Los presidentes de la FECh y la FEUC, junto al ex secretario ejecutivo de la CNA, Patricio Basso, entregaron al fiscal Carlos Gajardo —que investiga el ‘caso Lucro’— una denuncia sobre la participación de funcionarios de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, presidida por el ministro de Educación, en la entrega del CAE a la mencionada universidad.
El fiscal Carlos Gajardo, quien está a cargo del ‘caso Lucro’ en las universidades, recibió de manos de los presidentes de la FECh y la FEUC, Andrés Fielbaum y Diego Vela, junto al ex secretario ejecutivo de la CNA, Patricio Basso, una denuncia sobre la eventual participación de funcionarios de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores —Comisión INGRESA— presidida por el ministro de Educación, Harald Beyer, en la entrega de fondos públicos: específicamente Crédito con Aval del Estado (CAE) a la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), pese a que ésta no estaba acreditada, condición exigida por la ley para el otorgamiento de este crédito.
“Lo anterior, de verificarse, supondría acciones ilegales en términos administrativos y podría configurar, entre otros, los delitos penales de fraude al fisco y malversación de caudales públicos”, sostuvieron este martes en conferencia de prensa.
En ese sentido, aclararon que la información fue solicitada al amparo de la Ley de Transparencia, tanto a la CNA como a la Comisión INGRESA. La respuesta la tuvieron este lunes:
“El 21 de noviembre de 2011, la Directora Ejecutiva de la Comisión INGRESA envió una carta al Secretario Ejecutivo de la CNA —a la sazón Patricio Basso— en la que solicitaba se le informara si era posible considerar como extendida la acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia, más allá del día 29 de Diciembre de 2011, fecha en que su acreditación expiraba, hasta que la CNA se hubiese pronunciado respecto de dicha acreditación, de modo de permitir a esta universidad participar del CAE del año 2012. La señora Contreras planteó, además, que en otras oportunidades se había prorrogado la acreditación a otras instituciones en situación similar”, detallaron
A esa consulta, prosiguieron: “El Secretario Ejecutivo de la CNA respondió, por escrito, antes de fines de Noviembre de 2011, indicándole que tal ‘extensión’ no era legalmente posible y que, revisados los registros de la CNA, no se había encontrado ningún caso en que se hubiese extendido la acreditación institucional luego de su expiración. El 04 de Enero de 2012 la Jefa de Área de Análisis y Estudios de la CNA, envió un mail al Gerente de Postulaciones y Estadísticas de la Comisión INGRESA adjuntando ‘el reporte solicitado de acreditación institucional y de las carreras de pedagogía y medicina’. En dicho reporte se señalaba que la Universidad Pedro de Valdivia no estaba acreditada. La misma información fue enviada el 9 de enero de 2012, mediante un oficio, al Jefe de la DIVESUP, don Juan José Ugarte, a petición de éste”.
“Es entonces claro que la CNA informó, tanto por mail como por carta, a través de su Secretario Ejecutivo y ministro de fe, que al 4 de enero de 2012 la UPV no estaba acreditada. De hecho, como consta en las actas de la CNA, a la fecha, la UPV no ha logrado aún su acreditación ya que ésta le fue rechazada, en primera instancia, el 4 de julio de 2012 y en reposición el 3 de octubre de 2012. Por su parte, la Comisión INGRESA informó que 836 alumnos de la UPV, que ingresaron a primer año el 2012, fueron beneficiarios del CAE habiendo solicitado un monto total de $ 1.394 millones de pesos”, enfatizaron.
En esa línea, hicieron hincapié en que en el número 5 del artículo 7 de la ley 20.023 que creó el CAE, señala que: “La garantía estatal de que trata esta ley, operará sólo para créditos destinados a financiar total o parcialmente estudios de educación superior que se realicen en las instituciones que cumplan los siguientes requisitos: (…) 5. Que se encuentren acreditadas en conformidad con el sistema de aseguramiento de calidad que establezca la ley”.
Por otra parte, “conforme al número 7 del artículo 22 de la ley antes mencionada, es deber de la Comisión INGRESA, presidida por el Ministro de Educación, 7. Verificar, en conformidad a lo dispuesto en esta ley y su reglamento, el cumplimiento de los requisitos de las instituciones de educación superior, de los estudiantes y de los créditos, para efectos de acceder a la garantía estatal.”
“A mayor abundamiento, el artículo 6 del Reglamento de la Ley N° 20.023, establece que la Comisión Nacional de Acreditación establecida por la ley que regule el aseguramiento de la calidad de la educación superior, deberá comunicar a la Comisión Administradora del Sistema de Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, dentro del plazo que ésta le señale en la comunicación que le envíe para tal efecto, las acreditaciones que haya otorgado a instituciones de educación superior, así como el plazo de vigencia de éstas, y aquellas que haya revocado”. Por su parte, el artículo 7 del mencionado reglamento establece que “Corresponderá a la Comisión verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos tercero y cuarto de este Reglamento, sobre la base de la información a que se refieren los artículos precedentes”, indicaron.
“En consecuencia, de los hechos descrito queda claro que el Secretario Ejecutivo de la CNA, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 20.023 y su reglamento, cumplió con informar, en tiempo y forma, que la UPV no estaba acreditada, no obstante lo cual la Comisión INGRESA, presidida por el Ministro Beyer, benefició con CAE a los alumnos que se matricularon en primer año de dicha universidad el año 2012, incumpliendo claramente la ley”, concluyeron.
Frente a estos antecedentes el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC, Diego Vela, manifestó que «hemos visto nuevamente que más de mil millones de pesos se van a los bolsillos de personas que están lucrando con la educación. Lo grave aquí es que otra vez somos los estudiantes los que estamos denunciando este tipo de hechos, cumpliendo las funciones que el ministro ha dicho que no tiene y que finalmente se ha demostrado que sí tiene y que le corresponde actuar».
El dirigente agregó que «por eso esta denuncia busca perseguir las responsabilidades penales y políticas del ministro Beyer» y puso énfasis en que «no necesitamos más compromisos de campaña, necesitamos acciones concretas que le aseguren a las familias que donde van a estudiar no va a ser un negociado, como ha sido el caso de la Universidad Pedro de Valdivia o de la Universidad del Mar, y que realmente vamos a lograr una reforma estructural en el sistema educativo que le asegure a todos que no va a ser impedido por esta complicidad que ha habido con el lucro, en especial este ministro de Educación».
Finalmente, Vela dijo que «por eso, este 11 de abril vamos a seguir marchando en las calles, porque hemos visto que no se está dando respuesta a los problemas que tenemos en la educación de este país y no se está asegurando que lo que prime sean los intereses de todos. Estamos viendo que los cheques en blanco que le hemos entregado a candidatos finalmente van a depositarse en los bolsillos de estos empresarios que lucran con la educación».
