Seguridad: el cortafuego político para recuperar la agenda

¡Hola a todos! Después de cinco meses el Presidente Kast anunció más de 30 medidas de seguridad en cadena nacional. Con esto, el Gobierno busca dejar atrás el vacío que dejó la exministra Trinidad Steinert y así comenzar a dar forma a una de las principales promesas de campaña: el de un antes y un después en materia de seguridad.

• El esperado anuncio sobre sobre Seguridad, que inundará la zona en el Congreso, llega justo cuando el desempleo empezaba a inquietar a La Moneda. Con más de 900 mil personas buscando trabajo, el Gobierno desplegó una batería de medidas contra el crimen que permite mostrar acción, control y resultados rápidos.
• El problema es que, en varias de las regiones donde el Mandatario arrasó en las urnas, una de las principales preocupaciones —junto con la reactivación económica y el orden— era el desempleo, que alcanzaba un 8,3% al término del Gobierno de Gabriel Boric y que ahora supera el 10%. Fuentes de+Política aseguran que el cortafuego puede funcionar en términos políticos, pero difícilmente compensará la falta de empleos.

El “caso Sernac Arica” le dio un inesperado giro al discurso contra los “operadores políticos”: dos autoridades fuera de sus cargos y la Contraloría investigando una trama de contrataciones para militantes de RN y Republicanos. La ironía es que el Gobierno llegó prometiendo sacar a los “parásitos” del Estado, pero en Arica sus partidos terminaron convertidos en bolsas de empleo. La investigación podría escalar, incluso, hasta la seremi de Economía y vicepresidenta nacional del Partido Republicano, Romina Cifuentes.

• El Congreso tampoco se queda atrás en esta semana. En medio de un punto de prensa, la senadora de RN Camila Flores insultó a Fabiola Campillai (IND), mientras defendía el indulto al carabinero condenado por dejarla ciega y apuntaba a la “deficiencia intelectual” de su colega. Ambas terminaron en comisión de ética, pero Flores se ganó el repudio tras llamar a la principal víctima del estallido social como “señora de feria”.

La idea de sacar a las Fuerzas Armadas a los barrios para combatir al crimen organizado llegó con más dudas que certezas. La propuesta de Kast generó reparos entre uniformados, expertos y centros de estudio, que advierten sobre costos, riesgos operativos y posibles vulneraciones de derechos. La duda que queda en el ambiente tampoco se disipa con el anuncio: ¿Más soldados implica necesariamente más seguridad?

• Para finalizar, la ofensiva legislativa de indulto general a uniformados dejó de ser un debate jurídico y se transformó en una piedra caliente para el Presidente José Antonio Kast. Mientras 60 diputados oficialistas y una nueva “Bancada por el Indulto”apuran el paso, La Moneda asegura que los indultos particulares están en la recta final. Desde Chile Vamos piden “no torear” al Mandatario y bajar el volumen del debate. Kast deberá pronunciarse pronto.

Antes de comenzar la lectura de esta nueva edición de +Política de El Mostrador, los invitamos a compartir este newsletter y a sumar a más personas inscribiéndose aquí. Así podremos seguir haciendo crecer esta comunidad de lectores interesados en los entretelones de la política.

1

Medidas de seguridad: el cortafuego político para el desempleo

La ofensiva de seguridad anunciada por el Presidente José Antonio Kast tiene una explicación evidente: entregar más herramientas a policías, fiscales y tribunales para enfrentar al crimen organizado.

De acuerdo a diversos analistas consultados por +Política aseguran que la oportunidad escogida para desplegarla revelaría un segundo objetivo, más político: recuperar el control de la agenda y encapsular una crisis de empleo que comenzaba a dominar la conversación pública y a golpear directamente al Gobierno.

• El Ejecutivo puso sobre la mesa más de 30 medidas, entre ellas el aumento de la flagrancia, nuevas expulsiones migratorias, mayor presencia policial en barrios críticos y un endurecimiento del régimen para delincuentes que siguen operando desde las cárceles. La conducción quedó en manos del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien asumió la tarea de ordenar la negociación parlamentaria y devolver al Gobierno a un terreno que conoce bien: autoridad, control y combate a la delincuencia.

