Publicidad
Los ríos en Chile: tragedias recurrentes y una gestión ausente Opinión Constanza Ovalle/AgenciaUno

Los ríos en Chile: tragedias recurrentes y una gestión ausente

Publicidad
Jaime Hurtubia
Por : Jaime Hurtubia Ex Asesor Principal Política Ambiental, Comisión Desarrollo Sostenible, ONU, Nueva York y Director División de Ecosistemas y Biodiversidad, United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi, Kenia. Email: jaihur7@gmail.com
Ver Más

Los ríos son un espejo del modelo de desarrollo chileno: una naturaleza a la que se le niega importancia, se la domestica con obras muchas veces mal concebidas y se la abandona a su suerte cuando el cálculo económico lo exige.


El Mostrador Fuente Preferida

¿Usted sabe cuántos ríos hay en Chile? El número es extraordinario y se debe a nuestra peculiar geografía.

Son varios cientos. Algunos cortos y esporádicos, en el norte y otros muy caudalosos hacia el sur.

¿No le resulta paradójico, entonces, que hasta ahora, amenazados por tragedias recurrentes, no hayamos puesto en práctica una gestión ambiental integral de los sistemas fluviales?

La triste realidad es que los ríos han sido históricamente marginados en la planificación territorial chilena. Es una deficiencia histórica que atraviesa transversalmente a todos los gobiernos pasados y presentes, a todo el espectro político y a toda la población chilena sin excepción.

Durante el siglo XX, el paradigma ingenieril predominante relegó a los ríos a la función de meros canales de desagüe destinados a ser rectificados, encauzados y sepultados bajo hormigón.

Diversos estudios demuestran que el río Mapocho, que atraviesa Santiago, ejemplifica esta lógica. Entre las décadas de 1920 y 1960 su cauce fue reducido, sus riberas impermeabilizadas y sus humedales laterales eliminados para facilitar la expansión urbana.

Este tipo de intervenciones se ha replicado en Viña del Mar, Concepción, La Serena y otras ciudades que han experimentado una explosión urbana en los últimos 30 años.  Esto ha resultado en una extracción masiva de áridos de los ríos, frecuentemente sin fiscalización, desestabilizando los lechos fluviales y comprometiendo la capacidad natural de los ríos para disipar la energía de las crecidas.

De esta forma, se eliminaron los servicios ecosistémicos de los ríos y el resultado es que la vegetación ribereña ya no cumple su papel insustituible para amortiguar la velocidad del escurrimiento, retener sedimentos y estabilizar los márgenes. La gran mayoría de nuestros ríos han dejado de ser un corredor biológico y se han convertido en vectores de riesgo y tragedias.

La ocupación urbana o agrícola de las llanuras de inundación —terrenos que, por geomorfología, pertenecen al río durante sus pulsos extraordinarios— ha sido la regla, no la excepción.

Ante la ausencia de una gestión racional de los sistemas fluviales, poblaciones completas, predominantemente de escasos recursos, se han asentado sobre lechos de crecida; pero también industrias y parcelas de alto valor se han instalado en terrazas fluviales históricamente inundables. El resultado es que tenemos un cóctel predecible: cuando llega la lluvia torrencial el río reclama su espacio y lo que la sociedad denomina “desastre natural” no es sino la respuesta esperable de un ecosistema natural violentado.

En este sentido, los ríos son un espejo del modelo de desarrollo chileno: una naturaleza a la que se le niega importancia, se la domestica con obras muchas veces mal concebidas y se la abandona a su suerte cuando el cálculo económico lo exige. La crisis que vivimos estos momentos debido a los sistemas frontales, antes que un problema hidrológico, es un conflicto por no respetar la ciencia del medioambiente y los límites biofísicos que ella señala, algo que los inversionistas inmobiliarios, los economistas y los ingenieros aún no han aprendido a incorporar en sus cálculos y proyecciones (tampoco los partidos políticos, en particular los legisladores y sus asesores, que sufren de serias carencias en estas materias).

Nuestra relación con los cursos de agua se ha transformado

Nuestro clima mediterráneo, con inviernos húmedos y veranos secos, ha configurado en el norte y centro norte un paisaje de ríos que se alimentan principalmente de lluvias, que alternan sequías con crecidas.

