Las regiones en pie de guerra - El Mostrador

Lunes, 11 de diciembre de 2017 Actualizado a las 10:49

El errático proceso de descentralización y el polvorín que duerme fuera de Santiago

Las regiones en pie de guerra

por 20 febrero, 2012

Las regiones en pie de guerra
Punta Arenas fue el síntoma, pero mucho antes vinieron las voces desde Arica y Valdivia. El centralismo es un tema que se ha resuelto a tropiezos en Chile y cada cierto tiempo se transforma en el peñasco en el zapato del gobierno de turno. Aysén sólo es uno de esos focos. Calama, por ahora, duerme; pero también es una olla a presión.

Durante la década de los ‘80 Silvia Aguilar (62), secretaria, compartió varias escenas con sus vecinos. Y algunas no le gustaban, entre ellas, las filas eternas en las bencineras. “A veces sólo quedaba una de turno y todos teníamos que esperar”. Otras veces, los cortes de luz eran un latigazo constante sobre la ciudad. “Y se demoraba un montón en volver. Más que en el resto del país”.

El relato de Silvia no es de Aysén ni de Punta Arenas. Es de Valdivia, mucho antes de que fuera la capital de la Región de Los Ríos. Ella, junto a un grupo de mujeres llevó adelante el comité provincial de Valdivia y dice saber lo que se siente cuando las ciudades se alejan de Santiago: “Yo creo que Aysén está sufriendo lo que nosotros sufrimos antes que Valdivia fuera región. ¡Y eso que ellos ya lo son! Y eso es, porque las autoridades no son diligentes, las regiones no tienen poder. Se habla mucho y no se cumple, y las expectativas de la gente se cifran en un desarrollo que nunca llega. Estar lejos de la capital no es un motivo para condenar a las personas al quinto infierno”, dice ahora, que disfruta los resultados de cortar calles y tomarse tantas otras, porque Valdivia, al menos, comenzara a salir de su estancamiento.

La misma batalla es la que dan ahora en Aysén. Similar discurso, expectativas y estrategias en un país donde se dan charlas de descentralización, hay expertos en el tema, se crean comisiones en el Parlamento, pero las cifras escupen en la cara la verdad. Sólo un ejemplo: la concentración de empresas en la Región Metropolitana alcanza el 42%, continúa la Región del Bío Bío con el 11%, Valparaíso con el 10% y las regiones del norte (Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo) tienen en conjunto el 11%, mientras que las regiones del sur (Araucania, Los Lagos, Aysén, Magallanes) poseen el 14% del total de empresas del país.

Los datos los entrega Cesia Arredondo, quien trabaja en el Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. “La descentralización es transferencia de algo y ese algo es principalmente poder hacia los ciudadanos, autoridades o entes territoriales para que tomen decisiones más cercanas a su realidad. Dicho poder se expresa en capacidad para elegir a sus autoridades (política), decidir sobre los recursos financieros (fiscal) en funciones, en competencias (administrativa), etc.”, dice Cesia, quien señala que hay una serie de concentraciones que también debilitan la autonomía de las zonas alejadas de la capital. “Otro aspecto relevante para avanzar a una descentralización real es realizar las reformas políticas: al binominal, a los partidos políticos, al financiamiento de campañas, etc. Todo lo que abra el abanico de poder hoy concentrados en unos pocos. Porque estos procesos no son aislados y si quieres descentralización real necesitas fortalecer a los territorios también”, señala.

El grito de Magallanes

Entre las demandas actuales de Aysén se cuentan la rebaja de los combustibles —ya que por ejemplo, el litro de bencina puede llegar a $1.100—, la regionalización de los recursos, así como la creación de una universidad pública de alta calidad, ya que la única opción que tienen los jóvenes para estudiar es salir de la región. También se pide un plebiscito vinculante que permita que la ciudadanía decida sobre temas relevantes para la región, como la construcción de mega represas.

La concentración de empresas en la RM alcanza el 42%, continúa el Bío Bío con el 11%, Valparaíso con el 10% y las regiones del norte (Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo) tienen en conjunto el 11%, mientras que las regiones del sur (Araucania, Los Lagos, Aysén, Magallanes) poseen el 14%.

Uno de los voceros del Movimiento Social por la región de Aysén, Patricio Segura, alerta sobre la dimensión de problema en el país:”El Estado centralizado es el que ha generado que no tengamos políticas diferenciadas para todo el país. No solamente tiene que haber política diferenciada para Isla de Pascua, Aysén o Arica. Tiene que existir para las distintas regiones, porque eso es lo que demandan las comunidades. Las regiones de Chile no son el botín ni la despensa de los grandes intereses económicos”, dice enfático.

Hace un año los magallánicos también se rebelaron. Haciendo un paréntesis en su pacífica rutina se organizaron y luego de una semana de movilizaciones —que tuvieron en vilo al Gobierno—, lograron paralizar el polémico anuncio de un alza de 20% del gas.