El giro no ocurrió en cualquier momento. Llegó cuando las cifras laborales mostraban a más de 900 mil personas buscando trabajo y cuando las promesas de crecimiento todavía no se traducían en empleos.

Hablar de seguridad, apuntan los consultados por +Política, permite al Gobierno mostrar movimiento, anunciar plazos y levantar una narrativa de acción inmediata. El desempleo, en cambio, expone un problema más difícil de resolver, cuyos resultados no dependen de una batería de proyectos ni pueden exhibirse en una conferencia de prensa.

La situación es especialmente incómoda porque las mayores tasas de desempleo se concentran en regiones donde Kast obtuvo algunos de sus apoyos electorales más contundentes. 

Ñuble, La Araucanía, Maule, Biobío, Los Ríos y O’Higgins combinaron amplias mayorías para el actual Presidente con cifras de desocupación iguales o superiores al 10%. Son territorios que votaron por una promesa de orden, pero también por una expectativa de reactivación económica que, por ahora, sigue pendiente.

La agenda de seguridad cumple así un doble propósito: responder a una preocupación real de la ciudadanía y, al mismo tiempo, levantar un cortafuego político alrededor del desempleo.

Puede ayudar a La Moneda a recuperar la iniciativa y reducir temporalmente la presión, pero no elimina el problema. En las regiones que sostuvieron electoralmente a Kast, el éxito del Gobierno no se medirá solo por nuevas leyes contra el crimen, sino por su capacidad de convertir el discurso de crecimiento en trabajos concretos.

2

¿Parásitos del Estado?: Los operadores políticos del Sernac

Marcos Oviedo, renunciado director (S) del Sernac en Arica.

El búmeran de las promesas a veces golpea de vuelta cuando menos se espera. Es lo que ha sucedido esta semana con el denominado “caso Sernac Arica” que aterrizó en La Moneda, atacando el corazón de lo que parecía ser un ofrecimiento de campaña serio y razonable: limpiar el Estado de operadores políticos.

• Pero los hechos ocurridos en Arica –con la salida de laseremi de Salud, Karla Kepec, y del director subrogante del Sernac, Marcos Oviedo–  demuestran precisamente lo contrario: la promesa de extirpar los “parásitos” del aparato público se diluyó en cuanto volvió a operar la vieja filosofía del cuoteo. ¿Cómo se supo?: fueron los mismos involucrados los que sembraron la evidencia.

Primero fue la seremi de Salud que publicitó una oferta laboral dirigida a “republicanos o hijos de republicanos” por un grupo de WhatsApp y luego el Director (S) del Sernac que insistió en contratar a militantes de “RN o republicanos” hasta que lo consiguió, a pesar de la negativa del organismo central. El problema, en el fondo, fue otro: la trabajadora escogida fue una asistente social detenida por narcotráfico, en Tacna, en octubre del año 2017.

Pese a que su nombre figuraba en archivos noticiosos en Perú, Evelyn Milos llegó a trabajar al Sernac en un cupo de Renovación Nacional, luego de ingresar al partido en abril de este año. Arribó tras un acuerdo entre el presidente regional de RN, Patricio López, y Jalin Simunovic, consejero comunal de RN y marido de la funcionaria contratada a contar del 1 de julio de este año. Más claro echarle agua.

• Aquí es donde la paradoja se hace evidente: el Gobierno puede defender legítimamente tener militantes en la administración pública, pero el problema comienza cuando la militancia se transforma en criterio de selección. Una cosa es que una persona de un partido ocupe un cargo público porque tiene competencias y otra muy distinta es que el partido se convierta en una bolsa de trabajo.

La frontera entre ambos asuntos es lo que prometía custodiar la retórica contra los “operadores políticos” usada hasta el cansancio en la campaña de Kast. Un discurso que exigía coherencia para una administración que hizo de la limpieza del Estado uno de sus relatos fundacionales, criticando el uso del aparato público como un botín.

• Si bien el Gobierno ha reaccionado con rapidez, analistas consultados por +Política concuerdan que los mecanismos de reclutamiento partidario quedaron expuestos: dos autoridades regionales han terminado fuera de sus cargos y la Contraloría tiene una investigación abierta que promete escalar a otros servicios públicos.

