Un ofrecimiento de viviendas, esta vez en la provincia de Ñuble; el intento de vender terrenos al Serviu que son de su padre en Tomé; la curiosa adjudicación a una constructora que tuvo un fracaso estrepitoso para el retiro de escombros; la adquisición de un fundo de 160 hectáreas en $21 millones por parte de su esposo. Todo parte de una trama en que el clan familiar ocupa un lugar protagónico y que ahora deberán dilucidar los tribunales.
En Prat 521 frente a la antigua estación ferroviaria de Concepción funciona la sede del Consejo Regional (Core) del Bío Bío. Hasta ese lugar llegaron el jueves dos funcionarios de la PDI. Buscaban a Luis Muñoz, el “encargado territorial” comisionado por Jacqueline Van Rysselberghe para cumplir la promesa de entregar casas nuevas a 53 familias de las Villas Santa Clara y Nueva Aurora en Bulnes. La policía buscaba los certificados de inhabilidad de esas viviendas, necesarios para acceder a recursos frescos del Serviu y que es hasta donde apunta la denuncia de la ministra Magdalena Matte, se trataría de papeles falsos.
Los detectives en busca de Muñoz, fueron recibidos por René Hameau, otro funcionario de confianza de la ex intendenta. El jefe de Planificación y Desarrollo regional les dijo que no lo conocía y sugirió a los policías que lo buscaran en la intendencia, cuyo edificio está en la misma calle. El jueves la PDI se llevó un computador desde la sede de la intendencia, perteneciente a Olga Osses, otra de las encargadas territoriales del equipo más fiel a Van Rysselberghe.
La diferencia entre la promesa a los vecinos de la villa Aurora de Chile y el caso que actualmente investiga la fiscalía regional, es que para solucionar el problema habitacional de los pobladores en Bulnes, Van Rysselberghe alcanzó a designar a Luis Muñoz y a facilitar que se extendieran certificados que supuestamente son falsos. Aunque el beneficio tampoco alcanzó a materializarse. Pero en ambos casos queda claro “el modo de operar, que básicamente era un discurso, pero que no alcanzaba a llegar al Serviu”, como dijo la ministra Magdalena Matte refiriéndose al caso Bulnes, en el que su cartera se hizo parte.
Este caso no es el único que “no alcanzó a llegar al Serviu”. En la caleta de Cocholgue, perteneciente a la comuna de Tomé, también en la Octava Región, existe una controversia en torno a unos terrenos donde el gobierno regional quiere re ubicar a los pescadores, que dejaron sus asentamientos en la caleta después del tsunami del 27F. Según confirman fuentes ligadas al proceso de reubicación una de las opciones que cobra más fuerza es precisamente usar un terreno de aproximadamente 20 hectáreas, que pertenece a Enrique Van Rysselberghe, padre de la ex intendenta. Quien fuera diputado entre 1998 y 2002, es conocido por tener varios paños de terrenos y otras tantas propiedades en la zona. En mayo del año pasado habrían comenzado las tratativas para que el Estado vía exporpiación le pagara al padre de la entonces intendenta unos $1.000 millones de pesos para quedarse con el terreno. Por otra parte, según confirman testigos de la negociación, Enrique Van Rysselberghe habría ofrecido a la organización “Un Techo Para Cristo”, ligada a los jesuitas, la concesión para construir las soluciones habitacionales para los pescadores, a través de una conversación con el sacerdote Jules Straiger, director de la organización y paralelamente capellán del Hogar de Cristo”. Al cierre de esta edición El Mostrador intentó sin éxito obtener la versión de “Un Techo para Cristo”.
El padre de la ex intendenta habría ofrecido la concesión de las viviendas sociales, en atención a la cercanía de su hija con Sebastián Salas Cox, ex ejecutivo de Bosques Arauco y actual director del Serviu en la región. Pero hasta ahora, el proceso se encuentra paralizado.
Este no es el único flanco abierto relacionado con la reconstrucción que liga al equipo que rodea a la familia Van Rysselberghe. Días después del terremoto, funcionarios de la PDI entraron al edificio consistorial de Concepción acompañados de un equipo de la fiscalía regional. Buscaban todos los documentos y permisos referentes a la construcción del desplomado edificio Alto Río. Encontraron algunos, pero la carpeta con importantes documentos emitidos por la Dirección de Obras Municipales, que acreditaban permisos y autorizaciones, había desaparecido. El abogado de la constructora Socovil, responsable del edificio, es Alejandro Espinoza, cercano a Jacqueline Van Rysselberghe desde que esta saltó a la luz pública ayudando a la familia de la niña Elena Yañez Roa, asesinada brutalmente en 1996. Espinoza tomó la defensa de la familia de la víctima a instancias de Van Rysselberghe.
