Autoridad respondió en su momento que no habían hechos concretos para iniciar una investigación.
Ya en el año 2011 ingresaron al Mineduc dos peticiones hechas por académicos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. En ellas se solicitaba a la cartera que fiscalizara a diversas universidades privadas para ver el cumplimiento de la ley que exige a estos planteles funcionar como personas jurídicas de Derecho Privado y sin fines de lucro.
Uno de los fundamentos de la acusación constitucional que pesa sobre el ministro de Educación, Harald Beyer, es la abstención que tuvo de realizar las gestiones y dar curso a “procesos administrativos y/o judiciales ante denuncias hechas por particulares o autoridades administrativas”. Esto en referencia a dos denuncias presentadas por un grupo de abogados de la Universidad de Chile al Mineduc en 2011 y que hacen mención al lucro en las universidades, el tema que más dolores de cabeza ha provocado a la administración de Sebastián Piñera.
La primera de las denuncias, realizada por los académicos de la Escuela de Derecho de la U. de Chile Carola Canelo, Miguel González y Joaquin Polit, es del 2 de septiembre de 2011 y en ella se le pide a la cartera de Educación fiscalizar el cumplimiento de la ley que exige a las Universidades Privadas funcionar como personas jurídicas de Derecho Privado y sin fines de lucro. Todo esto enmarcado dentro del artículo 64 de la Ley general de Educación (DFL2 2010).
La petición de los profesionales se pedía aplicar sanciones a los centros de estudios superiores que persigan el lucro, entre las que se cuenta el de revocarles el reconocimiento oficial o bien cancelar la personalidad jurídica.
En esa oportunidad, una de las involucradas en la denuncia, Carola Canelo, aseguró que la petición al Mineduc se había producido porque es la obligación legal de dicha cartera fiscalizar el cumplimiento de la ley por parte de las universidades privadas, advirtiendo que al no cumplir con su deber, “la Cámara de Diputados puede acusar constitucionalmente al ministro Beyer por no velar en el cumplimiento de la ley en materia educacional”. Frase que resultó premonitoria a la luz del libelo acusatorio que ingresó a la Cámara de Diputados ayer para iniciar el trámite contra el titular de Educación.
La otra denuncia presentada ese mismo año corresponde al 19 de octubre, la cual fue interpuesta por el también académico de la escuela de Derecho de la U. de Chile, Eric Palma, quien en su escrito expone que “Contrariando la normativa legal y estatutaria se ha configurado el hecho económico del negocio universitario cuyos rasgos característicos son los siguientes: 1°. Los miembros del directorio de una universidad participan en la creación de sociedades mercantiles de todo tipo que prestan servicios a dicha universidad o le arriendan los inmuebles en los que ella realiza sus actividades; 2°. Los socios de estas sociedades mercantiles vinculados a la universidad deciden vender a un tercero sus derechos en dichas sociedades; 3°. Terceros, ya sea personas jurídicas o naturales chilenas o extranjeras, compran dichas sociedades y pasan a formar parte de los miembros de la corporación universitaria con derecho a adoptar resoluciones que inciden en la marcha de la universidad”.
La petición era para fiscalizar a las universidades Santo Tomás; Universidad de Viña del Mar; Universidad del Mar; Universidad Uniacc; Universidad Central de Chile; Universidad de Las Américas; Universidad San Sebastián y Universidad Pedro de Valdivia.
Además, llama la atención que entre las diligencias pedidas por los académicos se incluía invitar a declarar a Beyer, “quien en declaraciones a la prensa ha señalado que ciertas universidades pertenecen a holdings, a fin de que ponga en conocimiento del Ministerio y del CNED la información que le permitió realizar estas afirmaciones”.
A pesar que cada vez que se le solicitó al ministro Beyer investigar el lucro en la educación, la declaración fue siempre la misma: dicha cartera necesita de denuncias concretas para poder efectuarlo y que es fundamental una superintendencia con más atribuciones.
En tal sentido, la propia Canelo desmintió al ministro en una entrevista a radio ADN en julio pasado, afirmando que sí había denuncias concretas presentadas ante el Mineduc para investigar el lucro en las universidades privadas. “No hemos recibido ninguna respuesta. Fue solicitado esto en septiembre del año pasado, cuando el ministro de Educación era el abogado Felipe Bulnes. No recibimos respuesta del señor Bulnes, y luego, el 25 de junio de este año, estando como ministro de Educación el señor Beyer, pedimos cuenta y a la fecha no hemos recibido respuesta del ministro Beyer”, señaló en esa oportunidad.
Además, la académica contradice la tesis que se planteaba desde el Mineduc respecto a que la cartera no tendría facultad alguna de fiscalizar, ya que sostiene que “ha habido una falacia muy grave, en el sentido de que muchas personas, incluso autoridades, han dicho que no hay una autoridad, que el ministro de Educación no tendría facultad de fiscalizar, lo cual es absolutamente falso. Incluso se ha dicho que se requiere un proyecto de ley para crear una Superintendencia de Educación Superior para que ésta tenga facultades, lo cual también es falso”.
La académica explica que sí existe la norma que obliga al ministerio de Educación a investigar las denuncias presentadas contra universidades privadas que infrinjan la ley, estableciendo además sanciones que van desde la revocación del reconocimiento oficial o la caducidad de su personalidad jurídica.
Los académicos de la U. de Chile no vieron respuesta alguna a sus peticiones hasta 10 meses después de presentadas las denuncias. El Mineduc envió un mail a los abogados firmado por el propio jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte -también cuestionado en el causa por las irregularidades en la CNA-, en el que señala que el requerimiento se traduce en un cuestionamiento global al sistema educacional superior del país sin contener hechos concretos para iniciar una investigación.
Incluso más, la cartera explica que la incorporación de nuevos socios a las corporaciones universitarias, que aporten capital, no se traduce en un acto contra la ley.
La respuesta dada por el ministerio no dejó conformes a los abogados, quienes en esa oportunidad aseguraron que tanto el Mineduc como Beyer desconocen la ley, porque “se niega a fiscalizar y a dar curso a las diligencias concretas solicitadas”. Sin embargo, la contestación del Mineduc se refiere sólo a la primera denuncia presentada por abogados, pero la que fue ingresada por Eric Palma y José Ojeda, no ha habido respuesta alguna a la fecha.
