Cronograma de los cambios de estrategia del ministro que lo complican de cara a la acusación constitucional
La historia comenzó así: el ministro aseguraba que no había denuncias formales. Incluso al ex presidente de la FECh, Gabriel Boric, se lo dijo claramente: “No hay universidades que lucren de acuerdo a la ley”. Luego vino el informe de la comisión de la Cámara y Beyer lo ninguneó, restándole validez, una situación que comenzó a cambiar hacia fines de 2012 cuando los cuestionamientos al ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, estallaron en Palacio. La Universidad del Mar se convirtió en el ícono de un modelo de educación en el que, sin cambiar lo medular de las reglas del juego, se acostumbraron a crecer la mayoría de las universidades privadas en Chile.
El miércoles 20 de marzo diputados de la oposición imprimieron un nuevo sello a la administración del ministro Harald Beyer como titular de Educación. Después de una anunciada acusación constitucional, ingresaron el libelo y subrayaron básicamente la desidia que tuvo el secretario de Estado para fiscalizar el lucro a pesar de los antecedentes que tuvo sobre la mesa: entre ellos, el informe del lucro y las denuncias de un grupo de profesores de la Universidad de Chile.
Pero la historia se cocinó tibiamente con meses de anticipación y la forma en que el ministro enfrentó uno de los temas que más incendió la calle de protestas, fue decisiva.
Antes de ser titular de Educación, en julio de 2011, Harald Beyer como subdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP), afirmaba que “las universidades con fines de lucro nunca van a ser buenas universidades”; un tema que nunca más tocó de la misma forma después de convertirse en ministro de Educación, en diciembre de ese mismo año.
Al comienzo de su administración, el lucro era un tema que parecía no existir y así lo dejó en claro Beyer cuando una de las primeras interpelaciones por el tema lo tocó de frente. A mediados de mayo del año pasado, después de terminar un punto de prensa en el Hotel Crown Plaza, luego de asistir a un seminario sobre los nuevos convenios de desempeño para los planteles, el entonces presidente de la FECh, Gabriel Boric, lo interpeló. La acción pilló por sorpresa a Beyer. El universitario le preguntó si los fondos, que son abiertos, irían a parar a las universidades que han estado lucrando en el sistema. La respuesta del secretario de Estado fue directa: “No hay universidades que lucren de acuerdo a la ley”.
“Fuera de este evento, en general nunca se refirió al tema”, recuerda Boric. Y cada vez que la prensa le preguntaba sobre la materia, la respuesta era siempre la misma: que mientras no existieran denuncias formales, el Mineduc no tenía atribuciones para fiscalizar. Es un discurso que Beyer también repitió en CNN, en agosto del año pasado, cuando dijo: “Proponemos asegurar que existan prohibiciones efectivas de lucro en las universidades, pero no tenemos antecedentes de que se viole la ley o no. Los instrumentos que tenemos para fiscalizar son muy débiles”.
[cita]En el primer trimestre del año pasado, la Universidad del Mar se transforma en un símbolo y a pesar de la fuerza de ese ícono, Harald Beyer insiste en alejarse de la situación de fondo. “Nosotros no podemos intervenir, los estudiantes tienen que demandar a la institución o quejarse al Sernac”, resuelve en octubre del año pasado ante las preguntas de la prensa.[/cita]
Cualquiera que le planteara el tema al ministro, sentía que sus palabras rebotaban contra un frontón. Había numerosas advertencias sobre el tema –que tampoco tomó en cuenta la Concertación–. Tan públicas, que incluso estaban impresas en un libro de la periodista y Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Mönckeberg. Sin embargo, otras denuncias de particulares, también llegaron hasta el Mineduc; y son esas las que también pesan hoy cuando acusan que no se investigó.
La primera de las denuncias, realizada por los académicos de la Escuela de Derecho de la U. de Chile Carola Canelo, Miguel González y Joaquín Polit, es del 2 de septiembre de 2011 y en ella se le pide a la cartera de Educación fiscalizar el cumplimiento de la ley que exige a las Universidades Privadas funcionar como personas jurídicas de Derecho Privado y sin fines de lucro. Todo esto enmarcado dentro del artículo 64 de la Ley general de Educación (DFL2 2010).
En la petición de los profesionales se pedía aplicar sanciones a los centros de estudios superiores que persiguan el lucro, entre las que se cuenta el de revocarles el reconocimiento oficial o bien cancelar la personalidad jurídica.
