La Moneda salió a defender al secretario de Defensa, luego que asegurara que si el Consejo para la Transparencia revelaba información sobre la compra de un puente, los militares serían “renuentes” a prestar ayuda en caso de una catástrofe. Ravinet se quejó de que había sido sacado de contexto y tuvo que rectificar, en una operación comunicacional que fue avalada desde el Ejecutivo. Sin embargo, en el mentado documento usó frases que van más allá de lo estrictamente jurídico. Acusa al organismo de “excesos peligrosos”, amenaza con querellas, y pide “una salida honrosa para las partes contendientes”.
Ayer el ministro de Defensa, Jaime Ravinet de la Fuente, salió al paso del artículo que publicó este diario, donde se reveló un escrito de reconsideración presentado ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), que lo obligó a hacer público el criterio usado para la compra de un puente mecano, por el que se sobrepagó US$ 2 millones.
Ravinet indicó que se usaba “mañosamente un párrafo del argumento jurídico en un escrito de reposición al CPLT”, señalando que se lo había sacado de contexto. Lo anterior, luego que este medio publicara sus dichos en el documento, donde aseguró: “A futuro las Fuerzas Armadas serán renuentes a prestar colaboración a las autoridades civiles ante catástrofes de la naturaleza, al verse obligadas a exhibir su material de guerra o equipamiento militar para acudir a prestar auxilio a la población civil, sean en forma transitoria o permanente, como su Consejo lo está haciendo con los puentes mecanos”.
Desde todos los sectores cuestionaron las palabras de Ravinet, partiendo por el presidente del Senado, Jorge Pizarro, como también otros parlamentarios y el propio canciller, Alfredo Moreno.
Por lo anterior, el secretario de Estado, para aplacar la polémica y previa instrucción expresa de La Moneda, debió aclarar públicamente lo que escribió, afirmando que «siempre que la autoridad lo solicite, las Fuerzas Armadas estarán dispuestas a ayudar a la comunidad frente a catástrofes naturales, como lo hicieron el pasado 27 de febrero», lo que también publicó en su twitter.
Lo propio hizo la vocera de gobierno, Ena Von Baer (UDI), luego que el senador Andrés Zaldívar comentara sobre los dichos de Ravinet: “Esta es la declaración más prepotente que he conocido en la historia, una prepotencia inaceptable que yo estoy de acuerdo que incluso, ni siquiera, los más altos mandos de las Fuerzas Armadas pueden estar de acuerdo con estos términos, y espero que no el Presidente de la República”, declaró el parlamentario DC, aludiendo a Piñera.
En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter (RN), con una mirada distinta a Von Baer, aclaró que «no hay ninguna petición de información que vaya a alterar el compromiso de alma que tienen nuestras Fuerzas Armadas para ayudar a los chilenos».
A renglón seguido, se contradijo con el criterio usado por el gobierno para pedirle la renuncia a la directora de la Junji, Ximena Ossandón, por sus salidas de libreto. «Un ministro no va a juzgar públicamente lo que ha dicho otro ministro, porque, además, lo ha hecho en un contexto en el que se le ha pedido información, y él tiene el derecho a hacer ver los planteamientos que le parezcan», sostuvo el secretario de Estado.
El jefe de la Comisión de Defensa de la Cámara, el diputado RN Alberto Cardemil, también entró en la polémica y sostuvo que invitó a Ravinet para que explique lo que a su juicio fue un “párrafo sacado de contexto”. Según dijo, el secretario de Estado accedió, por lo que concurrirá el próximo martes.
[cita]Usa duras expresiones en contra de la decisión del organismo, de los particulares que solicitaron la información e incluso amenazó con una querella criminal por revelación de secreto militar si es que al transparentar los papeles, éstos fueran conocidos públicamente. Asimismo, le pide al CPLT que, “en forma subsidiaria” le otorgue “una salida honrosa a las partes contendientes”, si es que pierde la batalla judicial.[/cita]
Sin embargo, más allá de lo que sostuvo Ravinet en su comunicado de prensa, el escrito enviado al CPLT en ninguna parte hace alusión a la disciplina y jerarquía de las FF.AA. respecto a las autoridades civiles. Muy por el contrario, usa duras expresiones en contra de la decisión del organismo, de los particulares que solicitaron la información e incluso amenazó con una querella criminal por revelación de secreto militar si es que al transparentar los papeles, éstos fueran conocidos públicamente. Asimismo, le pide al CPLT que, “en forma subsidiaria” le otorgue “una salida honrosa a las partes contendientes”, si es que pierde la batalla judicial.