La “guerra del gas” se agudizó aún más después que el entonces ministro de Energía, Ricardo Raineri, anunciara que “se acabó la fiesta” de los magallánicos, provocando una ola de críticas. Sobre todo, porque quedó la sensación de que hablaba sin tomar en cuenta que la calefacción en la zona es vital y no se trata de un lujo: a veces hace tanto frío que incluso se pueden congelar las cañerías del gas natural, por lo que es necesario mantenerlas siempre funcionando, aunque sea al mínimo. Eso en verano. En invierno no tener una estufa es impensable.

La única forma de frenar las movilizaciones fue que el Gobierno diera pie atrás a la polémica alza y se comprometiera a enviar un proyecto de ley que estableciera un sistema de regulación de la tarifa del gas de Magallanes, para que existiera claridad y certeza al respecto. El compromiso era que estuviera tramitada antes del 30 de septiembre de 2011”.

“Hoy no hay ningún avance en materia de la ley del gas: todavía está en la cámara de diputados y jamás tuvo urgencia”, explica el senador por la zona, Carlos Bianchi. .

Los miembros de la Asamblea Ciudadana, que se convirtió voz de la rebelión de los magallánicos, consideran que en la práctica sus demandas no han sido respondidas. Para la secretaria de la organización, que agrupa a una veintena organizaciones, Marcela Baratelli “de partida el proyecto de ley del gas es malísimo, no responde en nada a nuestras necesidades ya que favorece la privatización. Ha sido rechazado no sólo por la Asamblea, sino también por los parlamentarios de la región, ya que no responde a las necesidades de los magallánicos”.

Marcela asegura que “la base del problema del conflicto del gas y todos los conflictos es que existe un exceso de centralismo que hace que se decida por nosotros cosas que tenemos absolutamente claras”.

Como ejemplo se refiere al incendio en Torres del Paine. “Estamos en profundo descuerdo cuando se habla de que se actuó con rapidez y que la culpa la tuvo el viento. Es cierto que a las 8 o 10 horas de iniciado el fuego se desató un tremendo temporal, pero al principio el fuego era relativamente pequeño. Ya son, desde el año’ 85, casi 50 mil hectáreas perdidas por incendios forestales y en vez de ampliar el presupuesto, lo reducen”. Y la decisión se toma en Santiago.

La mujer no entiende la lógica de que “4 ó 5 personas decidan por nosotros. Hay reclamos históricos”, que nadie responde. Al menos no como esperan.

"Hoy no hay ningún avance en materia de la ley del gas: todavía está en la cámara de diputados y jamás tuvo urgencia”, explica el senador por Magallanes Carlos Bianchi, respecto a la principal demanda que hizo levantarse a la región el año pasado.

"Hoy no hay ningún avance en materia de la ley del gas: todavía está en la cámara de diputados y jamás tuvo urgencia”, explica el senador por Magallanes Carlos Bianchi, respecto a la principal demanda que hizo levantarse a la región el año pasado.

Para el senador por Magallanes, Carlos Bianchi, esto devela que “existen dos Chile: el de Santiago y el de las regiones, fundamentalmente las extremas”.

El parlamentario considera que una de las grandes piedras de tope para el desarrollo de las regiones son “los instrumentos mal llamados leyes de excepción, que es un poco lo que señala la gente de Aysén, Calama y Arica. Hay un total incumplimiento del gobierno frente a estas materias que son incentivos de zonas extremas”. Entre estos incentivos se cuenta la Ley Austral, que contempla que a pequeños inversionistas obtengan devolución en impuestos.

Pero según Bianchi están obsoletos, ya que existen hace más de 30 años y no responden en absoluto a las necesidades actuales de la población. Por eso, considera: “una brutalidad mayor lo que dijo Larroulet acerca de que la solución era prorrogar estas leyes. Es no entender absolutamente nada de la situación”.

El año pasado, junto a diferentes organismos y otros senadores miembros de la Comisión de Zonas Extremas hicieron una gira a nivel nacional para socializar los instrumentos de excepción “y ver cómo contribuir con el Ejecutivo para mejorarlos”. Pero sus propuestas quedaron archivadas. “Hoy las demandas que hace Aysén son las mismas plasmadas en ese documento”.

Calama, el polvorín minero

“Entrar a Calama es como retroceder 40 años”, dice el alcalde de la comuna, Esteban Velásquez. El edil cuenta que hasta 2001 la cuidad fue un lugar de paso hacia el campamento de Chuquicamata, el asentamiento más cerca de la división de Codelco del mismo nombre. “Durante todo ese tiempo fuimos relegados a un papel secundario, sin alcanzar los estándares mínimos de una ciudad”, dice Velásquez.

El 2001 marca un punto de inflexión, porque Codelco decidió terminar con el campamento y trasladar sus habitantes hacia Calama, sumando 15 mil personas a una población que hoy bordea los 200 mil habitantes.

