Observando las solicitudes por ministerio, el más requerido es el Ministerio de Defensa Nacional que durante este primer año recibió 5.931 solicitudes de información, es decir, el 17,20% del total.
Al cumplirse un año de funcionamiento de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a Información Pública, los 278 servicios y organismos de la Administración Central del Estado que deben cumplir la normativa recibieron un total de 34.482 requerimientos de información.
La mayoría de las consultas recibidas corresponden a servicios u organismos relacionados con ministerios del área social (46,54%), seguidos por los ministerios económicos (32,23%) y finalmente por los ministerios políticos (21,22%).
Observando las solicitudes por ministerio, el más requerido es el Ministerio de Defensa Nacional que durante este primer año recibió 5.931 solicitudes de información, es decir, el 17,20% del total. Lo sigue el Ministerio del Trabajo y Previsión Social con 5.375 consultas (15,59%) y luego el Ministerio de Educación que recibió 3.502 solicitudes, lo que representa el 10,16%.
Las carteras menos consultadas son el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), que sólo recibieron 71 solicitudes de información pública cada uno durante este primer año de vigencia de la ley, es decir, el 0,21% del total.
Al desglosar los datos por servicio, Carabineros aparece como la institución más consultada con 4.560 solicitudes de información pública, lo que representa el 13,22% del total, seguida por la Dirección del Trabajo con 4.327 consultas (12,55%) y por la Subsecretaría de Educación con 3.044 requerimientos (8,83%). Los diez servicios y organismos con más solicitudes aportan el 59,34% del total de ingresos, es decir, 20.462 solicitudes.
Cada formulario, ya sea en versión papel o electrónica, tiene un apartado opcional que permite la recopilación de información demográfica del requirente y que incluye la región, edad, género, nacionalidad, nivel educacional, tipo de organización en la que participa y su ocupación. Como no es obligatorio responder estas preguntas, el análisis demográfico corresponde solamente a la descripción estadística de las preguntas efectivamente contestadas por quienes hacen una solicitud de información pública, por lo tanto, no es posible realizar inferencias estadísticamente válidas.
De hecho, solamente en 14.525 solicitudes se respondió al menos una de las preguntas opcionales realizadas.
Según los datos recibidos, la mayoría de los solicitantes es de la Región Metropolitana (50,58%).
En segundo lugar está la Región de la Araucanía con el 12,24% seguida por la Región de Valparaíso con un 8,68% de los consultantes. Los habitantes de la Región de Aysén son los que menos solicitudes de información pública han realizado durante este período, con sólo 128 consultas, lo que representa el 0,88% del total.
Al observar los datos por edad, el 46,51% tiene entre 30 y 49 años. En cuanto al género, la mayoría de los requirentes hasta la fecha son hombres (63,49%) y solamente el 3,02% de las consultas fueron hechas por personas que no tienen nacionalidad chilena.
Si se analizan los requirentes según su nivel de escolaridad, el 47,78% tiene educación universitaria. Desde el punto de vista de la ocupación de los solicitantes, el 22,02% son estudiantes, seguidos por los trabajadores asalariados con el 20,23% y luego por los trabajadores independientes, que alcanzan el 10,8% del total. Al ser consultados por el tipo de organización en la que participan, el 8,21% dice pertenecer a una organización sindical, el 7,61 a un club deportivo y el 6,92 a un colegio técnico o profesional.
La Ley de Acceso a Información Pública, vigente desde el 20 de abril de 2009, asegura el derecho de acceso a información pública de todas las personas, obligando a los organismos de la Administración del Estado a publicar determinados datos en sus páginas Web y a responder las solicitudes de información de la ciudadanía. También establece plazos de cumplimiento, formas de fiscalización y sanciones para su no cumplimiento, entre otros.
El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, destacó el primer año de la entrada en vigencia de la normativa y señaló que el Gobierno tiene una agenda legislativa en materias de probidad y transparencia que contempla una serie de propuestas.
