Opinión
Acaba de finalizar la reunión preparatoria de la trascendente conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que será celebrada en diciembre próximo en Katovice, Polonia. En la oportunidad, se deberá acordar “el libro de reglas” para aplicar las decisiones que comprenden el Acuerdo de París, instrumento que ha sido valorado, casi sin excepciones, como el que permitirá, por fin, coordinar con efectividad las acciones de los países del mundo en su lucha contra las causas y los impactos de este problema con intervención humana que nos golpean duramente cada día tanto con mayor frecuencia como magnitud.
Como correlato a esto avances internacionales en la materia, es necesario resaltar el pronto inicio de la discusión ciudadana sobre un proyecto de Ley sobre Cambio Climático para nuestro país. Si hace unos 25 años sentía que la audiencia me miraba con las desconfianzas propias que surgían de escuchar a “un profeta de (esta vez) malas nuevas”, ahora las expresiones del cambio del sistema climático global emergen con claridad por sobre “el ruido de la variabilidad climática”, en palabras de los científicos expertos, y las reacciones ante ellas también son más activas, incluyéndonos nosotros.
Reconociendo los significativos avances que ha habido en el país en la comprensión de lo importante que serán estos impactos y el de las tareas requeridas para intentar mantenerlo bajo control – evidenciado en los crecientes mayores espacios que el tema ocupa en las agendas científicas de universidades, municipios, ONG, mundo empresarial y ciudadanía-, persiste en mi opinión la existencia de un déficit de entendimiento político sobre el tema que, de no ser superado, puede afectar la efectividad de los instrumentos y las medidas que se pueden proponer para abordarlo.
El actual cambio climático tiene sus causas, principalmente, en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) resultante de la quema de los combustibles que han alimentado, predominantemente, las tecnologías sobre las que descansan las economías del mundo en los últimos 200 años y que explican alrededor del 90% de su PIB global. No solo eso. Es la apropiación de estas tecnologías por algunos, las dinámicas de sus despliegues transfronterizos y las localizaciones geográficas de las fuentes energéticas que le dan soporte las que han ido conformado el orden tanto económico como geopolítico planetario en que vivimos y la consecuente aparición y consolidación de las superpotencias que lo dominan actualmente.
[cita tipo=»destaque»]Enfrentar la mediación de las causas y los efectos de esta alteración del sistema climático que nos acompañará por décadas, requiere que esas tareas sean parte integral del cómo nos proponemos crecer como nación en términos económicos en los años futuros. Y aquí está el gran desafío. Para ello requerimos tener una visión, aunque sea difusa, del país que desearíamos construir con una temporalidad que al menos alcance a la mitad de siglo y que integre las condicionalidades que impone en esa labor un accionar en “los tiempos del cambio climático”. Mas aún, sin olvidar que estas restricciones son solo algunas de las que se desprenden de los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable y que, reconocidas por la ONU, son las primeras que considerar si se desea dar sustento de largo aliento al desarrollo económico de las naciones “sin dejar a nadie atrás”.[/cita]
Realizar un recambio tecnológico global que reduzca aceleradamente estas emisiones de GEI capaz de estabilizar la concentración de estos gases en la atmósfera en niveles que impidan que el aumento de la temperatura media global sobrepase los 2° Celsius con respecto a la existente a mediados del siglo XIX, sin perturbar este orden geopolítico y económico, es la tarea actual, acordada en París hace casi tres años y de la cual, a diferencia de otrora, somos parte con deberes y obligaciones a partir del 2020.
Pero esta transformación tecnológica global contra reloj constituye también un gran desafío porque, aunque esas tecnologías de reemplazo existen, y también los recursos financieros internacionales para hacerlo, es necesario conciliar estos procesos con las demandas de desarrollo económico de las naciones, particularmente urgentes en algunas de ellas y con aún muchos trabajos pendientes, y nosotros tenemos varios.
Por otra parte, aunque vivamos el escenario más optimista para completar esta refundación tecnológica de la economía mundial, la alteración del sistema climático que habrá ocurrido hasta esa fecha incidirá con fuerza en el desempeño de las economías de las naciones imponiéndoles importantes readecuaciones y grandes fuentes de gastos, principalmente en los sectores agrícolas, salud, vivienda y obras públicas, para tratar de reparar las consecuencias e incrementar la resiliencia a estos nuevos escenarios climáticos.