“Tuvimos que acogerlos sin que hasta ahora tengamos infraestructura suficiente, ni educacional ni hospitalaria o vial necesaria”, remata Velázquez.

A un gobierno le cuesta mucho entender la palabra descentralizar, pero va a tener que empezar a incorporarla. En nuestro caso, la propuesta de diciembre, fue un ultimátum, si no obtenemos una respuesta satisfactoria vamos a volver a movilizarnos y no dejaremos pasar una libra de cobre”, dice el alcalde de Calama, Esteban Velásquez.

Emplazada a 1.560 kilómetros de Santiago, poco menos que los 1.642 que separan a Aysén de la capital, tal como la ciudad patagónica, Calama es muy rica en recursos naturales.

En la zona se ubican dos de las divisiones de Codelco: Chuquicamata y Radomiro Tomic, que en conjunto producen 678 mil toneladas de cobre, más de la mitad de lo que genera la cuprífera estatal, según su balance a septiembre de 2011.

Una proyección hecha en la municipalidad, arroja que este cobre equivale a unos US$ 4.000 millones de utilidades. “De ese dinero, del cobre que se produce aquí no ha llegado un peso”, dice el alcalde.

A parte de la infraestructura, Velásquez menciona, además los serios problemas de contaminación de la ciudad, por estar muy próxima a las faenas mineras: “No es fácil vivir en Calama a más de 3.000 metros de altura, en un desierto inclemente y contaminado. Vivimos en un cementerio”, dice el edil. Como ejemplo está la población “Tucnar Huasi”, a sólo cuatro kilómetros de la mina Ministro Hales de Codelco. Contrasta con el alto nivel de vida por el que son conocidos sus trabajadores, especialmente cuando las compras con los bonos por término de conflicto atraen a la prensa capitalina.

No obstante, a mediados de 2011 la ciudad demostró que no estaba muerta. El 29 de junio del año pasado, la Asamblea Ciudadana, que había sido formada por distintos estamentos sociales dos años antes, convocó a un paro en la comuna.

La respuesta superó las expectativas de los organizadores. 20 mil personas en la calle, una caravana de 3.000 autos. Más la paralización del 100% del transporte, el 80% del comercio y un 60% de los servicios públicos, demostraron que la demanda de fondo, genera consenso entre los habitantes.

A mediados de 2011, Calama demostró que no estaba muerta. El 29 de junio del año pasado, la Asamblea Ciudadana, que había sido formada por distintos estamentos sociales dos años antes, convocó a un paro en la comuna. Fue un éxito.

A mediados de 2011, Calama demostró que no estaba muerta. El 29 de junio del año pasado, la Asamblea Ciudadana, que había sido formada por distintos estamentos sociales dos años antes, convocó a un paro en la comuna. Fue un éxito.

La demanda no es ni más ni menor que un porcentaje de las ganancias que la minería genera en la zona. Como referencia se ha calculado un 5% de las utilidades, tal como lo establecía la ley 11.828 vigente hasta 1974.

Sin embargo, en la propuesta que el alcalde y la asamblea hicieron llegar a La Moneda a través del ministro Rodrigo Hinzpeter, se consigna que el porcentaje puede discutirse.

El petitorio que Calama hizo llegar hasta el gobierno central se puede resumir en cuatro puntos. Primero, establecer una ley que otorgue recursos permanentes y directos de las utilidades del cobre a comunas productoras. Seguido, compensación por parte de Codelco, por el traslado del campamento de Chuquicamata, para mejorar condiciones urbanísticas de la ciudad. Asimismo, declaración de Calama como Zona Extrema y, finalmente, una compensación única de US$ 500.000.000 para superar brechas que permitan lograr un nivel básico de ciudad. Este monto único debe ser entregado a modo de compensación por los 34 años en que Calama no ha contado con recursos provenientes de las utilidades del Cobre.

El ultimátum

En este contexto de peticiones, Esteban Velázquez recuerda el compromiso de Sebastián Piñera durante la campaña de “establecer un fondo especial para las ciudades más abandonadas del norte, tenemos grabaciones de audio y video que así lo prueban”, dice.

En diciembre fue la ocasión más reciente en que las autoridades de Calama tomaron contacto con el Ministerio del Interior para abordar el petitorio. Según cuenta Velásquez, el compromiso de Hinzpeter fue ofrecer una propuesta en marzo de este año.

Antes, en agosto, se formó una mesa de diálogo con el Intendente que según el alcalde “no produjo ningún resultado”.

“A un gobierno le cuesta mucho entender la palabra descentralizar, pero va a tener que empezar a incorporarla. En nuestro caso, la propuesta de diciembre, fue un ultimátum, si no obtenemos una respuesta satisfactoria vamos a volver a movilizarnos y no dejaremos pasar una libra de cobre”, dice enfático y revela un antecedente que podría traer más reclamos a la calle: “Actualmente estamos conformando un frente con otras comunas del norte”, concluye.

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