Opinión
Hace casi exactamente 16 meses el Consejo Nacional para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, conformado por 24 líderes de la sociedad civil chilena a instancias de la presidenta Bachelet, entregó su informe de consenso. En él se hacían propuestas de fortalecimiento de la participación, de reforma a la Ley 20.500 y de medidas inmediatas, que no requerían cambios legales. El gobierno anterior avanzó en algunas de estas últimas y elaboró un proyecto de reforma a la ley, aunque no lo presentó al Congreso Nacional. Entregó al Consejo una respuesta oficial del avance logrado, lo cual transmitió a las autoridades entrantes. Urge que las nuevas autoridades, a un par de meses de su asunción, retomen el diálogo con la sociedad civil para impulsar estas propuestas.
Entre las medidas inmediatas se puede avanzar rápido en implementar la Norma Modelo de Participación para los órganos de la administración, en trámite de toma de razón en Contraloría; implementar las mejoras en el Registro Nacional de Personas Sin Fines de Lucro, radicado en el Registro Civil, para lo cual se incluyó una partida en el presupuesto 2018; estandarizar procesos en los fondos concursables ya identificados y analizados que transfieren recursos a las organizaciones sociales y potenciar el portal único para democratizar información relevante.
[cita tipo=»desmarque»]La entidad estatal que puede dirigir estos esfuerzos es la Subsecretaría General de Gobierno, unificando sus dependencias y coordinando sus recursos. Es fundamental que no persista la irrelevancia de la División de Organizaciones Sociales y menos aun que regrese a sus tradicionales prácticas clientelistas.[/cita]
En el campo normativo son tres las leyes que se deben abordar: la reforma a la 20.500 para hacerla eficaz (recursos, obligatoriedad, sanción, institucionalidad); la reforma a la Ley de Juntas de Vecinos a 50 años de su promulgación para revitalizar el poder vecinal y la Ley de Voluntariado, largamente esperada por las organizaciones del sector.
La entidad estatal que puede dirigir estos esfuerzos es la Subsecretaría General de Gobierno, unificando sus dependencias y coordinando sus recursos. Es fundamental que no persista la irrelevancia de la División de Organizaciones Sociales y menos aun que regrese a sus tradicionales prácticas clientelistas.
Pero hay mas: el Consejo propuso garantizar constitucionalmente el derecho a la participación y establecer algunas instituciones de democracia directa como la iniciativa popular de ley, la revocatoria de mandato y leyes y ampliar la posibilidad de realizar plebiscitos, en el campo local y nacional. Tanto estas materias como las anteriores solo avanzarán si la propia sociedad civil organizada toma el protagonismo en su promoción y defensa. Aquí existe el desafío pendiente de coordinar esfuerzos entre las redes y asociaciones para contar con una plataforma pro participación unificada, que realice la interlocución con las autoridades con independencia y pluralidad, como lo hizo el Consejo durante la etapa anterior.