Al respecto, es preciso subrayar algo fundamental para entender la tragedia que vivimos estos días: durante las últimas décadas, nuestra relación con los cursos de agua se ha transformado. Hoy predomina la combinación de una mega sequía, con eventos de precipitación extrema asociados al fenómeno de El Niño y a ríos atmosféricos de categoría 4 y 5. Vivimos una época de crisis climática sin precedentes, negada por quienes hoy ostentan el poder político. Mala cosa.

Las inundaciones que están ocurriendo ahora se ilustran mejor a escala de cuenca: ríos como el Limarí, Claro, Huasco o el Elqui, cuyos caudales invernales suelen ser modestos, multiplicaron su volumen en menos de 24 horas a causa de un río atmosférico que descargó más de 200 mm de lluvia en tres días y otros que le duplicarán o más, en los próximos cuatro días. Los puentes colapsaron y localidades como Alto del Carmen, Paihuano, Rivadavia, Vicuña, La Serena, entre otras, han quedado aisladas, y kilómetros de infraestructura vial están dañadas por aluviones e inundaciones.

En estos eventos, la sorpresa y la indignación ciudadana contrastan con lo que los científicos nos advirtieron: los modelos de cambio climático proyectaron hace años para Chile una concentración de las precipitaciones en eventos cada vez más frecuentes e intensos, intercalados con sequías más prolongadas, pero muy pocos pusieron atención y dieron crédito a esta advertencia.

Esperemos que hoy los políticos y los negacionistas por fin tomen nota de la transformación de los ríos secos en crecidas peligrosas contra la población. Ojalá esta tragedia les deje claro que tal transformación lejos de ser una rareza estadística ha pasado a ser la nueva normalidad climática. ¿Por cuánto tiempo lo recordarán?

Somos un país atravesado por ríos que se transforman

Una de las particularidades de la hidrografía chilena es la existencia en el centro norte y norte de cientos de cauces intermitentes que permanecen secos durante años y que, con lluvias intensas asociadas a El Niño se convierten en torrentes capaces de destruir todo a su paso.

En la zona central y el Norte Chico abundan este tipo de quebradas: los valles del estero Yerba Loca, San Ramón, Macul o la Quebrada de la Plata en la Región Metropolitana, o los innumerables afluentes secos del Maule, el Mataquito, el Limarí, el Huasco, el Elqui, etc.

En el 2020, un estudio acerca de los impactos de El Niño nos señaló que en la precordillera andina, donde las pendientes son empinadas y las cenizas volcánicas impermeables, el agua de lluvia puede llegar a escurrir con velocidades superiores a los 5 m/s, arrastrando sedimentos, troncos y rocas que multiplican el poder destructivo.

Los efectos catastróficos de los desastres de 2017 en el Cajón del Maipo, las inundaciones de junio y agosto de 2023 que anegaron extensas áreas de las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble, la sucesión de emergencias en la cuenca del Mapocho y lo que ocurre hoy en el Norte Chico son ejemplos de estas deficiencias de gestión, y no son meros accidentes climáticos.

Lo indecente e inmoral es que, aunque las quebradas están identificadas como peligrosas en los mapas geológicos, la presión inmobiliaria, la debilidad de las direcciones de obras en las municipalidades y la falta de ordenamiento territorial han hecho posible la edificación en su cono de deyección.

Son el producto de un proceso acelerado de cambio climático y décadas de abandono de los ríos y sus ecosistemas ribereños, y por una planificación territorial rendida al mercado inmobiliario. Todo ello agravado, desde la elección de Kast, por una obstinación política de las derechas que tiene como objetivo debilitar los instrumentos de protección ambiental.

Ejemplos que Chile podría adaptar

Para enfrentar las inundaciones, nuestro país puede aprender de otras naciones con clima mediterráneo. En los ’90, California diseñó baipás fluviales para devolverle al río parte de su llanura de inundación. El Yolo Baipás, por ejemplo, recibe el exceso de agua del río Sacramento, protegiendo la ciudad y recargando acuíferos. California también restauró bosques ribereños y compró servidumbres ecológicas para limitar la construcción en llanuras aluviales. Integrar infraestructura sostenible con la tradicional reduce riesgos y genera beneficios económicos, sociales y ambientales.

España creó “espacios de movilidad fluvial” prohibiendo la construcción en plataformas fluviales y reforestó riberas con especies autóctonas. Ciudades como Zaragoza, Valencia y Murcia integraron parques inundables y drenaje sostenible. Australia, con clima mediterráneo en el sur, lidera las “ciudades sensibles al agua”. Melbourne redujo la escorrentía superficial con humedales artificiales, jardines de lluvia y corredores verdes, mejorando la calidad del agua y mitigando la isla del calor urbano.

