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La soterrada molestia que recorre a la derecha por nombramientos de Piñera

Claudia Rivas Arenas
Por : Claudia Rivas Arenas Periodista de El Mostrador @crivasa
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La obsesión del Presidente por mostrar independencia de los partidos a la hora de designar a las autoridades de su administración está generando inquietud en el sector. A pesar de los esfuerzos de las colectividades que le dan plataforma política al mandatario para revertir la metodología utilizada para nombrar al gabinete, la situación de ministros y subsecretarios se repite en los cargos regionales.


No son pocos los dirigentes de la derecha que pese a compartir plenamente las críticas de Andrés Allamand al primer gabinete de Sebastián Piñera, tras su presentación en sociedad la segunda semana de febrero, estimaron que el senador de RN actuó de manera “políticamente incorrecta”. En el sector se han propuesto evitar la crítica pública hacia el Presidente y a sus equipos concientes de que ese tipo de reacciones no contribuye para nada a la imagen de “unidad y orden” que pretenden mostrarle al país. Sólo que las buenas intenciones han contribuido a que aumente el descontento respecto de las designaciones que siguieron al gabinete y en las que los partidos han tenido poca o ninguna injerencia.

Allamand generó polémica con sus dichos, que se atribuyen al hecho de no haber sido designado ministro, lo que fue refrendado por el propio timonel de RN días después al afirmar que el parlamentario “está bastante descontento con la forma en que se ha designado el gabinete, y muy descontento por el hecho de que a él no lo nombraron canciller, pero francamente, la postura de él no tuvo aceptación general y, del mismo modo, supongo, tendría que estar enojado el señor Longueira”.

Pero en la derecha se intentó bajarle el perfil al tema y, posteriormente, el propio senador relativizó sus dichos en relación al peso político del equipo ministerial. En una entrevista concedida a El Mercurio, afirmó que “voy a apoyar el gabinete con toda la fuerza del mundo. Para criticarlo está la oposición. Y en cuanto al peso, los gabinetes son como los equipos de fútbol: hay que verlos en la cancha. A principio de temporada hay jugadores que se supone van a brillar y son un fiasco; hay otros a los que nadie considera y terminan de titulares indiscutidos”. Palabras de buena crianza que no rompieron el hielo entre Allamand y Piñera, ya que este último admitió el pasado viernes en un programa de televisión que el parlamentario está molesto.

Las primeras declaraciones de Allamand responden a una reacción visceral que si bien disgustó a muchos de sus pares, también encendió las alarmas en el sector. No por nada, antes de los primeros nombramientos el propio Carlos Larraín había advertido que el gabinete debería tener un equilibrio entre técnicos y políticos, cosa que a juicio de muchos dirigentes no existió. El problema es que los partidos que le dan la plataforma a Piñera para gobernar sienten que no han sido suficientemente considerados a la hora de elegir las figuras para integrar la nueva administración.

En Renovación, por ejemplo, estiman que sus socios de la UDI han resultado favorecidos con los nombramientos. Estos últimos, en cambio, se lamentan de que si bien se han designado figuras cercanas al partido o incluso militantes, no se han considerado nombres de las listas que se le han hecho llegar desde el partido a Piñera. La cuestión es que el peso de los partidos y su respectiva influencia no ha encontrado eco en las nominaciones. Situación que recae en los dirigentes de ambas colectividades, a quienes se les critica no haber hecho “suficiente presión” para hacerse escuchar por el mandatario.

Críticas en sordina

Para muestra un botón. Hasta el viernes 12, la Región de Los Lagos seguía acéfala, porque el gobierno aún no designaba al intendente. Sólo luego de que el diputado DC Gabriel Ascencio anunciara que había presentado un recurso de protección en contra de Piñera y de Rodrigo Hinzpeter ante la Corte de Apelaciones de Santiago para obligar a la nueva administración a concretar el nombramiento, éste se confirmó. Y recayó sobre el independiente cercano a la UDI Juan Sebastián Montes, lo que dejó muy molestos a sus socios de RN que pujaban desde hace semanas a favor del ex diputado y actual consejero regional Harry Jürgensen. Si bien es cierto con ello se contrarrestó la iniciativa de Ascencio, en RN la medida cayó pésimo.

Algo parecido, pero al revés, ocurrió en la UDI con la designación de la ex alcaldesa de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe, como intendente de la Octava Región. La nominación fue recibida con preocupación en el gremialismo. En la tienda estiman que con ello se están “comprando” más de algún problema. Tan cierto pueden llegar a ser esos temores que comenzaron a concretarse desde el momento en que la nueva autoridad, lejos de acomodarse al discurso de la derecha en orden a la necesidad de trabajar en conjunto con las autoridades salientes en esta situación de excepción, no dejaba de hacer duras críticas que sonaban fuera de contexto. Pero, como corresponde, oficialmente en el gremialismo manifestaron su satisfacción con la nominación.

Ahora la preocupación en la UDI y en RN está centrada en los gobernadores. Tema, entre otros, que fue abordado por los secretarios generales de ambos partidos, Víctor Pérez y Bruno Baranda, respectivamente, en una conversación sostenida el viernes recién pasado. El tema no es menor, ya que incluso en Renovación circula el rumor de que un senador está tan molesto por los nombramientos efectuados en su zona que ha amenazado con renunciar a la tienda.

Si bien en ambos partidos coinciden en que lo peor para el gobierno sería hacer públicas sus aprensiones, por lo que las críticas a la forma como se están realizando las designaciones se mantendrán en sordina, esto podría ser una bomba de tiempo. Dada la escasa injerencia de los partidos en los diferentes nombramientos, no sería raro que tampoco aceptaran hacerse cargo de las responsabilidades políticas que implicarían eventuales errores. Un riesgo que Piñera parece estar dispuesto a aceptar como un costo necesario para mantener su independencia de los partidos políticos.

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