El libelo se basa en el oficio del Estado Mayor General del Ejército, fechado el 28 de agosto de 2008 en respuesta a un requerimiento del ministro de fuero Alejandro Solís en la causa por Villa Grimaldi (Insunza Bascuñán y otros).
Una querella criminal contra la totalidad los funcionarios de la ex Dirección Nacional de Informaciones (DINA) durante la dictadura militar, presentó el abogado Boris Paredes ante la Corte de Apelaciones.
El libelo se basa en el oficio del Estado Mayor General del Ejército, fechado el 28 de agosto de 2008 en respuesta a un requerimiento del ministro de fuero Alejandro Solís en la causa por Villa Grimaldi (Insunza Bascuñán y otros).
El jurista fue acompañado de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, del abogado de DDHH y diputado Hugo Gutiérrez, junto a dirigentes de agrupaciones de DDHH.
El abogado Paredes explicó que se trata de “una querella para que se investigue a la DINA como organización criminal propiamente tal. A través de las diversas causas que se han investigado se ha llegado a la conclusión, -por los diferentes ministros, de manera aislada- que la DINA operó como un grupo de exterminio y como tal, creemos que todos sus integrantes son miembros de una asociación ilícita.
“Desde ese punto de vista se ha presentado una querella para que se investigue la participación de este grupo, y de todos sus integrantes –independiente de los demás delitos que hayan cometido- de la DINA, propiamente tal como asociación ilícita.
“Creemos que esto va más allá de una tesis del ministro Víctor Montiglio, hay diferentes magistrados que lo han planteado así, en el sentido de que nadie pertenecía a la DINA con desconocimiento y que cada uno ocupaba un lugar como un engranaje dentro de una gran maquinaria destinada a asesinar, a secuestrar y a torturar personas”.
Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD comentó: “si uno lee este documento oficial del Ejército de Chile, ve que en su nómina se encuentran connotados personeros de la derecha: un diputado (Rosauro Martínez), un alcalde (Cristián Labbé), profesionales, apellidos que nos parecen conocidos y que todos supimos en su momento de la impunidad en que han vivido durante estos más 30 años desde el golpe.
“La idea de la presentación de esta querella tiene que ver con perseguir, no sólo a aquellos que se han establecido casi como simbólicos, que es la estructura superior de la DINA, algunos nombres destacados de la CNI que se repiten, aquí hay sujetos, hay genocidas, hay asesinos, torturadores, cómplices de exterminio que hasta el día de hoy muchos sabíamos que podían tener participación en los crímenes contra la humanidad y que nunca habían sido investigados por estos delitos”.
“Si en Chile –o incluso en el mundo- alguien hoy día cree que quien participó de la DINA, de la CNI e incluso de cualquier aparato represivo de la dictadura, lo hacía en absoluto desconocimiento y sólo cumplían funciones administrativas es querer tapar el sol con un dedo. Quien perteneció a los aparatos represivos del régimen, sin duda es un genocida, criminal y asesino y no pueden ocupar cargos de representación ni desarrollar su vida en normalidad porque lo que tienen que hacer es ir a la cárcel como cualquier criminal en este país”.
El diputado Hugo Gutiérrez, agregó que “este es un documento oficial del Ejército que da cuenta de todos aquellos que integraron –hombres y mujeres- que formaron parte de la DINA, una organización criminal. En consecuencia, todos los que están en estos listados –entre los que aparecen incluso Augusto III Pinochet Hiriart- el hijo del dictador que pudo haber elegido una embajada durante la dictadura para haberlo pasado bien, él optó por integrar la DINA.
También aparece un diputado en ejercicio, aparecen supuestamente notarios, conservadores, alcaldes. Yo creo que todos los que formaron parte de esta dirección de inteligencia nacional, organismo de represión, organización criminal de la dictadura militar tienen que tener no sólo un reproche ético, que ni siquiera en una sociedad normal como la que hemos vivido lo han tenido. Es necesario que tengan también un reproche penal. Ellos formaron una organización criminal y por el sólo hecho de haber formado parte de ella tienen que tener un reproche sancionatorio por nuestra justicia.
Eso es lo que estamos pidiendo, que todos aquellos que integraron la DINA sean perseguidos penalmente y reciban la sanción por haber integrado una organización criminal”, concluyó el diputado Gutiérrez.
