimientos técnicos que solo permitían que pudiesen atender a dicho llamado aquellos proveedores que tenían dentro de sus productos ese tipo específico de vehículos, lo que significó excluir la participación de otros oferentes”. Todo esto, añadió el Informe, “sin que se vislumbran elementos de seguridad que lo distingan de otros vehículos existentes en el comercio, como por ejemplo, el blindaje”.
La pregunta que surge de inmediato es porqué el Director General necesita de un auto de lujo, sin equipamiento de seguridad, y a un costo prohibitivo frente a las recomendaciones de ética fiscal del Ministerio de Hacienda. El Hyundai Genesis es calificado en el portal web del fabricante como un “lujo asiático. El Hyundai Genesis es una berlina (…) con todo aquello que desearías de un sedán de lujo, de un Clase E o un Audi A6 con todos los extras”.
A su vez, la flota institucional total, que alcanza a 1.949 móviles, tenía al momento de la auditoria un 35% de inactividad, o sea, 680 móviles no estaban operativos,”… lo que se traduce en un riesgo para el logro de los objetivos de la institución (…)”. Además, todo el sistema operaba “sin control de flota”.
En medio de este despilfarro de recursos e ineficiencia administrativa, la auditoría constató “un déficit de chalecos antibalas y cascos balísticos de 2.835 y 5.652 unidades, respectivamente, y la obsolescencia de algunos de estos implementos de protección (operativos) por expiración de su vida útil, que alcanzan a 1.964 chalecos antibalas y 3.023 cascos balísticos (…)”. El órgano contralor conminó a la PDI a buscar recursos en la Dirección de Presupuestos y solucionar la falta de indumentaria de protección policial y de material obsoleto.
De acuerdo con las reglas de la institución, el número del personal que debe utilizar indumentaria de protección, léase chalecos antibalas y cascos balísticos, es de 9.171 efectivos, aproximadamente. Pero según el informe de Contraloría “solo existen 6.336 chalecos antibalas y 3.519 cascos balísticos a nivel nacional”, lo cual implica un déficit de 2.835 chalecos y 5.652 cascos. Todo ello sin considerar, según el Informe de Contraloría, qué existía “material obsoleto en las unidades policiales, por cuanto la vida útil había expirado según certificado emitido por el fabricante.”
Al déficit de chalecos antibalas y cascos balísticos, se agrega la falta de normativa interna sobre su uso, pese a que estos implementos son componentes esenciales y cotidianos de la seguridad del personal. El informe de la Contraloría señaló que esto contraviene expresamente el Reglamento Orgánico de la PDI, según el cual corresponde al director general “adoptar las medidas y dictar las resoluciones que considere necesarias para el buen funcionamiento de la institución; y proponer las que estime conducentes a su mejoramiento”, cosa que hasta el día de hoy no ha hecho, sin que las autoridades civiles respectivas intervengan.
La Dirección Nacional de la PDI ha señalado que en materia de seguridad del personal hay una histórica insuficiencia de recursos. Pero nada dice de la manipulación e ineficiencia en sus licitaciones relativas al rubro seguridad del personal, y de los gastos superfluos de sus fondos (cerca de mil millones de pesos) en una gira de estudios a Europa de los egresados de la academia, acompañados de unos 18 oficiales superiores, sin razones académicas que lo justificaran. Tal viaje sería incluso meritorio si se hubiera hecho con perspectivas de información o perfeccionamiento profesional, lo que no existió razón por la cual fue objetado por la Contraloría. Un servicio como la PDI que exhibe baja calidad en el manejo de “escenas de crimen”, como quedó demostrado hace unos años con el cadáver de una mujer asesinada en Puerto Varas, que permaneció oculto por cinco meses en el entretecho de su casa, o que desatiende la seguridad de su personal y se gasta sus recursos en este tipo de actividades no tiene liderazgo profesional.
Una pregunta ronda los pasillos de Chile Vamos: ¿cuál será el enfoque de inteligencia que deberá adoptar el nuevo Gobierno para salir de un atolladero de crisis policial, tener información adecuada y segura, y no ser presa de un juego de tronos en el que participen demasiadas voces con intereses corporativos o particulares?
