PAÍS
Agencia Uno
Otro problema para Poduje: querella revela informes sin “graves fallas” en El Olivar
Documentos usados para paralizar obras en El Olivar no mencionarían “graves fallas constructivas”, pese a que así lo afirmó una resolución del Minvu. Funcionarios denuncian presiones y preparan querella contra Iván Poduje.
La decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de paralizar las obras de reconstrucción en El Olivar, en Viña del Mar, abrió un nuevo flanco para el ministro Iván Poduje, luego de que surgieran cuestionamientos a los informes técnicos utilizados como fundamento de la medida.
La controversia se originó tras la Resolución Exenta N°3384, emitida a comienzos de abril, en la que el Minvu justificó la paralización y término de contratos aludiendo a “graves fallas constructivas” detectadas por Fiscalizadores Técnicos de Obras (FTO).
Sin embargo, según antecedentes revelados por Radio Bío Bío, los informes citados en la resolución no contienen referencias a fallas estructurales graves y solo consignan que el ministro instruyó detener el proyecto.
Los documentos, además, tendrían menos de dos páginas y serían prácticamente idénticos entre sí.
Estos antecedentes forman parte de una querella penal que será presentada contra Poduje y quienes resulten responsables, por delitos de prevaricación administrativa, falsificación ideológica de instrumento público, fraude al fisco e incumplimiento de contrato.
La acción judicial será ingresada por la abogada Erika Maira Bravo, en representación de Social Arquitectura, entidad patrocinante que actuó como intermediaria entre propietarios y la constructora San Sebastián.
Funcionarios del Minvu consultados por el medio y bajo reserva de identidad, aseguraron que los informes fueron firmados bajo presión de superiores jerárquicos y que se les habría advertido que negarse a hacerlo podía afectar su continuidad laboral.
Según esos testimonios, el compromiso inicial era modificar o dejar sin efecto la resolución para eliminar la frase relativa a las “graves fallas constructivas”, lo que finalmente no habría ocurrido.
Los funcionarios también afirmaron que los documentos fueron firmados el 13 de abril, cuatro días después de emitida la resolución que ya los citaba como respaldo técnico.
Además, indicaron que, según las revisiones realizadas, las viviendas podían ser reparadas y no necesariamente demolidas.
Respuesta del Minvu
Desde el Ministerio de Vivienda rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad de la decisión adoptada por la cartera. El Minvu sostuvo que la paralización de las obras se sustentó en informes técnicos elaborados por la DITEC y el IDIEM, organismo dependiente de la Universidad de Chile.
Según la cartera, uno de los informes concluyó que las viviendas presentaban “insuficiencias estructurales en cuanto a resistencia y deformaciones” y que el proyecto “no cumple la normativa sismorresistente vigente”.
La repartición agregó que permitir la continuidad de las obras “significa consolidar soluciones habitacionales defectuosas y exponer a las familias a riesgos incompatibles con el deber de resguardo que le corresponde al Minvu y al Estado de Chile”.
Respecto a las denuncias de presiones a funcionarios, el ministerio afirmó que “no existen antecedentes que permitan sostener esos trascendidos” y aseguró que actualmente se desarrolla un sumario administrativo para esclarecer las irregularidades detectadas durante el proceso de reconstrucción.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.
