Las viviendas de la intendenta, del director (s) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Bolivar Ruiz, y de diez seremis se encuentran con la presencia de un funcionario policial de punto fijo. La medida, según la policía, fue tomada luego de las manifestaciones que se hicieron en las últimas semanas como la publicación de carteles con las fotografías de los integrantes del comité. Junto a esto también se encuentran los correos electrónicos masivos y campañas en Internet para tratar de revertir la decisión de aprobar el proyecto.
La votación que se hará, el próximo lunes, en la sesión que definirá el futuro del proyecto hidroeléctrico de Aysén, tiene a toda la comunidad pendiente del gran despliegue policial en la ciudad, incluso con resguardo de carabineros en las casas de las autoridades que participarán en el proceso.
De esta forma, los transeúntes de Coyhaique, capital de la Región de Aysén, manifestaron su asombro la noche del sábado en la plaza de armas de la ciudad, frente a la intendencia regional, debido a la presencia de un gran contingente policial tanto de Carabineros como de la PDI, a lo cual se sumó personal de Bomberos y funcionarios de la Onemi.
Las estimaciones hechas por la ciudadanía, hablaban de una veintena de automóviles y camionetas, lo cual es considerado algo anormal en esta ciudad.
Uno de los policías apostados en el lugar comentó a una transeúnte que «estamos preparándonos por si pasa algo mañana (lunes)».
Esta situación ha sido rechazada por organizaciones ciudadanas del movimiento Patagonia sin Represas, quienes afirman que esta “es una respuesta sintomática del estado de alertar que ha querido general el gobierno en la región, a raíz de la votación, este lunes a la 15:00 horas, del EIA de HidroAysén”.
Además, culparon a medios de comunicación que han estado manejando la sensación de inseguridad para “criminalizar la legítima oposición a las cinco represas de Endesa y Colbún de un 61,1 % de los chilenos, y gran parte de la Región de Aysén”.
Asimismo, las organizaciones cuestionan la decisión de la intendenta Pilar Cuevas de desarrollar la sesión en la sala de reuniones del Servicio de Evaluación Ambiental, ya que para ellos es un espacio pequeño que no tiene las condiciones básicas para que participen los miembros de la comisión, los medios de comunicación, dirigentes ciudadanos y otras autoridades.
Desde el punto de vista de las organizaciones ciudadanas, este despliegue policial está generando un escenario de tensión entre el gobierno junto a las empresa transnacional y la ciudadanía.
Protección policial a casas de autoridades
Otro elemento que llama la atención es la presencia de un funcionario policial de punto fijo en las viviendas de la intendenta, del director (s) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Bolivar Ruiz, y de diez seremis.
La medida de resguardo, según la policía, fue tomada luego de las manifestaciones que se hicieron en las últimas semanas como la publicación de carteles con las fotografías de los integrantes del comité. Junto a esto también se encuentran los correos electrónicos masivos y campañas en Internet para tratar de revertir la decisión de aprobar el proyecto.
Hasta el momento no se ha dispuesto el cierre perimetral del lugar de votación como tampoco el de calles de la ciudad, debido a que no se ha recibido ninguna petición para realizar marchas o manifestaciones masivas.