No es extraño entonces que las naciones industrializadas hayan siempre abordado la solución de este problema no con una mirada ambiental, sino como una principalmente económica y poniéndolo por tanto en el marco de la protección de sus intereses particulares. Esa es la racionalidad que impera en el foro internacional donde se conversa este asunto: la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. Desafortunadamente, hasta la fecha, solo un puñado de naciones en desarrollo, China, Brasil, India, México, Sudáfrica y Arabia Saudita, economías con grandes emisiones de GEI, nuevos actores de la economía global y principales afectados por el recambio tecnológico requerido, entendieron desde el inicio el real alcance de las conversaciones y actúan en consecuencia.
Enfrentar la mediación de las causas y los efectos de esta alteración del sistema climático que nos acompañará por décadas, requiere que esas tareas sean parte integral del cómo nos proponemos crecer como nación en términos económicos en los años futuros. Y aquí está el gran desafío. Para ello requerimos tener una visión, aunque sea difusa, del país que desearíamos construir con una temporalidad que al menos alcance a la mitad de siglo y que integre las condicionalidades que impone en esa labor un accionar en “los tiempos del cambio climático”. Mas aún, sin olvidar que estas restricciones son solo algunas de las que se desprenden de los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable y que, reconocidas por la ONU, son las primeras que considerar si se desea dar sustento de largo aliento al desarrollo económico de las naciones “sin dejar a nadie atrás”.
¿Es mucho pedir? No es una contienda fácil, en absoluto. Pero si la queremos acometer no partimos de cero: contamos con una experiencia nacional ejemplificadora. Una Visión 2050 para el sector de Energía de nuestro país que fue construida entre todos los actores nacionales involucrados por medio de un proceso participativo que sustenta su credibilidad y vigencia temporal. La tarea es ahora mucho más ambiciosa. Se trata de ampliar la convocatoria para una discusión país sobre cómo desearíamos vernos en 30 años considerando más dimensiones del bienestar ciudadano.
La salida: para que esto sea posible hay que comenzar con una acción no menor, cual es romper con la compartimentalización tradicional de las preocupaciones sectoriales. Exigencia de suma importancia para emprender reflexiones integradoras de todas las dimensiones del desarrollo sustentable. Por consiguiente, este llamado empeñoso, en mi opinión, debería iniciarse con la instalación de una mesa de trabajo interministerial permanente, convocada y presidida directamente por la Secretaria General de la Presidencia y con una participación prominente y de alto nivel de los ministerios que conducen el desarrollo económico del país.
De un ejercicio integrador de las proyecciones sectoriales en el marco de esta instancia debería surgir las primeras visiones de ese futuro, las que deben ser enriquecidas y extendidas en su proyección en el tiempo con la incorporación activa de las opiniones que al respecto puedan tener centros universitarios, académicos, empresariales y políticos y de la sociedad civil en la búsqueda de los consensos aspiracionales que puedan perfilar esa hoja de ruta indicativa.
Un proceder así, además, tendría otro valor, porque el ejercicio propuesto es de largo aliento y estamos apurados. Nuestro país ha comprometido ante la comunidad internacional conductas en término de las emisiones de GEI de nuestra economía con “fecha de vencimiento” el 2020 y el 2030, junto con anunciar una trayectoria de ellas hasta el 2050 también para el 2020. Los primeros resultados de este pensamiento integrador podría permitir la identificación de las políticas públicas a implementar, la estimación de los recursos financieros requeridos y, entonces, identificar las materias que podrían requerir la promulgación de una Ley para dar curso a esa estrategia. Esto permitiría poner la carreta en su lugar.
Y, además, por lo anteriormente dicho, sugeriría cambiar también la denominación proyecto de Ley de Cambio Climático a este ejercicio legislativo que debería acompañar a estas reflexiones sobre nuestro futuro, por no capturarse con ese título todas “las aristas” del desarrollo sustentable, lo fundamental que nos debieran preocupar y ocupar.
