A pocos días de la instalación del segundo mandato del presidente Piñera, he visto informaciones de prensa que hablan de hacer cambios al proyecto de modificación del Código de Aguas para dar certeza jurídica a los propietarios de derechos de agua.
Esta noticia es importante porque significa que seguirá la discusión de este tema. Por ello quiero aportar a través de esta columna invitando a que avancemos en la modificación del Código de Agua en dos etapas: una primera etapa donde se resuelvan todos aquellos puntos en los que estamos de acuerdo y dejar para una segunda etapa la modificación de aquellos aspectos que requieren de mayor discusión.
Durante más de 15 años he trabajado con múltiples instituciones públicas y privadas vinculadas al ámbito de los recursos hídricos. Sin duda, los intereses y las visiones ideológicas son diversas, sin embargo he podido observar puntos en los que las discrepancias parecen estar ausentes y que me han llevado a realizar este análisis.
En primer lugar, creo que existe un consenso transversal en que el agua en todas sus formas es un bien nacional de dominio público y que además es prioritario el derecho humano al acceso al agua y que por eso hay que darle prioridad al agua potable y en especial al agua potable rural (APR). Considero un gran avance que la reciente Ley de APR genere la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales y la extensión de las atribuciones de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios a estos sistemas.
[cita tipo=»destaque»]No podemos repetir lo ocurrido en la modificación de 2005, que necesitó de muchos años y que fue en varios ámbitos incompleta. No hagamos esperar a Chile, avancemos en los aspectos en que sí estamos de acuerdo para tener una Ley de Aguas de 2018, que sea una base para los cambios del futuro.[/cita]
También hay consenso es el sentido de que se debe fortalecer la institucionalidad, y en especial a la Dirección General de Aguas; que se debe fortalecer el monitoreo de las captaciones de agua y el control de las extracciones ilegales. Hay acuerdo en que debe avanzar en el manejo de la información y que es necesario integrar las distintas bases de datos que poseen reparticiones del gobierno, generando mecanismos para que también los privados puedan aportar con sus datos.
Si bien es cierto que en lo anterior existe entendimiento, también hay coincidencia en que no será fácil implementar estas medidas, pero eso quedaría a nivel de reglamento.
En relación a las Organizaciones de Usuarios de Agua, en todas las reuniones a las que he asistido siempre hay una visión compartida en torno a la necesidad de fortalecerlas, incorporar los usuarios de derechos no consuntivos y ampliar su función hacia la administración conjunta de aguas superficiales y subterráneas y la protección de la calidad de este recurso.
Finalmente, existe consenso en incluir los aspectos ambientales de nuestro Código de Aguas. La reforma de 2005 dio un gran paso al reconocer que las aguas superficiales y subterráneas son un sistema único y al incorporar el caudal mínimo ecológico. Pero hay muchos más elementos que deben ser considerados. Un tema importante es reconocer otros usos de agua y en ese sentido el acuerdo de operación del Lago Laja, firmado a fines del año pasado, es un importante precedente.
No podemos repetir lo ocurrido en la modificación de 2005, que necesitó de muchos años y que fue en varios ámbitos incompleta. No hagamos esperar a Chile, avancemos en los aspectos en que sí estamos de acuerdo para tener una Ley de Aguas de 2018, que sea una base para los cambios del futuro.
