Parte de los recursos asignados con ese fin a la casa de estudios, que suman unos 180 millones de pesos, fueron depositados en cuentas corrientes de “sueldos” y “gastos” de la universidad. Incluso un porcentaje fue invertido en fondos mutuos. Frente a esta situación, el Consejo Regional evalúa querellarse contra la UPLA y el órgano fiscalizador no descarta realizar otras acciones.
Un complejo escenario atraviesa la Universidad de Playa Ancha (UPLA) luego de que la Contraloría Regional de Valparaíso emitiera el informe final sobre la auditoría efectuada al Programa Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) en el Gobierno Regional.
Según la investigación realizada por el órgano fiscalizador, los recursos FIC -que persiguen la aplicación de políticas nacionales y regionales de innovación- transferidos por el CORE a la casa de estudios no habrían sido utilizados para financiar el proyecto para el que habían sido asignados, “Desarrollo del Capital Humano en Estudiantes de la región para Competencias Emprendedoras”. Esto porque se comprobó que los $62.730.000 entregados en 2009 fueron invertidos en un depósito a plazo en el Banco de Chile a nombre de la Universidad, para luego ser traspasados, con intereses incluidos, en la cuenta corriente “Sueldos”, según consta en una cartola del 20 de enero de 2010.
No es todo. Los $ 125.200.00 que se habían entregado el año 2008 para el mismo programa también tuvieron otros destinos. Y es que la Universidad giró 96 millones de pesos para invertirlos en el fondo mutuo Liquidez 2000 del Banco de Chile, “los que a la fecha de la vista -13 de mayo de 2010-permanecían invertidos en dicho instrumento”. Además, señala la investigación “se giraron los cheques Nºs 3335471 y 3335473, de 19 y 21 de enero del 2009, por $20.000.000 y $10.000.000 respectivamente, sumas que fueron depositadas en las cuentas corrientes “sueldos” y “gastos” de dichas casas de estudios”.
En vista de esto, el informe de Contraloría concluye que se advierte el incumplimiento de la “expresa prohibición de la utilización de los recursos del proyecto en actividades ajenas a éste, siendo dable manifestar que no sólo se observa una desviación de los recursos del convenio, sino además, que se utilizaron para efectuar inversiones, sin que se observe la devolución de los intereses obtenidos”.
[cita]El informe de Contraloría concluye que se advierte el incumplimiento de la “expresa prohibición de la utilización de los recursos del proyecto en actividades ajenas a éste, siendo dable manifestar que no sólo se observa una desviación de los recursos del convenio, sino además, que se utilizaron para efectuar inversiones, sin que se observe la devolución de los intereses obtenidos”.[/cita]
En todo caso, se aclara que “la universidad presentó gastos que estarían asociados al proyecto por la suma de $32.585.926, advirtiéndose que la documentación de respaldo no consigna el nombre del proyecto, como tampoco se han utilizado las boletas y/o facturas”.
Contraloría señala que en respuesta a esta situación el Gobierno Regional enviará un equipo fiscalizador para revisar en terreno toda la documentación sobre el proyecto, tras lo cual emitirán un informe que será presentado al Intendente Regional, Raúl Celis. Además, se solicitará a la Universidad de Playa Ancha aclarar el uso de los recursos FIC.
Frente a esto, Contraloría señala que se verificará la efectividad y cumplimiento de estas medidas mediante una auditoría de seguimiento, y no descarta presentar otras acciones “en relación con la eventual desviación de los recursos del convenio”.
Paralelamente el Consejo Regional (Core) analiza interponer una querella contra la casa de estudios representada por el rector Patricio Sanhueza. Para el consejero Manuel Millones “es relevante que estos hechos se aclaren y sea la misma Contraloría la que ponga los antecedentes ante el Ministerio Público”.
En tanto, un nuevo FIC que la casa de estudios había obtenido este año se encuentra congelado hasta que se aclare la rendición de cuentas y lo sucedido con estos fondos.
El informe de Contraloría también apunta a la falta de un procedimiento establecido sobre la revisión y control por parte del CORE de las rendiciones de cuentas de las instituciones beneficiadas con estos recursos, que entre 2008 y 2009 sumaron casi 3 mil millones de pesos.
