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La colombianización del conflicto en La Araucanía

por 29 junio, 2018

La colombianización del conflicto en La Araucanía
De acuerdo al general director de Carabineros, Hermes Soto, las razones para entrenarse en Colombia se asocian con la experticia de dicha policía en el combate a organizaciones criminales. La ironía de todo esto es que, si hay una lección que podemos aprender del caso colombiano, es la relevancia de la negociación política –y no la eficacia del aparato de seguridad– para encontrar una resolución al conflicto. El Comando Jungla colombiano tal vez ayudará a los uniformados chilenos a mejorar su puntería en sus cursos para “tiradores de alta precisión” o de “demoliciones con explosivos”, pero difícilmente les ayudarán a resolver un conflicto que claramente no es militar.

Carabineros de Chile decidió establecer una nueva unidad que denominó “Comando Jungla”, para enfrentar la violencia rural en La Araucanía. De acuerdo a informaciones oficiales se trata de 40 efectivos que recibieron su entrenamiento a cargo de una unidad especial de la Policía Nacional colombiana que, no por coincidencia, lleva el mismo nombre.

De acuerdo al general director de Carabineros, Hermes Soto, las razones para entrenarse en Colombia se asocian con la experticia de dicha policía en el combate a organizaciones criminales y las características del terreno de la selva colombiana, que “son relativamente parecidas a algunos sectores de la zona sur del país” (La Tercera, 16 junio, 2018).

Se trata de una decisión política trascendente, por cuanto se asimila el conflicto colombiano a lo que sucede en La Araucanía. El asunto involucra al menos tres dimensiones que debiesen tomarse con seriedad.

Primero, Carabineros de Chile optó por recibir un entrenamiento de un comando especializado en lucha antinarcóticos. El Comando Jungla colombiano fue creado en 1989 con apoyo de una unidad de comando especial de Gran Bretaña (SAS), con el objetivo de organizar operaciones de interdicción de drogas y todo aquello relacionado con el control del crimen organizado. Luego, Estados Unidos apoyó el desarrollo de aquella unidad, particularmente en lo concerniente a apoyar el entrenamiento de fuerzas dentro y fuera de Colombia. El Comando Jungla se involucró activamente en el entrenamiento de varias decenas de fuerzas policiales en Centroamérica, Sudamérica, México y África, involucrando varios miles de uniformados en el mundo. De acuerdo a la información oficial de la policía colombiana, el grupo Comando Jungla “es una unidad de operaciones especiales altamente constituidos y entrenados, encargados de planear y ejecutar operaciones contra el narcotráfico, objetivos de valor, bandas criminales y organizaciones al margen de la ley según las normas contempladas en el derecho internacional humanitario y derechos humanos” (www.policia.gov.co).

La primera interrogante que surge es si resulta equivalente un entrenamiento asociado al control del narcotráfico con lo que se vive en la actualidad en algunas localidades de La Araucanía. Simbólicamente, la exportación del nombre “Comando Jungla” desde Colombia hacia Chile parece indicar que existiría un símil entre ambos países. El general director de Carabineros al menos parece creerlo así. Sin embargo, para cualquier observador es evidente que la naturaleza del conflicto colombiano no es equiparable a lo que se vive en la Región de La Araucanía ni respecto de las condiciones geográficas, climáticas, sociales, culturales, ni menos de seguridad. El riesgo que se corre a través de esta política es “importar” tácticas y técnicas que en nada se parecen o son útiles para resolver el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

Así, la primera interrogante que surge es si resulta equivalente un entrenamiento asociado al control del narcotráfico con lo que se vive en la actualidad en algunas localidades de La Araucanía. Simbólicamente, la exportación del nombre “Comando Jungla” desde Colombia hacia Chile parece indicar que existiría un símil entre ambos países. El general director de Carabineros al menos parece creerlo así. Sin embargo, para cualquier observador es evidente que la naturaleza del conflicto colombiano no es equiparable a lo que se vive en la Región de La Araucanía ni respecto de las condiciones geográficas, climáticas, sociales, culturales, ni menos de seguridad. El riesgo que se corre a través de esta política es “importar” tácticas y técnicas que en nada se parecen o son útiles para resolver el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

Una segunda dimensión, todavía más compleja, se refiere a la institución con la que se decide establecer un convenio de cooperación: la Policía Nacional de Colombia. El informe de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU. (2017) –una institución que no podríamos asociar con la izquierda–, señala casos de arrestos ilegales, uso excesivo de la fuerza, asesinatos extrajudiciales y sentencias judiciales por tortura por parte de la Policía Nacional Colombiana en años recientes.

A lo anterior se suman escándalos por corrupción por parte de dicha policía. Por ejemplo, hacia fines de 2014, cerca de 8 mil efectivos eran investigados por irregularidades y, en mayo de 2016, la policía informó de la salida de más de 1.400 policías involucrados en casos de corrupción asociadas a tráfico de drogas y vínculo con redes de prostitución, entre otros. Hace menos de un mes, el presidente colombiano daba cuenta de que entre 2016-2018 se tomaron más de 10 mil medidas disciplinarias en la policía, lo que implicó la destitución de poco más de 2 mil miembros (Caracol, 7 junio, 2018). El GAN Business report, que da recomendaciones para inversionistas en el mundo, sugiere respecto de Colombia que “existen riesgos moderados de corrupción en los aparatos de seguridad. La impunidad en la policía es un problema en Colombia, pese a las mejoras que se han realizado en la investigación de los abusos de la policía” (www.business-anti-corruption.com).

Una tercera dimensión se refiere al tipo de entrenamiento que reciben y hasta qué punto se abordan aspectos sustantivos relativos al derecho internacional de los derechos humanos y humanitario. Adam Isacson (Washington Office for Latin America) planteaba hace poco más de una década las siguientes preguntas vinculadas a esta exportación no tradicional colombiana: ¿qué se les enseña a los uniformados en el Comando Jungla? ¿Qué instrucción en derechos humanos realizan los entrenadores colombianos? ¿Cómo se garantiza el rigor en la protección de derechos humanos que la policía colombiana declara defender? ¿Quiénes ofrecen los cursos y bajo qué estándares los imparten? (Adam Isacson, Colombia, un exportador de seguridad al continente. La Silla Vacía, 18 febrero, 2013).

El récord histórico de violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad de Colombia en realidad en nada nos asegura una respuesta convincente a las preguntas planteadas.

Con todo, valdría la pena que instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara y del Senado, se abrieran a un escrutinio mayor respecto de la peligrosa senda que está tomando la política de seguridad en La Araucanía. Importar el modelo de seguridad de Colombia basados en entrenamientos de parte de fuerzas archicuestionadas, resulta como mínimo discutible. Todavía más cuestionable es la asimilación que las autoridades públicas están realizando entre el caso de Colombia y la situación que se vive en algunas localidades del sur de Chile.

La ironía de todo esto que es si hay una lección que podemos aprender del caso colombiano, es la relevancia de la negociación política –y no la eficacia del aparato de seguridad– para encontrar una resolución al conflicto. El Comando Jungla colombiano tal vez ayudará a los uniformados chilenos a mejorar su puntería en sus cursos para “tiradores de alta precisión” o de “demoliciones con explosivos”, pero difícilmente les ayudarán a resolver un conflicto que claramente no es militar.

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