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20 de Mayo de 2011
Querellante caso Woodward acusa de ilegalidad a juez por exculpar a acusados
El abogado Boris Paredes pedirá la anulación de la actuación del juez Miranda de Valparaíso, quien según se supo este miércoles acusó formalmente sólo a dos oficiales y ocho suboficiales.
El abogado Boris Paredes, querellante en el caso por la desaparición durante la dictadura del sacerdote Miguel Woodward, dijo este viernes que pedirá la anulación de la resolución dictada por un magistrado que dejó fuera del proceso a 19 militares que estaban acusados por este crimen.
Según Paredes, cuando la investigación ya se encontraba cerrada el juez Julio Miranda dictó una resolución que exculpó a once oficiales y ocho suboficiales de la Armada y Carabineros, dejando así sin efecto los procesamientos que había en su contra.
Por este motivo, el abogado pedirá la anulación de la actuación del juez Miranda de Valparaíso, quien según se supo este miércoles acusó formalmente sólo a dos oficiales y ocho suboficiales.
El sacerdote chileno-británico Miguel Woodward fue arrestado por miembros de la Armada el 19 de septiembre de 1973 en una población de Valparaíso y conducido a la Universidad Federico Santa María de esa ciudad portuaria, donde fue torturado.
Posteriormente fue trasladado a la Academia de Guerra Naval, donde siguieron torturándolo hasta que, dado su mal estado, fue llevado al buque escuela Esmeralda, donde murió. Su cuerpo jamás fue encontrado.
El abogado querellante Boris Paredes dijo que “el juez Miranda jamás debió dejar fuera de la acusación a los otros 19 oficiales y suboficiales de la Armada y Carabineros, “pues no tenía antecedentes nuevos para exculparlos y, además, la investigación ya estaba cerrada”.
Por ello el abogado presentará en las próximas horas en la Corte de Apelaciones de Valparaíso un escrito para solicitar “la anulación de todo lo obrado por el juez Miranda”.
Según Boris Paredes, la premura con la que actuó el magistrado, al borde del plazo legal, hizo que los querellantes (entre los que también figuran el Consejo de Defensa del Estado y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior) no tuvieran tiempo para apelar la decisión del magistrado.
La Tercera
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