El proyecto que renovaría por completo el padrón electoral, donde menos del 10% es menor de 30 años, ha entrado en una etapa decisiva. En otras palabras, se legisla contra el tiempo una iniciativa cuyo primer paso se dio hace dos años. Por la aversión al riesgo en el Congreso y el gobierno. A continuación los hitos de este vía crucis.
“Lo veo muy difícil, es un proyecto muy complejo que modifica cerca de 100 artículos y hay que revisarlos”, sentencia el diputado Germán Becker. El parlamentario RN preside la comisión de Gobierno Interior y Regionalización, una de las últimas estaciones en el vía crucis que ha sido la tramitación del proyecto de ley para implementar la inscripción automática y el voto voluntario.
No es exagerada la analogía religiosa teniendo en cuenta el júbilo de todos los sectores políticos cuando el 27 de marzo de 2009, se promulgó la reforma constitucional que permite el voto voluntario.
Sólo dos párrafos. Primero en el artículo 15 de la Carta Fundamental: “En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario”. Y luego en el artículo 18 de la misma: “Una ley orgánica constitucional contemplará, además, un sistema de registro electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por el solo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución”.
Con esta reforma se daba un paso significativo para incorporar unos 4 millones y medio de personas al padrón electoral. Gente con derecho a voto pero que no está inscrita.
Los números del Servicio Electoral (SERVEL) dicen que el padrón de votantes en Chile es de 8 millones 100 mil personas. Y ni uno más. El número no ha aumentado, sino disminuido porque son más las personas que se mueren, que las que se inscriben.
Sólo 613.443 personas del total, tienen menos de 30 años.
[cita]La respuesta a esta indicación tan aparatosa está no sólo en el despacho de Larroulet, que en todas sus intervenciones públicas se ha mostrado a favor de aprobar el proyecto cuanto antes, sino también en el Servel. La explicación del organismo que dirige hace más de dos décadas Juan Ignacio García, hermano de un ministro de Pinochet, para establecer un plazo tan extenso, parece una maraña burocrática digna de novela rusa. [/cita]
Más fácil es ganarse la lotería que encontrar algún político diciendo que esta situación de padrón envejecido “es buena para la democracia”, sino todo lo contrario. Por eso, podía parecer creíble que la ley, necesaria para implementar la reforma, se aprobaría rápidamente.
Pero no. El proyecto de ley “sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones” (Boletín 7338-07) ingresó al Congreso más de un año después, en diciembre de 2010.
“Hay un discurso favorable, pero para la galería. Lo que existe es una clase política con aversión al riesgo. Nadie legisla en contra de su actividad laboral”, dice el abogado Cristóbal Bellolio, integrante del movimiento Red Liberal y uno de los 100 firmantes de una carta para presionar la aprobación del proyecto, que como lo dijo Germán Becker corre el serio peligro de no aprobarse en el tiempo suficiente para empezar a regir en las próximas elecciones municipales.
Aunque tiempo hubo y desde hace meses, el proyecto ha tenido “suma urgencia” en distintas ocasiones, lo que subyace es el miedo en la clase política a no saber cómo y por quién va a votar esa masa de nuevos electores, muchos de los cuales protagonizan las movilizaciones callejeras de los últimos meses.
El diputado Pepe Auth, jefe de la bancada PPD y constantemente requerido como experto electoral, dice que pasado los meses “lo que hay es resignación, porque la ley se va a aprobar ahora y es mejor que veamos como funciona ahora, en las municipales, que con la presidencial y parlamentaria encima”.
Sin embargo, el camino ha estado lleno de trampas, o baches. Testigos de la discusión dicen que en principio los parlamentarios de la Concertación tuvieron una “coartada” perfecta para retrasar la aprobación. “Con el artículo sobre el voto de los chilenos en el extranjero se pensó que el gobierno no apoyaría el proyecto y asunto arreglado”, dice un parlamentario de oposición.
Pero el sufragio de chilenos en el exterior se aisló en otro proyecto y la discusión siguió su curso, hasta comienzos de este año, cuando las movilizaciones estudiantiles prendieron la alarma, esta vez en el gobierno.
Precisamente en la oficina del ministro Cristián Larroulet. Una fuente de la Segpres reproduce un comentario en el entorno del ministro, quien estaba preocupado por no convertirse “en el responsable de un Transantiago 2”. Esto por la inestabilidad que podía acarrear el voto termocéfalo de la calle, o que al menos no se puede monitorear con certeza.
El gobierno presentó una indicación para incluir en el artículo 9º de la ley, que contempla la entrada en vigencia de la ley, 330 días después de su promulgación.
Aquí está la gran trampa. Por eso, la ley tiene que despacharse como máximo el 30 de noviembre, para estar vigente el 2 de diciembre y coincidir con el plazo del 28 de octubre de 2012 en que están programadas las elecciones municipales.
La respuesta a esta indicación tan aparatosa está no sólo en el despacho de Larroulet, que en todas sus intervenciones públicas se ha mostrado a favor de aprobar el proyecto cuanto antes, sino también en el Servel. La explicación del organismo que dirige hace más de dos décadas Juan Ignacio García, hermano de un ministro de Pinochet, para establecer un plazo tan extenso, parece una maraña burocrática digna de novela rusa:
“El proyecto de ley contempla modificaciones a las leyes N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios; 18.460, Orgánica Constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones; 19.884, sobre Transparencia, Límite y control del Gasto Electoral; 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos; 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”, dice un comunicado de la Subdirección y continúa:
“En ese contexto, el plazo considerado para la entrada en vigencia de la ley respectiva, contempla la ejecución en etapas de los distintos procesos necesarios para llevar a cabo la elaboración del padrón electoral indubitado. Dentro de esos procesos se distinguen: incorporaciones, notificaciones, auditorias, reclamaciones, actualizaciones y depuración, que deben cumplirse en plazos determinados”.
Por último se explica que:
“Es de considerar que el establecimiento del Padrón Electoral y del Registro Electoral en su momento tiene estrecha relación con las leyes ya citadas y los plazos previos que ellas mismas establecen con ocasión de los procesos eleccionarios. Luego, se trata de concordar todas las leyes que conforman el sistema electoral público”·
Y como si fuera poco, se apunta a la ley que permite el cruce de datos entre el Servel y el Registro Electoral. “Finalmente, cabe agregar que la ley que facilita la inscripción electoral, llamada ley corta, aún no ha sido publicada”, agrega.
Cristóbal Bellolio asegura que “son puras chivas lo de los plazos, si el texto en general ya está aprobado. Bolivia se demoró 70 días en hacer su nuevo padrón electoral”, dice.
Y efectivamente, el proyecto se aprobó en el Senado el 15 de noviembre. Pero para diputados como Germán Becker, “el proyecto necesita revisarse y aún tiene que pasar por el Tribunal Constitucional que no va a tardar menos de un mes”.
En cambio Pepe Auth, asegura estar dispuesto a “abandonar mi rol colegislador y votarlo prácticamente sin mirar, incluso postergando la semana distrital, sólo para que el proyecto se apruebe de una vez”, dice y asegura que su posición es compartida por varios de sus colegas en forma transversal.
Hasta ayer, la comisión de la Cámara responsable de apurar el trámite estaba ocupada sacando adelante el proyecto que implementa elecciones primarias y luego se detendría a analizar el relativo a la inscripción automática. La espera continúa.
