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Aplicación de Ley de Inteligencia para perseguirlos está en manos de la Corte

Desde Italia llegaron fondos para anarquistas chilenos autores de bombazos en Santiago

por 28 julio 2010

Desde Italia llegaron fondos para anarquistas chilenos autores de bombazos en Santiago
Dos jueces de garantía rechazaron aplicar el cuerpo legal para levantar el secreto bancario de un sujeto que recibió, al menos, $ 3,5 millones en su cuenta. El tribunal de alzada los inhabilitó mientras no se resuelva la recusación que les presentó el fiscal Alejandro Peña, a cargo de la investigación por los atentados. El hecho tiene un ingrediente político, ya que si el Poder Judicial rechaza el uso de la normativa, el gobierno los criticará públicamente y buscará acelerar una modificación a la norma.

En marzo pasado un agente de la Brigada de Inteligencia Policial de Investigaciones (BIP), recibió una información valiosa. Una de sus fuentes le reveló que un sujeto ligado a los grupos anarquistas que están detrás de la ola de bombazos -que desde 2005 aparecen cada cierto tiempo- recibía dinero desde el extranjero y, posiblemente, servía para financiar al movimiento en Chile.

El resto de los datos no tardaron en aparecer y fueron preocupantes. Se trataba de euros enviados desde Italia, donde el movimiento anarquista tiene una fuerte presencia y ha protagonizado varios atentados en el último tiempo.

En diciembre del año pasado, una agrupación autodenominada “Núcleo Mauricio Morales” (joven que murió en 2009 instalando una bomba en el centro de Santiago) reivindicó la instalación de un explosivo en la Universidad Bocconi de Milán, como también en otros puntos de ese país. El hecho se suma a otro ocurrido en la misma ciudad, donde resultó herido un empleado de correos con una carta bomba.

Caminos que se cruzan

El nexo entre los dos casos antes citados y Chile, no sólo son los más de $ 3,5 millones que detectó inteligencia policial en esta cuenta bancaria provenientes de Europa -al parecer no sería el único envío-, sino también la expulsión de una anarquista de la misma nacionalidad -Elisa Favazzo, alias “ADE”- ocurrida en enero de este año cuando hacía rayados en el centro de Santiago.

En los últimos meses, tanto Chahuán como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter han solicitado mayores atribuciones para perseguir a los autores de los bombazos, las que precisamente están en la Ley de Inteligencia y en la Ley Antiterrorista.

La mujer envió en su oportunidad un comunicado denunciando su expulsión y los malos tratos que habría recibido mientras estuvo detenida en una comisaría, pero encendió las alarmas entre los investigadores. El dato sobre la cuenta fue entregado a la Fiscalía Oriente en marzo pasado, cuando el perseguidor Francisco Jacir aún tenía en sus manos la indagatoria. Nada se hizo.

Sin embargo, en junio pasado hubo un hecho que cambió el norte. Una bomba explotó a menos de siete cuadras de la casa del Presidente Sebastián Piñera. El fiscal nacional Sabas Chahuán, que había defendido la labor de Jacir y la de su jefe, Xavier Armendáriz, no pudo más con el contexto y nombró al titular de la zona Sur, Alejandro Peña, conocido por su lucha sin cuartel contra los narcotraficantes de su sector, donde se ha anotado renombrados triunfos judiciales.

Este último, cuando recibió la indagatoria, se encontró con la existencia de esta información. Por esta razón es que solicitó, a través de la Ley de Inteligencia en el Octavo Tribunal de Garantía, que “el dato” fuera integrado a la investigación y se levantara el secreto bancario del sujeto cuya identidad se mantiene en reserva.

Criterio clave

De acuerdo a una crónica publicada ayer por el diario La Tercera, el primer juez en recibir la solicitud para judicializar el tema fue Daniel Aravena, quien la rechazó. La fiscalía sur repuso la petición, pero esta vez otro magistrado del mismo tribunal, Sergio Córdova, mantuvo el criterio.

Luego de varios recursos que le fueron rechazados, el fiscal Peña optó por presentar ante la Corte de Apelaciones de Santiago (CAS) una recusación contra ambos letrados. Ésta fue admitida a tramitación por el tribunal de alzada capitalino, inhabilitándolos para resolver cualquier materia relacionada con el caso, mientras no se dirima el fondo del recurso, hecho que debiera ocurrir en los próximos días.

De acuerdo a fuentes judiciales, los magistrados en sus informes -que habrían llegado ayer a la CAS-, cuestionaron la aplicación de la Ley de Inteligencia que regula las actuaciones de las policías en esta materia. Básicamente, se basan en la teoría conocida informalmente como “la manzana podrida” o “prueba falsa”. En otras palabras, estimaron que el hecho de que un servicio de inteligencia hubiera conseguido una prueba sin autorización judicial previa, hacía inviable que “el dato” tuviera validez.

Entre los jueces de garantía la recusación fue comentario obligado. Señalan que Peña usó una interpretación “novedosa” del cuerpo legal, pero que al mismo tiempo los magistrados “le sacaron el bulto al problema” para que fueran los superiores jerárquicos quienes decidan, ya que la materia es “peliaguda” con respecto a las garantías constitucionales.

En los últimos meses, tanto Chahuán como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter han solicitado mayores atribuciones para perseguir a los autores de los bombazos, las que precisamente están en la Ley de Inteligencia y en la Ley Antiterrorista.

De allí que la decisión de la Corte pueda marcar un antes y un después respecto al uso de las “medidas intrusivas” (como se le conocen a las intercepciones, seguimientos, filmaciones, levantamiento del secreto bancario e intercepción de correos). Si fallan a favor del Ministerio Público, Peña habrá logrado un punto sin parangón desde que se dictó la Ley de Inteligencia en 2004 durante la administración de Ricardo Lagos.

Si por el contrario Peña pierde en la Corte, dijeron fuentes del Ministerio del Interior, el gobierno tomará una estrategia de criticar al Poder Judicial, toda vez que convertiría el problema en una oportunidad e intentaría acelerar una modificación legal para perseguir este tipo de delitos.

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