Se trata de una sección que dejaría al descubierto vínculos íntimos y favores obtenidos por políticos, parlamentarios y funcionarios públicos, relacionados con los jerarcas del enclave, encabezados por Paul Schaefer.
Abogados y parlamentarios exigieron este jueves que un juez levante el secreto en que ha mantenido durante siete años un archivo de la Colonia Dignidad que podría desvelar una red de protección que por décadas posibilitó los delitos cometidos por los jerarcas del enclave alemán.
Según señalaron diversas fuentes, se trata de un informe de la Jefatura de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre 36.000 fichas incautadas en junio de 2005 en un búnker descubierto en la Colonia, a 380 kilómetros al sur de Santiago.
El juicio está a cargo del juez Jorge Zepeda, que desde entonces ha mantenido el informe bajo secreto, porque el proceso es tramitado bajo el antiguo sistema procesal penal, que permitía «el secreto del sumario», es decir de la fase de investigación del caso.
«Me parece muy extraña la conducta que el juez ha mantenido respecto de esas fichas», dijo un ex miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que pidió reserva de su identidad.
«A los jueces no les corresponde decidir si un documento debe ser o no declarado secreto. Eso pertenece al ámbito de la Inteligencia Nacional», subrayó el experto, mientras integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dijeron que gestionarán ante la Corte Suprema que una copia del informe les sea entregado para analizarlo.
La Colonia Dignidad, creada en 1961 por el exsubficial nazi Paul Schaefer, fue descrita como «un Estado dentro de otro Estado» por el ex Presidente Patricio Aylwin, debido a la impunidad con que actuaban sus dirigentes.
La «Sociedad Benefactora Villa Baviera», como la llamaban sus cabecillas, actuaba al margen de las leyes chilenas, sin que ningún gobierno anterior a 1990 lograra mellar los secretos ocultos en sus 16.000 hectáreas de extensión.
Después se conoció que el lugar fue usado para torturar y asesinar a opositores a la dictadura de Augusto Pinochet y que Paul Schaefer era un pederasta que violó y abusó de decenas de niños.
Al morir en prisión en 2010, Schaefer estaba condenado a casi 30 años de cárcel por las violaciones de niños y por poseer un arsenal de armas de guerra y químicas.
La semana pasada, varios colaboradores de Schaefer fueron condenados como cómplices o encubridores de esos abusos.
Durante años, quienes lucharon por la erradicación del enclave han sospechado que una red de funcionarios, jueces, políticos y empresarios protegía a Schaefer y estiman que las fichas que guarda el juez pueden ser claves para desvelar dicha trama.
Los diputados Tucapel Jiménez, Sergio Aguiló y Hugo Gutiérrez, coincidieron en considerar «insostenible» que el juez Zepeda continúe ocultando este dossier.
«Los chilenos necesitamos saber cuáles son los secretos que contienen estas fichas. Y si hay allí nombres de autoridades públicas que conformaron una red de protección a Colonia Dignidad, definitivamente queremos saber quiénes son», dijo Tucapel Jiménez.
«Por ello, como Comisión de Derechos Humanos vamos a pedir a la Corte Suprema que se nos entregue una copia», añadió.
Según Sergio Aguiló, en las fichas «puede existir información que permita aclarar crímenes de la dictadura, pero también antecedentes sobre otros delitos que deben ser investigados».
Para Hugo Gutiérrez, que es también abogado de derechos humanos, «además de conocer cuáles son los misterios que contienen estas fichas, queremos saber bajo qué argumentos el juez ha mantenido oculto por siete años este informe, negando su conocimiento incluso a las partes en los procesos contra Colonia Dignidad».
Según fuentes cercanas al caso que pidieron también reserva de identidad, algunas partes del fichero podrían convertirse en una «bomba política».
Se trata de una sección que dejaría al descubierto vínculos íntimos y favores obtenidos por políticos, parlamentarios y funcionarios públicos, relacionados con los jerarcas del enclave, encabezados por Schaefer, entre ellos el médico Hartmut Hopp, que huyó en 2011 a Alemania; Gerd Sewald, encargado de confeccionar las fichas, Albert Schreiber, Kurt Schnellenkamp y Hans Jürgen Blanck.
También existe un apartado que contiene declaraciones de presos políticos obtenidas bajo tortura en Dignidad, donde junto con los alemanes operaron agentes de la policía secreta de Pinochet.
Hasta ahora, el juez ha negado el acceso al informe a las partes litigantes en los procesos contra Dignidad, e incluso puso el documento bajo el amparo de la Ley de Inteligencia Nacional, considerándolo «secreto de Estado».
El informe ha sido negado incluso al Consejo de Defensa del Estado, querellante en los juicios contra los alemanes por crímenes de lesa humanidad, estafa, fraude al fisco, evasión tributaria, violación sodomítica, tenencia ilegal de armas y productos químicos mortales, contratos simulados y contrabando.
Según las fuentes, una parte del archivo fue salvado del allanamiento de 2005. Se trata de cintas con filmaciones y fotografías de personalidades públicas manteniendo relaciones sexuales con menores.
Un sacerdote que pidió no ser identificado y que hace algunos años recibió esta información en confesión, dijo que el feligrés le reveló que esa era una de las formas en que los alemanes ejercían chantaje a cambio de protección.
