La presidenta de la tienda opositora, Carolina Tohá advirtió que «un uso abusivo de esta información permite controlar la acción de las personas y particularmente de los movimientos ciudadanos, y puede acarrear una situación de intimidación en los funcionarios públicos y en las personas que aspiren a serlo». En tanto, la vocera del Ejecutivo, Ena von Baer, le bajó el perfil al asunto indicando que sólo es «una forma más de saber qué está sucediendo en nuestra sociedad».
La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, consideró preocupante la decisión del gobierno de monitorear las expresiones de los ciudadanos en las redes sociales, por cuanto se presta para abusos de poder que atentan contra la libertad de expresión de las personas.
“Nuestra objeción a esta política es por la posibilidad que se abre a que las autoridades de gobierno hagan un seguimiento personalizado de las opiniones de los ciudadanos, de sus relaciones y de sus desplazamientos geográficos. Un uso abusivo de esta información permite controlar la acción de las personas y particularmente de los movimientos ciudadanos, y puede acarrear una situación de intimidación en los funcionarios públicos y en las personas que aspiren a serlo».
La timonel opositora agregó que «monitorear los contenidos en las redes sociales le da al gobierno una posibilidad de control sobre los movimientos ciudadanos equivalente a lo que hubiera sido años atrás monitorear todo lo que se imprimía en las imprentas y la distribución que se daba a los folletos, panfletos e informativos de las organizaciones sociales. Incluso en el caso que el gobierno no pretenda dar un uso abusivo a esta información, el sólo hecho que realice y anuncie este monitoreo tiene un efecto inhibitorio en las forma en que las personas se expresan en la web».
Carolina Tohá estima además que «el desarrollo de esta estrategia de monitoreo financiada con fondos públicos es aún mas cuestionable. Los ciudadanos financiamos al Estado para que proteja nuestros derechos y proteja nuestras libertades y no para que vigile las formas legitimas en que las ejercemos”.
Señaló que su partido «quiere plantearle al gobierno que debe renunciar explícitamente a que estos monitoreos incluyan información personalizada de los ciudadanos. De hecho, el seguimiento de tendencias impersonales de opinión no reporta ninguna amenaza y es equivalente a lo que hacen las encuestas de opinión, por lo que las autoridades debieran tener la prudencia de auto imponerse esa restricción en el desarrollo de esta iniciativa».
También anunció que «nuestro partido hará una presentación tanto al Consejo de la Transparencia como al Instituto de Derechos Humanos pidiéndole un pronunciamiento sobre esta materia para establecer si esta decisión del ejecutivo atenta , restringe o amenaza las libertades públicas, la propiedad sobre los datos personales y la libre expresión de los ciudadanos”.
Finalmente dijo que el PPD va a propiciar que se reabra la discusión sobre la ley que regula el derecho a la intimidad, que debiera establecer un marco jurídico que proteja a las personas ante un uso indebido de información que les afecte, como podría ser en este caso.
El lunes último la ministra secretaria general de Gobierno, Ena von Baer, le bajó el perfil a la polémica, indicando que este monitoreo a Twitter y a otras redes sociales es «simplemente es una forma más de saber qué está sucediendo en nuestra sociedad».
La secretaria de Estado precisó que «para nosotros como gobierno es muy importante escuchar lo que está sucediendo, y en ese sentido nosotros, tal como escuchamos la radio, vemos la TV y leemos los diarios, estamos también viendo qué sucede en Twitter, qué es lo que están diciendo las personas».
Agregó que «acá no estamos haciendo nada que no sea mirar opiniones públicas, son opiniones que las personas vierten en un sistema de comunicación público y lo que estamos haciendo es ver lo que la gente dice”.
