Así habría quedado establecido en una resolución de la Contraloría, sobre cuyos detalles se pronunció la Fundación Defendamos la Ciudad y una junta de vecinos de la comuna de Recoleta.
La Fundación Defendamos la Ciudad y vecinos de la comuna de Recoleta aseguraron este lunes que un dictamen de la Contraloría deja en evidencia que el megaproyecto que construye la Universidad San Sebastián, entre otras iniciativas, no cuenta con la resolución de calificación ambiental que debía otorgar la ex Corema, hoy Comisión Evaluadora Ambiental metropolitana.
Se trata de las edificaciones a cargo de la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. que están levantándose en las manzandas conformadas por las calles Bellavista, Pío Nono, Dardignac y Ernesto Pinto Lagarrigue.
Según informó el presidente de Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, el ente fiscalizador, en su dictamen 6607 del 2 de febrero de este año, está analizando la posibilidad de entregar todos los antecedentes al Ministerio Público, según el mérito del proceso disciplinario que se encuentra sustanciando en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Recoleta.
El dirigente sostuvo que “en distintos anteriores dictámenes de la Contraloría se le ha manifestado a la institucionalidad ambiental que debía cursar las sanciones y multas contempladas en esa legislación, ya que el edificio de la casa central de esa universidad privada como también su centro de extensión, no han ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y por lo tanto esas construcciones no cuentan con la correspondiente calificación”.
Con lo anterior, asegura Herman, se ha trasgredido la ley 19.300, que señala que ningún proyecto que deba ingresar al SEIA puede iniciar sus obras si no cuenta con la calificación ambiental favorable que otorgaba la Corema.
Finalmente, dijo que para corregir la situación, han intentado de manera infructuosa un pronunciamiento del intendente de Santiago, Fernando Echeverría, y de la directora del nuevo Servicio de Evaluación Ambiental, Rocío Núñez.
En tanto, Gerardo Lanzarotti, representante de la Junta de Vecinos 35 de Recoleta, manifestó que la ya mencionada casa de estudios superiores “utilizó la calzada del bien nacional de uso público de la calle Pío Nono, como acceso a su estacionamiento de vehículos, ello con un simple permiso precario de la alcaldesa Sol Letelier, en circunstancias que esa ocupación de un espacio público debió haberse perfeccionado con una concesión, previa competitiva licitación entre privados”.
