La información la entregó este miércoles el vocero del organismo, Jaime Rodríguez Espoz, quién explicó que se redistribuyeron diversas causas tras el fallecimiento del juez Víctor Montiglio.
La Corte Suprema se impuso un plazo máximo de dos años para cerrar todas las causas de violaciones a los derechos humanos que están pendientes ocurridas principalmente durante la dictadura militar (1973-1990).
La información la entregó este miércoles el vocero del organismo, Jaime Rodríguez Espoz, quién explicó que se redistribuyeron diversas causas tras el fallecimiento del juez Víctor Montiglio.
En declaraciones a Radio Agricultura, Rodríguez precisó que se han designado nuevos ministros «porque deseamos ponerle término (a los casos) dentro de un lapso de unos dos años aproximadamente».
No obstante, el portavoz del máximo tribunal chileno hizo hincapié en que los tribunales no se cerrarán a la posibilidad de que se sigan recibiendo demandas.
Los jueces recientemente designados son Patricia González, Miguel Vásquez y Adriana Sottovía, quienes se suman a los cuatro ya existentes, Alejandro Madrid, Alejandro Solís, Joaquín Billard y Jorge Zepeda.
Explicó que la ministra (jueza especial) Patricia González se hará cargo de las investigaciones del caso «Caravana de la Muerte» y las operaciones «Cóndor» y «Colombo».
La «Caravana de la Muerte» fue una comitiva militar que en 1973 ejecutó a varias decenas de prisioneros políticos en un recorrido por distintas ciudades del país.
En tanto, la «Operación Cóndor» fue una coordinación entre las dictaduras militares de los países del Cono Sur americano para asesinar opositores en los años 70 y 80.
La «Operación Colombo» consistió en un montaje creado para encubrir la desaparición de 119 opositores, la mayoría miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de quienes se dijo que habían muerto en purgas internas de esa agrupación.
Asimismo, el ministro Miguel Vásquez investigará la muerte del cantautor Víctor Jara, torturado y muerto a tiros por los militares, entre otras causas, que estaban a cargo de los jueces Jorge Joaquín Billard y Jorge Cepeda.
Rodríguez indicó que otros casos de violaciones a los derechos humanos quedaron bajo la tutela de la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Adriana Sottovía.
Los familiares de las víctimas de la represión militar se mostraron disconformes durante esta jornada, calificando como un retroceso la nueva distribución de los jueces en los diversos casos a investigar.
Según fuentes judiciales, en los últimos años se han recibido cerca de 700 procesos relacionados con delitos de tortura, todos ocurridos bajo la dictadura.
