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La Moneda a lo casino online: apuesta a ganador con reforma al sistema político

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Andrés Cárdenas Guzmán
Por : Andrés Cárdenas Guzmán Periodista El Mostrador
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El acuerdo fue construido a lo largo de dos administraciones y llega a su fase final con un respaldo transversal ya probado. El Ejecutivo busca ahora acelerar su despacho y proyectar ese desenlace como una señal de capacidad de acuerdo.


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La suma urgencia que el Gobierno volverá a poner este martes a la reforma del sistema político tiene una explicación legislativa evidente: La Moneda quiere despacharla durante septiembre. Pero detrás del acelerador hay también una apuesta política. En Palacio ven la posibilidad de convertir un consenso parlamentario prácticamente maduro en una señal de gobernabilidad, capacidad de acuerdo transversal y conducción, justo cuando José Antonio Kast enfrenta fisuras en su propio sector y sus niveles de aprobación rondan uno de sus pisos desde que llegó al Ejecutivo.

Fuentes conocedoras de la estrategia del Gobierno señalan a El Mostrador que la reactivación de la reforma será uno de los movimientos políticos relevantes de La Moneda durante estos días. El cálculo tiene un elemento a favor: no se está acelerando un proyecto cuyo destino sea incierto. La comisión mixta resolvió por unanimidad el 31 de agosto la única discrepancia pendiente y el grueso de la iniciativa ya fue aprobado por Cámara y Senado.

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, confirmó a este medio que la suma urgencia ingresada por el Ejecutivo el 11 de agosto ya venció. La que se hará presente ahora abre, por tanto, un nuevo impulso para el tramo final. La intención declarada es cerrar la tramitación durante septiembre.

Y las señales desde el Congreso apuntan en esa dirección. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), confirmó a El Mostrador que pondrá el proyecto en tabla una vez concluida la semana regional, prevista para desarrollarse entre el 14 y el 18 de septiembre. Consultada sobre si el acuerdo unánime de la mixta dejó despejado el camino para su aprobación, respondió afirmativamente.

Eso sí, la reforma todavía tiene reparos, pero buena parte de ellos apunta a que se queda corta, más que a una ofensiva destinada a derribarla. Desde sectores opositores se reclama que no aborda suficientemente dimensiones como la participación de las mujeres o la crisis de confianza en los partidos; mientras en la derecha hay voces que quieren ir más lejos y reducir el número de parlamentarios. El texto, sin embargo, llega a las últimas votaciones con un respaldo transversal probado.

Una victoria disponible

Ese escenario ofrece a Kast algo particularmente útil: un resultado legislativo relevante con riesgo comparativamente bajo.

La reforma fue concebida durante el Gobierno de Gabriel Boric, impulsada por el entonces ministro del Interior Álvaro Elizalde y negociada durante más de un año en el Congreso. Kast no la convirtió inicialmente en una bandera de su administración. Ahora, con el acuerdo prácticamente cocinado, La Moneda está en condiciones de ponerle urgencia, acelerar su desenlace y participar políticamente de la fotografía final.

Fuentes gubernamentales explican que precisamente allí está parte de la señal que se pretende proyectar: capacidad para construir –y cerrar– acuerdos transversales en un Parlamento fragmentado, pero también gobernabilidad hacia el interior de una derecha que durante las últimas semanas ha exhibido diferencias sobre materias relevantes de la agenda presidencial.

El contexto no es menor. La última medición de Criteria situó este domingo la aprobación de Kast en 30%, tres puntos menos que la semana anterior, mientras su desaprobación escaló a 58%. Cadem, con una metodología distinta, lo ubicó en 36% de aprobación.

En ese escenario, un despacho transversal le permite al Ejecutivo mostrar algo concreto. Después de la compleja tramitación de la Ley Miscelánea –que expuso a los ministros a negociaciones voto a voto con una multiplicidad de bancadas e independientes–, la reforma política podría convertirse en otro de los grandes proyectos que La Moneda logra llevar a puerto durante sus primeros seis meses.

Fuentes cercanas al Gobierno sostienen que el momento resulta políticamente favorable: el Ejecutivo puede exhibir gobernabilidad a partir de una reforma diseñada, precisamente, para corregir la fragmentación que ha complicado su relación con el Congreso.

El contraste con seguridad

La jugada –según conocedores de la negociación– también contrasta con otra reforma prioritaria para Kast.

El mismo 31 de agosto en que la mixta destrabó por unanimidad el proyecto político, el Gobierno decidió bajar de suma a simple la urgencia de su reforma constitucional de seguridad, porque todavía necesita construir los acuerdos para aprobarla. El ministro García Ruminot justificó entonces el mayor plazo precisamente como espacio para negociar sus aspectos más controvertidos.

Son proyectos jurídicamente distintos: la reforma política modifica leyes –varias de carácter orgánico constitucional–, mientras la iniciativa de seguridad modifica directamente la Constitución. Pero políticamente ofrecen una fotografía nítida de las dos velocidades que está administrando Segpres: acelerar donde el consenso ya está construido y ganar tiempo donde todavía faltan votos.

Eso convierte a la reforma política en un pequeño termómetro de gobernabilidad. No porque pruebe por sí sola que Kast pueda replicar esa mayoría en sus proyectos más complejos, sino porque le permite mostrar que su administración es capaz de convivir con una iniciativa nacida bajo Boric, recoger acuerdos de la oposición y cerrar una negociación transversal.

Una señal democrática en una semana sensible

Hay además una coincidencia política que en el Gobierno observan con atención.

La reforma llegará a su tramo final durante septiembre y contiene, entre sus últimas materias discutidas, una norma que obliga a los partidos a expresar en sus declaraciones de principios la condena al establecimiento de un sistema totalitario, al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política y su compromiso con la probidad y la transparencia.

El contenido adquiere un valor simbólico adicional en la semana del 11 de septiembre, una fecha especialmente sensible para la discusión democrática chilena. Kast ya anunció que su Gobierno no realizará actos especiales por el aniversario del golpe de Estado y que mantendrá su agenda habitual.

La señal aparece, además, pocos días después del Foro Madrid, cuya realización en Santiago abrió diferencias incluso dentro del oficialismo y reactivó el debate sobre los límites del denominado “iliberalismo”. Evópoli había expresado reparos a la participación presidencial y dirigentes de Chile Vamos llamaron a Kast a cuidar el carácter institucional de su mensaje.

En ese cuadro, una fotografía de Republicanos, Chile Vamos y oposición aprobando conjuntamente reglas que condenan los sistemas totalitarios y la violencia política ofrece a La Moneda un contrapunto institucional especialmente útil. No borra esas discusiones ni convierte el texto en una reforma consensuada en cada uno de sus detalles, pero aporta una imagen difícil de conseguir en el escenario político actual.

Antes de Nueva York

La ventana también calza con el calendario presidencial. Kast prepara su primer viaje como Mandatario a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, entre el 22 y el 24 de septiembre. La Moneda ya trabaja en la delegación y el discurso que llevará ante el organismo multilateral.

Si el Congreso cumple con los tiempos proyectados, Kast podría llegar a esa cita internacional con otro despacho legislativo de peso en la mano y, sobre todo, con una reforma política aprobada mediante una mayoría que cruza las fronteras entre Gobierno y oposición.

Ese es el activo que La Moneda tiene ahora disponible. El consenso no nació en este Gobierno y los votos fueron construidos durante una tramitación que atravesó dos administraciones. Pero Kast está en posición de capitalizar su desenlace: tomar un acuerdo heredado, ponerle urgencia cuando el camino aparece despejado y convertir su aprobación en una señal propia de gobernabilidad.

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