[cita]Días después del terremoto, funcionarios de la PDI entraron al edificio consistorial de Concepción acompañados de un equipo de la fiscalía regional. Buscaban todos los documentos y permisos referentes a la construcción del desplomado edificio Alto Río. Encontraron algunos, pero la carpeta con importantes documentos emitidos por la Dirección de Obras Municipales, que acreditaban permisos y autorizaciones, había desaparecido.[/cita]
El fiscal del caso Alto Río, Nelson Vigueras, ordenó una investigación para saber qué ocurrió con la carpeta perdida. En enero anunció a las personas que serían formalizadas por el caso. Nadie de la municipalidad.
Justo el fin de semana en que la suerte de la entonces intendenta colgaba de un hilo, cincuenta matas de marihuana fueron encontradas en un terreno que hasta ahora, aparece a nombre de Mauricio Pavez, su marido. Incluso sus detractores admiten que es “muy difícil” que las plantas pertenezcan a Pavez, o aún más, sean parte de un negocio.
Lo suyo está en otro rubro, la extracción de áridos y el movimiento de tierra en el mercado de la construcción.
La historia de la familia en este negocio, no terminó muy bien. Al menos nominalmente. En 2000 el Municipio encabezado por el concertacionista Ariel Ulloa, interpuso una demanda contra Arenas Bío-Bío, propiedad de Enrique Van Rysselberghe Varela, por extracción ilegal de áridos durante más de 20 años. Paralelamente mantienen un crédito hipotecario impago con la Corfo. Por eso, Arenas del Laja, donde Mauricio Pavez es socio, para muchos es la prueba de que Pavez no es más que el testaferro de su suegro.
Hasta 2002 Mauricio Pavez a través de Inmobiliaria Concepción fue socio de Oscar Araos Guzmán, que participaba en esta empresa a través de la suya: Abaco Ingenieros.
Araos se hizo de un importante patrimonio ganando licitaciones en el rubro de las Obras Públicas, específicamente en el área de concesiones. En julio del año pasado la jueza Gloria Ana Chevesich lo condenó en el marco del Caso Mop Gate a 541 días de cárcel.
La duración de la sociedad que conformó Inmobiliaria Concepción, entre 1997 y 2002, coincide con el rápido ascenso de Jacqueline Van Rysselberghe como figura política. La médico psiquiatra fue concejal desde 1994 y en 2000 llegó a la alcaldía. En la sociedad, la empresa de Araos aparece poniendo el capital, mientras que Mauricio Pavez “aporta trabajo”.
El caso de las plantas de marihuana, según fuentes de la fiscalía, probablemente corra la misma suerte de los hallazgos que periódicamente se hacen en la zona de Rafael, cerca de Tomé, donde se encuentra el predio, y probablemente “no pase nada”, según afirma un allegado al Ministerio Público.
Pero el sólo hecho de aparecer implicado y en efecto de ir a declarar, ya significa un nivel de exposición al que Mauricio Pavez, no está acostumbrado, pues jamás aparece, ni siquiera lo hacía en las actividades oficiales junto a su mujer. Y esa, según quienes lo conocen, “es su gran ventaja”.
Pero también la fuente de que sobre él haya sospechas como la de su jamás comprobada vinculación con Corbel, la constructora que se adjudicó el fallido sistema de barcazas para transporte de camiones cuando los puentes sobre el Bío-Bío estaban inhabilitados. El sistema que fracasó al poco tiempo de implementarse debido a que el río no era apto para este tipo de transporte. Aún así la empresa propiedad de Alejandro Beltrán y Víctor Valenzuela, volvió a participar de faenas en el marco de la construcción. Subcontratada por la multinacional Sacyr, para recoger los escombros del Puente Viejo sobre el Bío-Bío, la operación ha motivado a algunas autoridades como el Consejero Regional Eduardo Araya (PS) a investigar la participación de personas vinculadas a la intendencia en esta extraña adjudicación. Araya, quién presentó un requerimiento al Consejo de Transparencia, dice que “no es posible hasta ahora acreditar la participación de Pavez en esta empresa, pero hay irregularidades, como que la licitación de las barcazas se hizo justo después de que Corbel se acreditara, habiendo sido rechazada anteriormente en el registro de contratistas del Mop” y además Araya asegura que los desechos del Puente Viejo son vendidos por Corbel a los concesionarios de la ruta 160, cuando su contrato indica que los deshechos deben botarse a un vertedero ambientalmente habilitado.
Más allá de este episodio Mauricio Pavez fue citado a declarar por el caso de las plantas de marihuana y aún se mantiene el litigio en torno a cómo adquirió un predio de 160 hectáreas en 21 millones de pesos. Mario Boero el abogado que pidió el remate del fundo en Curaco Alto, al que sólo llegó Pavez, como único oferente, fue asesor de la Municipalidad de Concepción e incluso arrendó dos inmuebles a la Corporación.
