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Domingo, 17 de diciembre de 2017 Actualizado a las 21:59

Debería pronunciarse esta semana sobre privacidad de emails

La decisión que pone en jaque al Consejo para la Transparencia

por 1 febrero, 2012

La decisión que pone en jaque al Consejo para la Transparencia
La aprobación o rechazo del carácter público de algunos correos electrónicos del ministro Larroulet marcará la línea futura de la entidad en torno a un tema que saca ronchas en el Gobierno. Y es que el acceso a emails institucionales abre una caja de Pandora con el que ninguna entidad pública quiere cargar. Por ello, los servicios y ministerios que fueron obligados por el consejo directivo anterior a entregar sus correos han hecho la guerra a esta línea, y que habría sido la causa de por qué La Moneda sacó de la presidencia de la entidad al abogado Raúl Urrutia (RN).

Esta semana el Consejo para la Transparencia deberá tomar una decisión clave. Decisión que dará luces sobre cómo viene la mano de esta corporación autónoma en torno a un tema que saca ronchas en el gobierno y que en este caso involucra directamente al ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet. Se trata de la aprobación o rechazo del carácter público de los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos por el ministro entre los días 18 y 21 de julio pasados, solicitados a la Segpres en julio del 2011 por el ciudadano Juan José Soto.

La pelea ha sido dura. Especialmente, porque desde la Segpres —encargada de la coordinación de los temas de transparencia de esta administración— decidieron no entregar ninguno de los emails requeridos al Consejo presidido por Alejandro Ferreiro, argumentando que todos son privados. Esto fue expuesto durante la audiencia pública donde se trató el caso el pasado miércoles 18 de enero.

Más allá que se hagan públicos o no estos emails en particular, lo que realmente se juega en este caso es la doctrina que asumirá el Consejo, de aquí en adelante, en un tema tan sensible para el Gobierno como es la publicación de los correos institucionales. Y es que su rechazo significaría un giro en 180 grados, ya que hasta la salida del ex presidente del Consejo, el abogado Raúl Urrutia, las decisiones adoptadas al respecto iban en la línea de transparentarlos.

Así sucedió con los correos exigidos por el periodista Patricio Segura de Patagonia Sin Represas a varios servicios sectoriales vinculados con la aprobación del proyecto hidroeléctrico HidroAysén. O con los documentos solicitados por el alcalde de Melipilla, Mario Gebauer, a la subsecretaría del Interior liderada por Rodrigo Ubilla que permitirían esclarecer por qué más de $300 millones destinados a la reconstrucción post terremoto habían sido devueltos.

Más allá de que se hagan públicos o no estos emails en particular, lo que realmente se juega en este caso es la doctrina que asumirá el Consejo, de aquí en adelante, en un tema tan sensible para el Gobierno como es la publicación de los correos institucionales. Y es que su rechazo significaría un giro en 180 grados, ya que hasta la salida del ex presidente del Consejo, el abogado Raúl Urrutia, las decisiones adoptadas al respecto iban en la línea de transparentarlos.

Este último caso abrió una guerra entre el Consejo y el Gobierno y habría sido uno de los motivos que gatilló la salida de Urrutia, quien junto a los abogados Juan Pablo Olmedo y Alejandro Ferreiro, votaron a favor de requerir al subsecretario Ubilla para que entregara la información. El único voto disidente fue el de Jorge Jaraquemada, que la semana pasada decidió abstenerse de participar en la decisión, ya que la Fundación Jaime Guzmán, que él dirige, tuvo anteriormente contratos con la Segpres.

Urrutia: cambio de postura “es la muerte de la transparencia”

Urrutia considera que “un cambio de postura del Consejo sería terminar con la transparencia de los órganos de la administración del Estado, ya que se argumentaría que todos los correos son reservados y el país y los chilenos no tendrían opción alguna de poder saber cuáles han sido los fundamentos por los cuales las autoridades tomaron una resolución”.

El abogado recalca que no discute que los correos electrónicos enviados por los empleados públicos sobre materias privadas “son reservados, pero cuando dicen relación con materias que son propias del ejercicio de la función pública que realizan son de conocimiento  general de todos los chilenos y es el Consejo a quien le corresponde determinar en casos específicos cuándo la autoridad invoca reserva o secreto (…) y no de la propia determinación de los empleados públicos a quienes se les solicita entregar información”.

Como el caso del subsecretario Ubilla que envió un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) a fines de diciembre para doblar la mano a la decisión del Consejo. O del propio Larroulet,  “que dice que todos los e mails son privados. Con eso se acaba la transparencia  en el país, porque todo lo van a hacer a través del email. Y la actitud que ha tomado el gobierno se contradice con lo que han manifestado públicamente de querer transparencia en el ejercicio de la función pública”.

Por otra parte, Urrutia recalca que acceder a correos electrónicos del aparataje estatal “es la única forma en que hoy día se realizan todas las actuaciones administrativas del Estado. Ya no existe el memorándum o casi se ha eliminado, por lo que el conocimiento de la forma en que va a actuar un determinado servicio o ministerio es precisamente a través de los correos. Si el consejo cambia la postura que ya habíamos tomado significa en definitiva que todos los actos de la administración del Estado pasarán a ser reservados, porque siempre se va a invocar que se hizo a través de un email. Es la muerte de la transparencia en Chile”. Y enfatiza que si el Consejo que presidía cambia de línea “ganó la postura de opacidad que se quiere implantar ante el país, ya que no quieren mostrar nada y, por lo tanto, el Consejo para la Transparencia deja de cumplir su función”.

Otras fuentes ligadas al sector señalan que si cambia el parámetro seguido hasta ahora, el Consejo enfrentaría además una compleja disyuntiva, ya que a la hora de ir a defender ante el TC la resolución en torno a Ubilla o ante la Corte de Apelaciones de Santiago —donde hay cinco reclamos de ilegalidad de servicios sectoriales por el caso HidroAysén— llegaría con una postura debilitada y contradictoria.

Por eso, en la señal que dará la decisión del Consejo, compuesto actualmente por Jaraquemada, Ferreiro y los reemplazantes de Urrutia y Olmedo —la ex ministra Vivianne Blanlot (PPD) y el abogado José Luis Santa María (RN)—, se juega mucho más que hacer o no públicos los emails de Larroulet.

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