PAÍS
CDE demanda al senador Calisto y busca recuperar más de $131 millones para el Estado
El organismo presentó una acción civil contra el senador Miguel Ángel Calisto y otros imputados. Busca restituir $105,5 millones vinculados a supuestas asesorías no realizadas y otros $25,9 millones provenientes del Gobierno Regional de Aysén.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil de indemnización de perjuicios contra el senador independiente Miguel Ángel Calisto y otros imputados, con el objetivo de recuperar más de $131 millones que, según la acción, habrían sido obtenidos fraudulentamente desde el Congreso Nacional y el Gobierno Regional (Gore) de Aysén.
La ofensiva del organismo se suma a la acusación particular presentada en la causa y ocurre después de que, el 25 de junio, la Fiscalía acusara al parlamentario y solicitara nuevamente su desafuero. La investigación fue reabierta recientemente por el Juzgado de Garantía de Coyhaique.
La principal partida reclamada asciende a $105.554.697. De acuerdo con la demanda, entre el 2018 y el 2022 Calisto se habría concertado con Roland Cárcamo y Carla Graf para acceder a recursos fiscales mediante la contratación de Graf como asesora parlamentaria del entonces diputado, pese a que, según sostiene el CDE, no habría realizado las funciones pactadas.
El escrito afirma que los contratos habrían operado como un mecanismo para obtener fondos del Fisco y que parte del dinero percibido habría beneficiado a Cárcamo, Calisto y otras personas vinculadas a la opositora Democracia Cristiana. Se trata de imputaciones formuladas por el CDE en una causa judicial en curso.
La acción también apunta a $25.970.000 provenientes del Gore de Aysén. Según el organismo, los imputados habrían accedido a esos recursos mediante tres proyectos adjudicados a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud de la región, los que no se habrían ejecutado pese a que los fondos fueron transferidos.
Con ambas partidas, el CDE busca recuperar para el Estado más de $131 millones, mientras avanzan las acciones penales y civiles destinadas a determinar eventuales responsabilidades en los hechos investigados.
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