En esa oportunidad, una de las involucradas en la denuncia, Carola Canelo, aseguró que la petición al Mineduc se había producido porque es la obligación legal de dicha cartera fiscalizar el cumplimiento de la ley por parte de las universidades privadas, advirtiendo que al no cumplir con su deber, “la Cámara de Diputados puede acusar constitucionalmente al ministro Beyer por no velar en el cumplimiento de la ley en materia educacional”.
El discurso de Beyer sobre el lucro se mantuvo inalterable en buena parte de su administración. Sus acentos como ministro han estado fundamentalmente puestos en avanzar –en cuanto a la fiscalización– en levantar la superintendencia.
Uno de los más fuertes remezones en relación al funcionamiento de las universidades que habían actuado sin coto hasta ahora, fue el escándalo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Se conocieron los vínculos del ex presidente subrogante del organismo, Luis Eugenio Díaz, con diversas instituciones y su eventual “apoyo” para que fueran acreditadas. Las interrogantes cayeron sobre la institución que debía visar a estos establecimientos. Se empiezan a conocer una serie de antecedentes que suman razones a la mala calidad de las universidades privadas en Chile. Se ventila públicamente el contrato entre Díaz y la U. del Mar, acreditación por la que recibiría 60 millones de pesos.
Era enero de 2012, y la Universidad del Mar empezaba a recibir los cuestionamientos públicos. En mayo de ese mismo año cae una bomba. El ex rector de esa casa de estudios, Raúl Urrutia, renuncia y acusa que se privilegia el lucro –a través del desvío de fondos a empresas inmobiliarias relacionadas– más que el proyecto académico.
Durante ese mismo mes el Mineduc comienza una revisión de estados financieros y estatutos; una auditoría que duraría cinco meses. La U. del Mar se transforma en el ícono del lucro, sin que las autoridades hagan una crítica de fondo al tema. De hecho, todavía estaba vivo el recuerdo del Presidente Sebastián Piñera, flanqueado por su entonces ministro de Educación, Joaquín Lavín, anunciando el Gran Acuerdo Nacional para la Educación (GANE) y la idea de debatir acerca de tener universidades con y sin fines de lucro. Es decir, no había intención de terminar con el tema, sino de legalizarlo.
En el primer trimestre del año pasado, la Universidad del Mar se transforma en un símbolo y a pesar de la fuerza de ese ícono, Harald Beyer insiste en alejarse de la situación de fondo. “Nosotros no podemos intervenir, los estudiantes tienen que demandar a la institución o quejarse al Sernac”, resuelve en octubre del año pasado ante las preguntas de la prensa.
Ya antes, el ministro de Educación había dejado claro lo poco que lo interesó el llamado “informe del lucro”, preparado por una comisión de la Cámara de Diputados. “Entendemos que hubo planteamientos respecto de que habría eventual lucro, pero nosotros no hemos recibido ninguna denuncia concreta, formal, que nos permita validar ese tipo de denuncias”, afirmó el secretario de Estado respecto del documento que menciona los casos de las universidades Santo Tomás, del Desarrollo, Uniacc, Las Américas, Andrés Bello, del Mar, Viña del Mar y el instituto AIEP.
“Beyer ha ido entrando en los temas en la medida que se ha visto obligado. Lo que le pasó fue que después de lo de la denuncia del rector Urrutia, empiezan a quedar en evidencia un conjunto de denuncias que antes eran genéricas. De hecho su rechazo al informe del lucro es muy claro en ese sentido”, dice el sociólogo de la Universidad de Chile, Alberto Mayol.
De todos los temas relacionados con la educación es éste, el del lucro, el que cala más hondo en el gobierno de Sebastián Piñera, pues tiene varias historias relacionadas con conflictos de interés en el sector, partiendo por los ministros Joaquin Lavín y Cristián Larroulet. El debate, además, revela su matriz ideológica y de intereses que cruzan todo el espectro político.
Hasta el año pasado, las cifras de inversión en educación demostraban que el 85 % del total lo financian las familias y el 15 % restante proviene del Estado a través, por ejemplo, de becas. En los países de la OCDE es totalmente al revés.
“Evitan entrar al debate mismo sobre el lucro, porque saben que implica retroceder en un área estratégica”, dice Francisco Figueroa, ex vicepresidente de la FECh, quien participó en los emplazamientos públicos a los ministros Joaquín Lavín y Cristián Larroulet por su relación con la Universidad del Desarrollo.
