Diputada Fries fija línea roja: acusa al Gobierno de usar reformas para esquivar al TC
La diputada FA aseguró que las oposiciones respaldarán parte de la ACOT, pero advirtió una “primera línea roja”: recurrir a reformas constitucionales para evitar el control del TC. A su juicio, esto apunta a un “rediseño institucional” que concentra poder en el Ejecutivo.
La oposición puede mostrar diferencias frente a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), pero existe un punto que podría terminar alineando a sus distintas bancadas: el uso de reformas constitucionales por parte del Gobierno para impulsar cambios que, según advierte la diputada Lorena Fríes (FA), quedarían fuera del control del Tribunal Constitucional.
En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, la parlamentaria aseguró que existe coordinación entre las fuerzas opositoras para definir sus posiciones ante los más de 30 proyectos y la reforma constitucional que contempla la agenda de seguridad del Ejecutivo.
“Yo creo que, a pesar de todo lo que se dice, no, no estamos desunidos. De hecho, hay mucho trabajo entre las bancadas para fijar las líneas rojas que tiene cada partido y realmente yo tengo la impresión de que van a haber algunas diferencias, pero que en lo medular vamos a estar de acuerdo”, sostuvo.
Fríes anticipó que la oposición no adoptará una posición de rechazo general a la agenda. Por el contrario, identificó varias iniciativas que podrían contar con un respaldo transversal.
“Hay un conjunto de leyes que todavía se están tramitando y algunas nuevas que entran que seguramente van a tener el apoyo de toda la oposición”, afirmó.
Entre ellas mencionó la Agencia de Decomiso, la regulación legal de la segmentación penitenciaria y el proyecto que aumenta el plazo de flagrancia. Sobre las mayores restricciones asociadas a la segregación de determinados internos, señaló: “Yo creo que en eso no hay problema”.
El escenario cambia, según la diputada, cuando la discusión llega al nuevo rol que el Ejecutivo busca entregar a las Fuerzas Armadas, el estado de excepción para barrios críticos y medidas como la interceptación de comunicaciones. “Ahí está el nudo”, afirmó.
Pero Fríes añadió otro elemento que, a su juicio, trasciende las disposiciones particulares de la ACOT: lo que calificó como un “modus operandi de acudir a reformas constitucionales para saltarse el TC”.
“Porque el Gobierno ha decidido que para no pasar por el Tribunal Constitucional empieza a hacer reformas constitucionales y eso apunta a un rediseño institucional”, sostuvo la abogada y exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
A juicio de la parlamentaria, ese eventual rediseño tendría consecuencias sobre el equilibrio entre las instituciones. Lo describió como “un rediseño donde se concentran poderes en el Ejecutivo, donde se busca debilitar las salvaguardas como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y donde se aumenta la discrecionalidad a costa de garantías fundamentales”.
Sus cuestionamientos se producen mientras el Tribunal Constitucional analiza los requerimientos presentados en torno a disposiciones de la megarreforma y, paralelamente, el Ejecutivo busca avanzar con su nueva agenda de seguridad.
Para Fríes, recurrir al rango constitucional tiene un efecto particularmente problemático sobre los contrapesos institucionales: “Ese paraguas de reforma constitucional impide que haya control constitucional respecto de las medidas que se toman”.
Y marcó ahí el límite que, según anticipó, compartirían las distintas fuerzas opositoras: “Esa es la primera línea roja para toda la oposición”.
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