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El origen está en el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército

La trama de los venenos tras la muerte de Frei Montalva

por 9 diciembre 2009

La trama de los venenos tras la muerte de Frei Montalva
El mismo día en que el ministro Alejandro Madrid procesó a seis personas por el homicidio del ex mandatario, pero hace 28 años, cuatro miristas caían intoxicados con botulismo en la ex Cárcel Pública. Este guiño a la historia marca el inicio de la fabricación de agentes tóxicos por parte del Ejército para deshacerse de los indeseables para la dictadura.

El 7 de diciembre de 1981, varios miristas presos en la Cárcel Pública, se envenenaron misteriosamente con botulismo, pero lograron salvar la vida gracias a las presiones de organismos de Derechos Humanos y la ayuda internacional que envío los antídotos. Otros reos comunes que compartían la celda, sin embargo, no tuvieron la misma suerte.

Y como si se tratara de una cábala, el ministro Alejandro Madrid, dictó en la misma fecha, pero 28 años más tarde, el auto de procesamiento en contra de seis personas como responsables, en distintas calidades, por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

El vínculo entre ambos casos es el veneno. Y el guiño de Madrid es claro en este sentido. Lo anterior, debido a que en la resolución de este lunes se estableció que si bien Frei murió por un shock séptico luego de varias operaciones al estómago en la Clínica Santa María, la debilidad que presentó ante la enfermedad se debió a que le inocularon, al menos durante tres meses antes, gas mostaza y talio.

Pero la producción de venenos tiene su origen desde mediados de la década del 70 en un laboratorio de la Dina de calle Vía Naranja en Lo Curro, donde trabajaba el químico Eugenio Berríos, quien fue asesinado en Uruguay en 1993, cuyo proceso también lo lleva Madrid y del que se espera condena prontamente.

Allí se produjo el gas sarín con el que se intentó asesinar a Orlando Letelier en Washington, aunque finalmente se prefirió una bomba que lo hizo volar por los aires en 1976.

La DINA se terminó en 1977 y su sucesora fue la CNI, pero gran parte de las toxinas y la expertiz fueron retomados por el Ejército, en algunos casos con fines estratégicos ante un eventual conflicto con los vecinos y otros con el objeto de deshacerse de los indeseables para el régimen.

El link con el caso Frei comenzó originalmente el 13 de octubre de 2000, cuando el entonces subsecretario del Interior, el DC Jorge Burgos, recibió al entonces director de Investigaciones, Nelson Mery. Días antes la senadora Carmen Frei, en el hemiciclo del Senado, había manifestado las dudas que mantenía sobre la muerte de su padre y planteó que detrás de la misma estaba la acción de terceros ligados a los organismos de seguridad de la dictadura.

De esa reunión emanó una orden para que los detectives Nelson Jofré y Rafael Castillo, concurrieran al Instituto de Salud Pública -otrora llamado Bacteriológico- para entrevistar a una serie de especialistas, algunos de ellos que fueron compañeros de universidad con Berríos.

El documento que emanó de esa diligencia -que luego fue integrada al expediente que hoy lleva Madrid-, contiene uno de los pasajes más oscuros de nuestra historia reciente.

El informe, que fue publicado en 2002 en el libro Crimen Imperfecto, escrito por el autor de esta nota, reveló la existencia de la toxina botulínica, que el propio ISP trajo a Chile por orden del doctor Eduardo Arriagada Rehren, director del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, recinto que funcionaba en Carmen 339, actual sede del Archivo Judicial.

Esta última fue trabajada gracias a un liofilizador que fue sacado el ISP para estos efectos, instrumento que permite transformar en polvo a través de un alto vacío, como el caso de las sopas en polvo.

Durante la investigación fueron descubriéndose varios hechos al menos misteriosos. El expediente que se había iniciado por la muerte de los reos comunes en la Cárcel Pública y miristas Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales y Adalberto Muñoz Jara, se había quemado en un incendio que afectó al entonces Tercer Juzgado del Crimen de Santiago. También que el respirador mecánico al que mantenían con vida se había incendiado en la Posta Central sin explicación aparente.

También el doctor y uno de los líderes de la Colonia Dignidad, Hartmutt Hopp, iba regularmente al ISP a buscar ratones de laboratorio para realizar sus experimentos.

Todo apuntaba a un hecho coordinado para asesinar a los miristas y, al mismo tiempo, probar los efectos de la toxina.

Este engarce es lo que viene en el caso Frei, debido a que otros militares y civiles son los nexos necesarios para la muerte del ex mandatario.

Who is who

Al analizar el auto de procesamiento que dictó el juez Madrid este lunes es posible observar las responsabilidades de cada uno de los encausados.

Raúl Lillo Gutiérrez: ex agente de la CNI, miembro de la Brigada Político Sindical que espiaba a la DC. Este militar (R) del Ejército fue quien reclutó a Luis Becerra, precisamente el chofer de Frei, también procesado en la causa, al igual que el primero en calidad de autor del homicidio.

Otro imputado como autor es el doctor Patricio Silva, ex subsecretario de Salud, quien estuvo en el grupo médico que operó a Frei. Este profesional, en sus distintas declaraciones cayó en diversas contradicciones, una de ellas haber negado la aplicación de un medicamento llamado “Transfer Factor”, que ayudó al agravamiento del ex mandatario.

En calidad de cómplice está el doctor Pedro Valdivia, quien laboró en la clínica London de la DINA y después en la CNI. Al mismo tiempo, también está encausado en el proceso, que también lleva Madrid, referido al homicidio del ex agente Manuel Leyton Robles. Básicamente, Valdivia negó haber estado a cargo del cuerpo de Frei antes de ser entregado para la autopsia, señalando que no estaba en la clínica aquel 22 de enero de 1982, sino con sus familiares fuera de Santiago.

Sin embargo, el ministro halló una testigo que aseguró que la operó y él mismo la dio de alta en la fecha señalada.

Por último, en calidad de encubridores, están los patólogos de la UC Helmar Rosenberg y Sergio González. Su participación en el caso consistió en realizar la cuestionada autopsia a Frei. La misma que estuvo escondida durante 20 años en el archivo de esa casa de estudios bajo el rotulo NN.

Cuando el ministro la encontró, incluso había sido adulterada.

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