En el documento, que publica íntegramente El Mostrador, al referirse al abogado Paulo Montt Rettig -quien representa a la empresa MBL- dijo que la solicitud de información al amparo de la Ley de Transparencia “fue hábilmente presentada como una inquietud ciudadana legítima… sembrando con ello dudas de la legalidad y legitimidad de la operación por él artificiosamente impugnada”.
Respecto a la decisión del CPLT que le obligó a transparentar los datos, Ravinet asegura que el organismo “se ha excedido en el ejercicio de su competencia” atribuyéndose la “facultad que el legislador no le ha conferido expresamente de determinar qué es público y qué es secreto o reservado”, calificándolo de “excesos peligrosos”.
Al respecto, Ravinet, tal como se publicó ayer jueves, reflexionó acerca de idoneidad de sus integrantes para analizar y resolver la petición de información: “¿Posee el Consejo la capacidad técnica necesaria para juzgar el secreto militar?”.
Ravinet además critica al CPLT, señalando que la ley que lo rige “no crea ni siquiera por la vía interpretativa, la normativa legal atingente a la transparencia”. Pero no es lo único. Sus dardos apuntan también a que el CPLT, se atribuye, incluso, potestades similares al Tribunal Constitucional.
Y también acusa al CPLT porque -a su juicio- “desobedece y desatiende” la Constitución, las bases generales de la Administración del Estado y la legislación que rige a la Contraloría.
El organismo fiscalizador, a petición de la empresa MBL, inició una investigación interna en la cartera para determinar eventuales irregularidades. Para ello envió a su investigadora top.
Otro ejemplo del tono usado por Ravinet en contra del CPLT puede leerse en la página 11, donde asegura que la actuación del organismo ni siquiera considera “los criterios de hermenéutica legal básicos y sistemáticos, lo que conduce a errores en su decisión”, toda vez que el fallo de los consejeros de la entidad “infravaloran” la Defensa Nacional, “por un supuesto interés social en orden a un control ciudadano de las compras públicas”.
A continuación, el secretario de Estado vuelve a la carga en la página 12 del documento, señalando que el CPLT “ha sido tan renuente” a aplicar las normas del Código de Justicia Militar para mantener el secreto sobre la cuestionada compra del “famoso puente”, como lo definió. Porque a su juicio, no se trata de una disputa comercial entre AC y MBL, sino “de un tema sumamente serio que al Consejo al parecer no le agrada” y que “atañe directamente a la Defensa Nacional”.
El titular de Defensa, en todos los escritos presentados ante el CPLT siempre ha sostenido que el puente es de carácter militar, pero al mismo tiempo reconoció que aunque el viaducto tenga “transitoriamente utilidad civil, no lo priva de su carácter esencial de equipamiento militar y contribuir así el potenciar bélico de la nación”.
El ministro insiste ante el CPLT que de confirmar la resolución que lo obliga a entregarle copia de los criterios usados para comprar el puente, lo pondrían en una situación difícil, incluso de cometer un delito sancionado por el CJM y el Código Penal.
Pero Ravinet va más allá. Le solicita al CPLT que “en el hipotético evento que el Consejo para la Transparencia no acoja el recurso de reposición, interpuesto por medio de este libelo… como petición subsidiaria que por su intermedio se haga entrega al señor Paulo Montt de los documentos requeridos”.
Sin embargo, lanza una advertencia. Y no menor. Que el CPLT debe incluir en su resolución que los papeles no pueden ser revelados públicamente, ya que de lo contrario su cartera estaría obligada a querellarse, tal como lo sostienen los cuerpos legales antes citados.
A juicio de Ravinet, si el CPLT acoge su argumentación “ello daría una salida honrosa a las partes contendientes”.
Lo anterior, dejaría a la empresa MBL sin la posibilidad de presentar una demanda civil contra el Estado o bien una acción judicial de otra especie, ya que en concreto, los documentos no podrían ser incluidos para ninguna gestión. En otras palabras, “una salida honrosa”.
