El vicepresidente de la República puso énfasis en que la cuestionada medida, que obligó al comandante en jefe de la institución a pedir disculpas públicas, transgrede la Ley Antidiscriminación promulgada hace pocos meses por Sebastián Piñera. «Los reglamentos o esos protocolos simplemente hoy día son ilegales y deben ajustarse de forma inmediata a la ley», sostuvo.
El gobierno fue categórico este viernes a la hora de condenar un instructivo del Ejército que «recomendaba» no enrolar en sus filas a personas que «presenten problemas de salud física, mental, socioeconómica, delictual, consumidores de drogas, homosexuales, objetores de conciencia y testigos de Jehová».
Fue el vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, quien manifestó públicamente la molestia de La Moneda por dicho documento, el cual exigió sea anulado de inmediato, para que la institución militar se adecúe a la ley vigente.
«El documento me parece gravísimo, completamente injustificado, completamente desenfocado con la realidad actual de nuestro país y debe —inmediatamente— ajustarse a la norma de la ley antidiscriminación que el gobierno del Presidente Piñera promulgó hace pocos meses», precisó.
La autoridad incluso profundizó al respecto al plantear que «es un documento de tiempos absolutamente pasados, que no se condicen ni con la realidad ni con el ánimo que tenemos hoy día los chilenos, ni tampoco con una ley y, por tanto, punto final. Esos reglamentos o esos protocolos simplemente hoy día son ilegales y deben ajustarse en forma inmediata a la ley que promulgó el presidente Piñera», concluyó el vicepresidente Hinzpeter.
Más tarde, el ministro vocero Andrés Chadwick ratificó esta molestia ocasionada en el gobierno por el instructivo militar, al condenar su existencia.
«Como gobierno no compartimos y rechazamos categóricamente ese tipo de disposiciones contempladas en reglamentos internos del Ejército, es absolutamente contrario a las convicciones del Gobierno, a los principios y orientaciones que este Gobierno ha promovido y —al mismo tiempo— las observamos contradictorias con las políticas que ha fijado el alto mando del Ejército para sus orientaciones como institución, y además una disposición que contradice en términos esenciales las normas de nuestra nueva ley de antidiscriminación que ya está vigente en nuestro país», manifestó.
Un reportaje de Teletrece detalló que el polémico escrito que fue firmado por el general de la I División de Ejército, Cristián Chateau Magalhaes, el pasado 20 de febrero en Antofagasta.
El propio general Chateau argumentó en Canal 13 que el documento se firmó “en el contexto de las políticas para la selección y acuartelamiento del contingente (…) el espíritu que lleva a generar este documento es establecer ciertas disposiciones de seguridad para poder realizar ese proceso de selección y, más que nada, orientar a esas comisiones de selección”.
Pero fue el propio comandante en jefe de la institución, Juan Miguel Fuente-Alba, quien no sólo desautorizó al oficial, sino que pidió disculpas públicas por la polémica.
«Quisiera en esta oportunidad hacer pública como comandante en jefe del Ejército mis más sinceras disculpas a cualquier persona que se hubiese afectada en su conciencia por expresiones tan desafortunadas como las que se han colocado en un documento interno del Ejército», dijo.
Además indicó que «yo quiero que el pueblo chileno tenga confianza en el Ejército. En este sentido, quiero que tengan la certeza que en el Ejército no hay discriminación de ninguna naturaleza y en eso he sido enfático en señalarlo y también lo he señalado en las unidades, en regiones con el personal, en las reuniones con los mandos que reciben regimientos y en los generales que integran el Alto Mando».
Sus dichos fueron posteriormente valorados por Chadwick, quien manifestó que «nos parece adecuado lo que ha señalado el comandante en jefe del Ejército recientemente, en orden a que se va a revisar de inmediato la adecuación de las normas internas y reglamentarias del Ejército para efectos de hacerlas plenas y totalmente compatibles y respetuosas de las normas de la ley antidiscriminación, cosa que es obligatorio para todas las instituciones públicas de respetar las normas de la Ley Antidiscriminación y no tener ningún procedimiento, ningún requisito, ninguna condición o exigencia que pueda vulnerar las normas antidiscriminación o de discriminación arbitraria que establece la ley», afirmó.
El ministro aseguró también que «esperamos que esto se haga a la brevedad posible, como lo ha señalado el ministro de Defensa (Andrés Allamand) y podamos tener los reglamentos internos plenamente adecuados y en conformidad a la ley antidiscriminación que nos está rigiendo».
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), si bien destacó los dichos del jefe castrense, consideró que la señal adecuada era separar de sus funciones al general Chateau. Y también disparó contra el ministro de Defensa, Andrés Allamand, al asegurar que fue el propio secretario de Estado quien les había asegurado que este tipo de situaciones no volverían a repetirse en las Fuerzas Armadas.
“Esto es gravísimo. Nosotros nos reunimos hace un par de semanas con el ministro de Defensa, Andrés Allamand, y él nos aseguró tajantemente que no había ninguna condición para que operara la discriminación por orientación sexual en las Fuerzas Armadas, que había un respeto pleno por los funcionarios y que no era posible en la actualidad una situación como esta. Y hoy día tenemos este instructivo que es de corta data”, sostuvo.
Allamand, en tanto, al igual que Hinzpeter y Chadwick, fue enfático al señalar que “la aludida disposición es frontalmente opuesta a la política del gobierno en la materia y también contradictoria con la propia doctrina institucional del Ejército, que prohíben toda norma que establezca criterios de discriminación, ya sea por razones socioeconómicas, ideológicas, culturales, religiosas, de orientación sexual y de cualquiera otra naturaleza”.
Y agregó que “el Ejército deberá adecuar estrictamente toda su normativa interna y su accionar institucional a lo dispuesto en la mencionada ley que ordena a todos los órganos de la administración del Estado elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona sin discriminación arbitraría el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”.
