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«Enajenación Mental» evita que Francisco Javier Errázuriz enfrente a la justicia

Ayer el Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu determinó el sobreseimiento temporal y parcial del empresario, que según la investigación del Ministerio Público estaba perfectamente al tanto de la situación en la que entraban al país y trabajaban en su fundo una centena de paraguayos, reclutados con la promesa de ganar dinero suficiente para ayudar a sus familias. Pero no todo está perdido, el ex candidato podría ir a tribunales si en los próximos meses nuevos exámenes determinan que su salud ha mejorado.


«Los informes no son tan categóricos», dice una fuente de la Fiscalía Regional de O’Higgins, respecto de los exámenes, emitidos por el Servicio Médico Legal y el hospital Clínico de la Universidad de Chile, que determinaron la “enajenación mental” de Francisco Javier Errázuriz. De hecho, en la audiencia de ayer se determinó que el sobreseimiento del proceso contra el empresario es solamente temporal. Es decir, la causa penal podría reanudarse si exámenes posteriores determinan que la salud de Errázuriz ha mejorado.

Aunque no es el fin del caso, para la Fiscalía la resolución adoptada ayer es un serio retroceso en su intención de enjuiciar a Errázuriz por el delito de trata de personas con fines laborales. La investigación provocó que en noviembre del año pasado junto al empresario, fueran formalizadas dos personas más: María Paz Guerra, abogada que trabajaba para Errázuriz y Blas Cardoso Bogado, ciudadano paraguayo que actuaba como reclutador de las personas que eran traídas para emplearse como temporeros.

En esa oportunidad el ex candidato presidencial no se presentó al tribunal. Justo antes fue hospitalizado de urgencia en la Clínica San Carlos de la Universidad Católica.

En esa oportunidad, los médicos determinaron que Errázuriz tenía “un trastorno bipolar mixto», (..) crisis de angustia, trastorno de stress agudo y observaciones de dependencia de benzodiacepinas».

“Todo pasaba por él”

Según fuentes allegadas a la investigación, se logró determinar que Francisco Javier Errázuriz estaba al tanto y tenía el control de las actividades que se realizaban al interior de su hacienda en la Sexta Región. “Él articulaba estas actividades, todo pasaba por él”. Por tanto sería él el autor de los supuestos delitos, y las demás personas formalizadas hasta ahora podrían ser acusadas sólo como cómplices. Por eso, al interior de la fiscalía, consideran tan vital poder continuar el proceso contra Errázuriz y en ese contexto, la noticia del sobreseimiento parcial a favor no es una victoria final para la defensa del empresario.

[cita]Según fuentes allegadas a la investigación, se logró determinar que Francisco Javier Errázuriz estaba al tanto y tenía el control de las actividades que se realizaban al interior de su hacienda en la Sexta Región. “Él articulaba estas actividades, todo pasaba por él”. [/cita]

En los próximos dos o tres meses, la Fiscalía pedirá al Servicio Médico Legal que monitoree la salud del empresario para determinar si ha recuperado su estado de salud para enfrentar un juicio.

Todo comenzó en mayo de 2011 cuando Norma Mendoza, Zunilda Rodríguez y Gabriel Rosquín, todos ciudadanos paraguayos, se acercaron a la gobernación de la provincia de Cardenal Caro para denunciar las condiciones de trabajo en el campo de Errázuriz. Todos ellos según determinó la investigación, entraron a Chile como turistas, algunos de ellos incluso portando cartas de invitación. Pero en verdad llegaban a trabajar motivados por la posibilidad de enviar dinero a sus familias en Paraguay.

Sin embargo, según denunciaron en la ocasión, el sueldo era mucho menor, incluidos los descuentos por pasaje y alimentación. Además permanecían incomunicados y según determinó la PDI en un operativo posterior a la denuncia, vivían en condiciones de insalubridad y hacinamiento, tal como mostró un reportaje de Contacto.

El hijo de “Fra Fra», Francisco Javier Errázuriz Ovalle, después de la formalización en 2011 acusó un complot del Ministerio Público: “La Fiscalía le pagó, le ofreció a los 150 paraguayos dos millones de pesos a cada uno para hacer sus declaraciones. De esos, 50 aceptaron hacer declaraciones en contra y se fueron a Paraguay. Nosotros no creíamos que la Fiscalía y el gobierno iba a chantajear y extorsionar a 150 personas de forma tan descarada», dijo.

Los querellantes contra Errázuriz son el Ministerio del Interior y el Instituto de Derechos Humanos.

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