Estos ejemplos comparten un denominador común: la convicción de que la resiliencia hídrica requiere una ordenación de cuencas de largo plazo, una sólida institucionalidad ambiental y un enfoque económico que internalice los servicios ecosistémicos de los ríos. Chile tiene las condiciones técnicas, los profesionales y los recursos para replicar estas experiencias. Lo que falta es voluntad política y una ciudadanía informada y movilizada que exija un cambio.

¿Cuál es nuestro contexto? Muy por el contrario, lo que tenemos es un ministro de Vivienda y Urbanismo que se mofa de la protección de los humedales; carecemos de un plan nacional de restauración fluvial; mantenemos un Código de Aguas, verdadero monumento jurídico del neoliberalismo, que privatizó los derechos de aprovechamiento separándolos de la tierra y del ciclo hidrológico, lo que ha impedido establecer caudales suficientes para el mantenimiento de los ecosistemas fluviales; y hemos tardado décadas en aprobar —y aún no implementar cabalmente— una Ley Marco de Cambio Climático (la Ley 21.455, de 2022).

La interrogante, entonces, no es si existen soluciones viables, las hay. La pregunta crucial es: ¿Por qué el Gobierno de Kast, que aspira a conseguir un crecimiento económico perdurable, se empeña en ignorarlas?

Una economía sustentable nos enseña que el crecimiento que se mide exclusivamente por el Producto Interno Bruto es una ficción cuando los desastres destruyen sistemáticamente el capital físico y natural. Pretender que un país puede crecer a tasas del 4 o 5 por ciento mientras cada año los desastres climáticos extremos (incendios, marejadas, inundaciones, aluviones, trombas, temporales, etc.) arrasan viviendas, puentes, autopistas y cosechas es la “ilusión contable” de un ministro de Hacienda que ninguna administración responsable debería seguir alimentando.

La mediocridad y perversidad del negacionismo

Si algo revelan los desastres climáticos de los últimos años es la mediocridad de una actitud política que ha hecho del negacionismo su bandera. Hoy adopta la forma sutil de una postergación permanente: se admite retóricamente que el clima está cambiando, pero se bloquea toda medida que pueda afectar sus rentabilidades.  Es probable que en un par de semanas, las derechas atribuyan la catástrofe climática a “la falta de limpieza de los cauces” y a “los permisos que entrampan las obras de defensa fluvial”, evitando cualquier mención al cambio climático o al ordenamiento territorial.

Esa actitud no es ignorancia; es una estrategia para desviar la atención de las responsabilidades y para preservar un modelo que externaliza los costos a los más vulnerables.

El negacionismo es, además, perverso porque las obras de reconstrucción y los contratos de emergencia suelen ser captados por las mismas empresas que, antes de la tragedia, presionaron por la desregulación.

La industria inmobiliaria que levanta condominios en plataformas fluviales y otras zonas de riesgo no asume los costos de los rescates ni de la demolición de viviendas colapsadas, esos costos se socializan: Los paga el Estado o sea, todos los chilenos.

La gran agricultura o la minería que extraen agua sin control no indemnizan a los ribereños que pierden sus casas cuando el río desborda. También paga el Estado. El círculo es vicioso: el negacionismo impide la prevención y la catástrofe se convierte en una nueva oportunidad de negocio. Todo esto tiene que cambiar.

En conclusión, enfrentamos una encrucijada que definirá nuestra seguridad hídrica y territorial para las próximas generaciones. Los desastres de hoy son el producto de un largo historial de abandono de los ríos, de ocupación de las llanuras aluviales y de un marco institucional que ha sido sistemáticamente minado por las políticas de las derechas.

La obsesión por el crecimiento económico, medida en términos de PIB, ha enmascarado la destrucción del patrimonio natural, y cada evento climático extremo revela la fragilidad del modelo de crecimiento impulsado.

Mientras no comprendamos que los ríos son un ejemplo elocuente del descuido de la naturaleza y que las tragedias hidrometeorológicas recurrentes constituyen la evidencia irrefutable del fracaso del negacionismo, seguiremos pagando con capital natural la ilusión de un crecimiento, que por ser insostenible, se diluye.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Publicidad