Esto último tiene un particular interés, debido a que si el caso avanza podría alcanzar la seremi de Economía de Arica y Parinacota, Romina Cifuentes, vicepresidenta nacional del Partido Republicano que hasta ahora ha sido blindada por el Gobierno, pese a figurar en los correos electrónicos que buscaban elegir a militantes por contratación directa. O sea, sin concurso público.

3

El doble golpe de Flores contra Campillai

El cruce entre Camila Flores (RN) y Fabiola Campillai (IND) terminó con ambas enviadas a la Comisión de Ética del Senado, pero la ofensiva de Flores tuvo un componente que va bastante más allá del tono o los calificativos de “señora de feria”, usados para discriminar a Campillai.

Fue, en su secuencia exacta, una senadora acusando a su colega de “deficiente intelectual” —por haber sido elegida por votación popular— y espetándole que “da vergüenza a Chile”, en el instante preciso en que insistía en que el Presidente José Antonio Kast indulte a Patricio Maturana, el excapitán de Carabineros condenado por dejar ciega a Campillai con una bomba lacrimógena el 26 de noviembre de 2019 en San Bernardo.

No hay sutileza posible: Flores defendió el indulto en la cara de la mujer que ese hombre dejó sin vista, sin olfato y sin gusto, mientras la trataba de intelectualmente incapaz por haber llegado al Senado.

No es la primera vez.

• En agosto de 2024, siendo aún diputada, Flores visitó a Maturana en el penal de Molina y calificó su condena —confirmada por la Corte de Apelaciones y ratificada por la Corte Suprema— de “injusticia”, con pruebas “poco serias e infundadas”. La entonces diputada Carmen Hertz (PC) la denunció por eso ante la Comisión de Ética de la Cámara.
• En enero de este año, Flores celebró la absolución del exteniente coronel Claudio Crespo en el caso Gustavo Gatica y aprovechó para reiterar, otra vez, su respaldo al indulto de Maturana.
• El patrón es consistente: cada vez que hay una vitrina pública, Flores la usa para reivindicar a quien mutiló a su colega.

Declaraciones hechas mientras Flores arrastra su propia causa judicial: la Fiscalía Regional de Valparaíso investiga desformalizadamente un esquema conocido como la “cuota Flores”, por el que habría exigido a asesores devolver parte de sus sueldos en efectivo, un esquema que —según la indagatoria— movió cerca de $300 millones. Campillai presentó un requerimiento ante la Comisión de Ética del Senado por ese caso en abril. Es la misma causa que Flores esgrimió el miércoles para decir que no tiene “nada que temer”.

Hay un dato más que la propia senadora Flores debería tener presente antes de hablar de electores “deficientes”: llegó al Senado con el 7,5% de los votos regionales, el margen más estrecho de los cinco cupos en juego, superando a su competidora más cercana por apenas unos tres mil votos. Ganó arrastrada por el desempeño de su compañero de lista, Andrés Longton. La senadora que acusa a los electores de votar mal por “deficiencia intelectual” debe su propio escaño, en buena medida, al arrastre ajeno.

La Mesa del Senado derivó el cruce a la Comisión de Ética, llamando a un trato respetuoso “en materias sensibles para el país”. Pero reducir lo ocurrido a un problema de tono es no ver lo esencial: una senadora de la República usó una discusión pública para insultar a la principal víctima civil del estallido social mientras pedía la libertad de quien la victimizó.

4

Estado de excepción en barrios: el nuevo nudo gordiano del Gobierno

Dayonis Orozco, miembro del Tren de Aragua, luego de ser extraditado desde Colombia (Imagen: Carabineros)

Más dudas que certezas. Eso es lo que dejó una de las principales medidas de la agenda contra del crimen organizado anunciada por el Presidente Kast, referida a la creación de un estado de excepción constitucional que permita la suspensión de algunas garantías constitucionales en poblaciones, barrios o incluso sectores rurales, así como el trabajo de las FFAA bajo la dirección de Carabineros.

• La medida no gusta en las FFAA, especialmente en el Ejército y la Armada, dado -entre otros factores- el enorme gasto que les significa, y que el año pasado llevó al Ejército a hacer público su problema de presupuesto.

