En entrevista con El Mostrador.cl, Patricio Ortiz sostuvo que la decisión del gobierno helvético cuestiona la validez de la democracia chilena, pues no garantiza un debido proceso para los acusados de delitos políticos. Estima que este sería un »muy buen antecedente» para que la justicia argentina dé su última palabra en el juicio de extradición de Galvarino Apablaza.
Satisfecho y contento se manifestó el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Patricio Ortiz Montenegro, a raíz de la notificación que recibió por parte del gobierno suizo respecto a su nueva calidad de asilado político en ese país, situación que estaba pendiente desde 1997 a raíz de la solicitud de extradición hacia Chile que pesaba en su contra.
En conversación con El Mostrador.cl desde Suiza, el ex activista político explicó que la resolución que le otorgó su residencia definitiva en ese país fue adoptada por la Comisión de Recursos de Asilo del país helvético, ante la solicitud que junto a los abogados que lo representan interpuso ante las autoridades de esa nación.
Ortiz fue uno de los cuatro ex frentistas que el 30 de diciembre de 1996 se fugó desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), entre los que también se encontraban Mauricio Hernández Norambuena -detenido en Brasil-, y Ricardo Palma Salamanca, Pablo Muñoz Hoffmann -presumiblemente asilados en Cuba.
En dicho penal, había cumplido seis de los 20 años de condena por el delito de maltrato de obra a carabineros con resultado de muerte. Junto a ello, Ortiz ya había cumplido tres años de reclusión por infracción a la Ley de Armas y Explosivos.
En 1997 fue detenido por las autoridades suizas y, ante las solicitudes de extradición emanadas desde las justicias ordinaria y militar de Chile, el gobierno de esa nación europea sólo le había concedido una calidad de asilado político en forma transitoria.
Sin embargo, este nuevo pronunciamiento deberá ser acatado por el Departamento Federal para refugiados, que deberá extenderle un pasaporte especial para poder viajar a otros países que estén suscritos al Convenio de Refugiados Políticos, vigente desde 1953, con excepción de Chile.
Matriz política del FPMR
"El gobierno suizo ha reconocido mi calidad de ex activista de la izquierda revolucionaria, lo cual hecha por tierra los infundios dichos por las autoridades chilenas en relación a que era un terrorista o delincuente que tenía que ser condenado en Chile", asegura.
En esa medida, afirmó que dentro del territorio nacional nunca tuvo derecho a un juicio justo, con cumplimiento de las garantías de un debido proceso, asegurando que él no tiene responsabilidad en los hechos por los cuales fue condenado.
"Significa un reconocimiento de la matriz política de lo que fue el FPMR como movimiento político que luchó por derrocar a la dictadura y no como una organización de carácter delictual y terrorista, como siempre se ha querido hacer ver", añadió.
Asimismo, recordó que en 1992 su hermano Pedro Ortiz Montenegro fue asesinado al intentar fugarse de la ex Penitenciaría de Santiago, junto a otros dos integrantes del FPMR, por lo que "en plena democracia o supuesta democracia, en Chile no se respetó la vida de los presos políticos".
Antecedente favorable para Salvador
Ortiz consideró que en Chile aún no existe un sistema plenamente democrático, ya que -a su juicio- varias de las instituciones del país y, en especial la justicia, obedecen a los intereses de los poderes fácticos que manejan el poder económico.
"Este es un sistema heredado de la dictadura, más que una transición a la democracia los tres gobiernos de la Concertación han sido una transacción por lograr una democracia light, ya que ahí aún no hay garantías reales para las personas acusadas de crímenes políticos", enfatizó.
En ese sentido, el ex frentista recordó que aún cuando en la solicitud de extradición emanada de la justicia civil chilena se dio seguridad acerca de que su caso sería resuelto por esta magistratura, la justicia militar también se hizo parte del pedido, con lo cual dejó claro que esa garantía no se cumpliría.
Frente a ello sostuvo que "luego de un acucioso análisis de mi caso, el gobierno suizo me dio la razón y constató que en Chile no hay instituciones que velen por un juicio justo, con lo cual dejó en un muy mal pie al Estado chileno, ya que su sistema democrático no da garantías".
Por ello, Patricio Ortiz estimó que este es un "muy buen antecedente" para que la justicia argentina dé su última palabra en el juicio de extradición de Galvarino Apablaza, el comandante Salvador, quien está imputado de ser el autor intelectual del asesinato del senador gremialista Jaime Guzmán y en el secuestro del empresario periodístico Cristián Edwards.
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