Señor Director:
El Tribunal Constitucional (TC) comunicó su decisión de declarar inconstitucional el artículo que prohibía que una persona jurídica organizadora de una institución de educación superior fuera controlada por otra persona jurídica que persiguiera fines de lucro. Esta regla tenía por propósito poner fin al carácter mercantil de la educación superior.
Al respecto, cabe insistir que una vez más el TC ha actuado como un ente que no solo convierte en superflua la decisión soberana del Congreso, sino que además subvierte el espíritu del legislador, al re-direccionar la política pública en un sentido por completo diverso al diseño original, cuyo fin era precisamente acabar con la mercantilización de la educación superior. Vale decir, la legislación que podría promulgarse devendría en el exacto contrario a lo democráticamente decidido.
No es primera vez que esto ocurre. En efecto, en el último tiempo hemos sido testigos como el TC se ha extralimitado en sus atribuciones cuando controla preventivamente los proyectos de ley. Esto es así, pues a través de un conjunto de polémicas decisiones recientes, ha terminado por cercenar o desvirtuar una serie de políticas del gobierno anterior. Lo cual se agrava si consideramos que dichas políticas, previamente, ya se habían visto degeneradas en la deliberación parlamentaria debido a los condicionamientos impuestos por el poder de veto de la derecha, en orden a acudir al TC si la legislación en discusión no se conformaba con sus intereses.
Este problema constitucional, que profundiza la crisis de legitimidad de la institucionalidad estatal, evidencia una vez más por qué es necesaria una nueva constitución que sea democrática en su gestación y contenidos; como, asimismo, en el contexto de dicha discusión, la necesidad de una modificación radical al control de constitucionalidad. Eso fue lo que el proceso constituyente del gobierno anterior intentó hacer y que, en razón del resguardo de sus intereses, la derecha lo ha relegado de la agenda de prioridades legislativas.
Por otra parte, cabe mencionar que, si bien es discutible la legitimidad de un órgano como el TC en un sistema democrático, cierto argumento defiende su rol como un eventual protector de los derechos de las minorías. Sin embargo, ello no ha acontecido con las recientes actuaciones del TC chileno. En efecto, cuando el discurso apela a las «minorías», no es una referencia a una cuestión meramente cuantitativa, sino que concierne a aquellos grupos subalternos que por sus condiciones materiales desaventajadas están imposibilitados de concurrir en un pie de igualdad a la formulación de la decisión colectiva. He ahí la función protectora de la justicia constitucional.
Omitiendo dicha consideración, el TC chileno ha exhibido un comportamiento que no vela por los derechos e intereses de las minorías subalternas. Antes bien, lo que ha hecho es una defensa, mediante sus decisiones, de aquellos grupos que representan intereses del poder económico que claramente tienen una posición ventajosa en la sociedad. Esto significa que el TC ejerce un rol por completo inverso a la pretensión de la justicia constitucional.
En definitiva, el examen de las actuaciones recientes del TC chileno evidencia que lo que ha hecho no es sino torcer el único rol que podría legitimarlo: a saber, ser el guardián efectivo de los derechos de las minorías desaventajadas de la sociedad.
Álvaro Elizalde. Presidente del Partido Socialista y Senador de la República
Marcelo Díaz. Diputado de la República
Juan Santana. Diputado de la República
Karina Delfino. Vice Presidenta del Partido Socialista
Nicole Cardoch. Presidenta de la Juventud Socialista
Clarisa Hardy. Presidenta del Instituto Igualdad
Francisco Díaz. Ex Subsecretario del Trabajo
Paulina Vodanovic. Ex Subsecretaria para las Fuerzas Armadas
Juan Cristóbal Cantuarias. Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, Universidad de Chile
María José Cornejo. Consejera FECh
Marcos Cárdenas. Encargado Nacional Universitario de la Juventud Socialista
Felipe Rojas. Coordinación Nacional CONES
Eduardo Chia. Ex asesor Ministerio de Educación
Nicolás Facuse. Ex asesor Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Flavio Quezada. Ex asesor Ministerio de Educación