De fondo, existe la sospecha de que se quiere sacar las castañas con la mano del gato y que quienes terminarán asumiendo los costos serán los uniformados, y se cita lo que sucedió con los dos funcionarios de la Armada que dieron muerte a un comunero, al sur de Cañete, y que fueron duramente perseguidos por la fiscalía, aunque la justicia terminó absolviéndolos.

• También asoma ahí la experiencia internacional, la más reciente de las cuales es Ecuador, donde la intervención militar en barrios y cárceles -bajo la excusa de un “conflicto armado interno”- no solo no ha logrado erradicar el crimen organizado, sino que además ha dado lugar a numerosas alertas por corrupción y por violaciones a los DDHH, lo que han denunciado organizaciones como Human Rights Watch.

La medida tampoco gusta en los centros de estudios. El Director del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la U. Andrés Bello, Pablo Urquízar, dijo en La Segunda que “es una medida que me parece compleja porque implica seguir profundizando una tendencia latinoamericana de incorporar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, desnaturalizando su función natural”.

• Más taxativo fue el exfiscal especializado en Crimen Organizado Andrés Cruz, Director del Observatorio en Política Criminal y Seguridad Pública de la Universidad de Concepción, quien aseveró a+Política que se trataba de una medida “de carácter netamente populista”, aseverando que la experiencia internacional es contraria a lo que implica “hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en un determinado territorio para los efectos de contrarrestar una criminalidad cuya naturaleza es completamente distinta de aquella para las cuales estas fuerzas armadas han sido preparadas para enfrentar”.

En ese sentido,  recordó que en general “se trataría de territorios de carácter urbano, densamente poblados, en los cuales la utilización del armamento de estas Fuerzas Armadas podría ocasionar un daño mucho mayor de aquel que se trata de prevenir, sin perjuicio de las situaciones de confrontación violenta”.

A su juicio, son mucho más efectivas y deseables “estrategias de infiltración o de otras características, que impliquen una intervención mucho más racional por parte del Estado y la inversión de los escasos recursos de los que disponemos para tratar de solucionar problemas de seguridad pública”.

5

Indultos a uniformados: el “muñequeo” de la derecha dura que incomoda a Kast

La ofensiva para otorgar un indulto general a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social dejó de ser un debate jurídico, para convertirse en una prueba política para el Presidente José Antonio Kast.

El conflicto escaló esta semana luego de que un grupo de parlamentarios elevara el tono. Sesenta diputados oficialistas solicitaron al Ejecutivo acelerar la asignación de indultos, a lo que se sumó la “Bancada por el Indulto General para FFAA y Carabineros”, integrada por un grupo de senadoras como Camila Flores (RN), Rodolfo Carter (Ind.-Republicanos) y Vanessa Kaiser (PNL), entre otros.

La instancia busca que el Ejecutivo respalde el proyecto impulsado por Kaiser, que no solo beneficiaría a quienes ya fueron condenados, sino que también pondría fin a los procesos penales aún en curso mediante el sobreseimiento definitivo de los uniformados involucrados.

Cabe mencionar que las condenas fueron dictadas tras investigaciones de la Fiscalía y sentencias firmes de los tribunales por delitos de violencia institucional, entre ellos apremios ilegítimos, torturas, lesiones graves y homicidios. Un indulto o una amnistía de carácter general supondría extinguir la responsabilidad penal establecida por la justicia respecto de esos hechos.

Consciente del impacto político de la decisión, el Gobierno confirmó que la revisión de antecedentes para eventuales indultos particulares se encuentra en su etapa final. Las primeras resoluciones, aseguran en Palacio, se conocerán en el corto plazo.

Sin embargo, la polémica abrió una grieta dentro del oficialismo. Tras la ausencia del tema en la última cadena nacional del Mandatario, desde Chile Vamos surgieron llamados a Republicanos y Libertarios para moderar la presión pública. El diputado Diego Schalper pidió “no torear” al Presidente.

La tensión refleja una disputa cada vez más evidente por la conducción política en la derecha. Lo que está claro, es que no será fácil para La Moneda “despejar el ruido” del sector que busca marcar el ritmo de la agenda identitaria.

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirnos a maspolitica@elmostrador.cl.