El discurso de Beyer cambió más decididamente casi a fines del año pasado, junto con el complejo escenario político que se creó para La Moneda cuando el ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, fuera cuestionado por sus vínculos con Luis Eugenio Díaz, quien está formalizado por delitos de cohecho y lavado de activos mientras se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, en 2010. Díaz realizó hasta mediados del año pasado una asesoría a Gendarmería. Antes, la Universidad Autónoma había sido acreditada por cinco años. Ribera era el rector de la universidad fundada por su familia y Díaz estaba a cargo del organismo que certificaba. El gobierno tenía una granada en sus filas que estalló en diciembre del año pasado, cuando se produjo la salida de Ribera.
El hecho creó un nivel tal de tensión, que el presidente de Renovación Nacional Carlos Larraín no tuvo reparos en hacer público el malestar con La Moneda y renunció a la presidencia de RN, renuncia que finalmente no se concretó.
Dos meses antes de la salida de Ribera, el tono había comenzado a modificarse al interior del Mineduc. Después de 5 meses de investigaciones que comenzaron en medio de las denuncias del ex rector Urrutia, el Consejo Nacional de Educación (CNED), aprueba la solicitud del Mineduc de cancelar la personalidad jurídica de la Universidad del Mar. Tras conocerse la información, Beyer ya no mandó a los alumnos al Sernac: “Queremos solicitar a los estudiantes y a sus familias, que tengan calma. Este no es un cierre inmediato. Nosotros nos vamos a preocupar por ellos, por garantizar que puedan titularse quienes estén en proceso de titulación y al mismo tiempo puedan ser reubicados en distintas instituciones de educación superior en Chile”.
“Centrar el tema en Díaz y en una universidad ayudó a construir un monstruo, un ente malo porque hay que evitar como sea que esto se vea como una falla sistémica. Evitamos hablar mal de otras universidades que podrían verse involucradas si hubiera la misma revisión. Esta discusión de la acusación incluso le conviene a Beyer porque está dentro del marco del análisis del sistema. Pero no le interesa combatir el lucro porque tocar el lucro es tocar el sistema tal como está construido. Estas universidades no existirían si no tuvieran fines de lucro”, asegura Mayol.
Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la CNA, asegura que “el prontuario” del ministro Beyer es suficientemente abultado como para que se justifique la acusación constitucional. “No ha hecho absolutamente nada para terminar con el lucro. Más bien ha hecho todo lo posible para que éste no sea investigado”, asegura y reflexiona sobre la única acción que Beyer llevó a cabo en relación a este tema: “Es claro que la investigación de la Universidad Del Mar la inició después de la renuncia del rector Urrutia, pese a que en marzo supo que Eugenio Díaz había recibido un pago por la acreditación. En ese momento, y no en junio, debió haber iniciado la investigación, la que finalmente hizo a regañadientes. No sé como tiene el descaro de vanagloriarse con que él es el primer ministro que ha investigado el lucro si se resistió, incluso, a investigar oportunamente a la UDM”, reclama Basso.
Basso también se queja porque el ministro tuvo en su escritorio por cinco meses la denuncia de lucro en la Universidad Santo Tomás “para finalmente sobreseerla pese a que el propio asesor que contrató, en sus dos informes, dijo que sí existía lucro… Aún no termina, después de 9 meses, la denuncia de lucro en la Uniacc. La ley lo obliga ser diligente y está muy lejos de serlo”.
Actualmente, la Fiscalía de Ñuñoa investiga a las universidades mencionadas en “el informe del lucro” y el miércoles formalizó al ex rector de la Universidad SEK, José Schroeder, por el eventual delito de soborno en el ejercicio de su cargo.
El Mineduc investiga a la Uniacc por el envío de un oficio de la CNA por préstamos entre empresas relacionadas sin cobro de intereses. A ello se han sumado nuevos antecedentes que han hecho que el proceso se extienda, por lo que le enviaron algunas preguntas a la universidad, que tenía como plazo a mediados de marzo para responder. En el caso de la U. Pedro de Valdivia, tras la formalización del ex rector de la institución, el Mineduc inició una investigación para determinar si es que el plantel ha cumplido o no las normas de funcionamiento de la institución de educación superior. Quien lleva esta investigación es la División de Educación Superior. A estas dos instituciones se sumó esta semana la Universidad SEK, ya que tras la formalización de su rector, el Mineduc solicitará antecedentes a la fiscalía.
Para una fuente que conoce de cerca el negocio, incluso estas investigaciones no buscan terminar de verdad con el lucro sino que dan cuenta de un aparataje comunicacional que se queda en la superficie. “Dudo que sea una coincidencia el que las universidades en contra de las cuales pesa todo el despliegue comunicacional de las autoridades sean de propiedad de grupos o personas que no pertenecen a la elite tradicional chilena. Esa del Opus, los medios y las universidades”.