La respuesta lógica debiera estar en la ANI, cuyo cliente preferencial y único es el Presidente de la República, y que fue creada precisamente para servir al escritorio presidencial. Pero los vientos le soplan en contra de esa agencia, transformada en una institución esclerótica del haz-lo-que-se-pueda, que emite opiniones intrascendentes porque no es considerada LA opinión principal, sino una de tantas y detrás de las de los servicios de inteligencia de las tres ramas de las fuerzas armadas, de Carabineros y de Investigaciones.
La prueba de que no es un organismo apreciado está en que el actual Subsecretario del Interior tomó la decisión de modificar la estructura interna de la Subsecretaría y crear una Unidad de Análisis de Datos, cuyo objetivo específico es “sistematizar y analizar datos políticos, programáticos, sociales y económicos que nos permiten (sic) el logro de los objetivos que se haya fijado la Subsecretaría del Interior”. Y entre las funciones están todas aquellas relacionadas con sistematizar y analizar información de todo tipo, y acciones de sostenimiento del proceso constituyente, entre otras.
No queda claro cuál es la legalidad de esto, pero sí evidencia que la Subsecretaría del Interior está disconforme con la información que los servicios de inteligencia le entregan, entre ellos los de la ANI, y que decidió entrar a este mercado de las opiniones, como propietaria de una “unidad de análisis”, nadie sabe con qué alcances, cuántos recursos y qué respaldo legal.
Es obvio que esta unidad, más allá de los fundamentos de su creación, algún grado de información o participación directa debiera haber tenido en el Operativo Huracán, y ello sería la razón por la cual el Subsecretario ha insistido tanto en la necesidad de ir adelante en ciertas acciones investigativas cuyo resultado debiera desvirtuar las acusaciones de montaje y manipulación por parte de Carabineros. Eso pone a la Subsecretaria en la obligación de explicar qué ha estado haciendo con esta Unidad, cuál ha sido la participación de ella en el diseño y control de la Operación Huracán, y dónde irá a para la eventual base de datos recopilada por esa Unidad.
Si efectivamente la unidad de Análisis de Datos creada por Mahmud Aleuy tiene responsabilidad central en el tema Operación Huracán, se explicaría con mayor transparencia la tranquilidad con que ha actuado el general Director de Carabineros, Bruno Villalobos, que pareciera querer transmitir implícitamente un “yo no fui”, y aclararía la anticipada abdicación de poder de La Moneda en esta crisis.
Independientemente además, de la responsabilidad administrativa del subsecretario Aleuy de invadir delicados campos ajenos como la Inteligencia, con lo que expone directamente la responsabilidad del Gobierno, aquí hay enseñanzas importante hacia el futuro, en un doble aspecto. El primero es que la crisis de Carabineros, el Pacogate, se entregó a la Inteligencia de la institución para su manejo interno, y los mandos, como Blu y el propio Director General interpretaron el guión maquiavélico de “el fin justifica los medios”, montando una tapadera de eficacia en la zona más caliente de la seguridad nacional, todo con anuencia del Poder Civil. Y que nadie, ni ahora ni en el próximo gobierno, va a inmolarse por la ilegalidad de lo actuado. El cálculo es que el próximo gobierno, dado su talante político, va a blanquear la situación y los responsables zafarán.
Lo segundo es que por mal manejo de asuntos de Estado, los gobiernos terminan por entregar instrumentos como la ANI al juego incierto de la política irresponsable, ya sea en manos de políticos desplazados del Parlamento o la utilizan como carta de ajuste o negocios, lo que resulta en un daño para la salud de la República y el propio gobierno de turno, que se priva de un instrumento esencial para adoptar decisiones estratégicas.
Los descontroles en el ámbito de la seguridad no ocurren de improviso de la noche a la mañana o por causas naturales e inevitables. Menos cuando se trata de policía o de inteligencia. Ocurren por la inoperancia, la falta de control, la incompetencia y descompromiso cívico de los responsables civiles, quienes se omiten o simplemente no son capaces de cubrir sus responsabilidades. Ocurren por la sobre politización de los pasillos que conducen a los centros de decisión del sector, generalmente en manos de parlamentarios desplazados, redes clientelares de políticos de segundo orden o desadaptados del poder político que buscan en un poder burocrático oculto (que es un mito) una revancha política y no el bienestar ético de la República.
Pero también, porque no decirlo, una gran amenaza en este campo proviene de la mezcla de intereses familiares o la existencia de pasiones personales, que inhiben las responsabilidades de Estado.
