Ante el clima extremo: una autoridad climática nacional

Los fenómenos climáticos extremos que afectan a nuestro país desde principios de año —temporales, inundaciones e incendios desde Villarrica hasta Iquique— son cada vez más frecuentes e intensos debido al calentamiento global. ¿Qué hacer para adaptarnos y mitigar daños y pérdidas? ¿Qué les corresponde a las comunidades, municipalidades, gobiernos regionales, al gobierno central y al Estado? La respuesta exige acción concertada, compromiso inequívoco y responsabilidad compartida.

La evidencia científica es clara y ya no admite dilaciones. El Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) concluyó que el cambio climáatico ha aumentado la frecuencia de las olas de calor, los temporales, las sequías y las condiciones meteorológicas favorables para incendios. Cada fracción adicional de calentamiento incrementa los riesgos.

En Chile, el propio Sistema Nacional de Acceso a la Información sobre Cambio Climático nos ha advertido de los impactos sobre la salud, infraestructura, agua potable rural, agricultura, turismo, energía y biodiversidad. La Ley Marco de Cambio Climático fijó como obligación del país alcanzar la carbono neutralidad y la resiliencia climática a más tardar en 2050. Por eso, con el tiempo que no juega a nuestro favor, ya no basta con administrar emergencias: se requiere anticipación, inversión sostenida, ciencia aplicada y liderazgo político. 

Si nuestro país pierde en promedio cerca de US$ 5.500 millones al año por desastres naturales, afectando las economías familiares de miles de chilenos, del Estado y empresarios: ¿Qué sentido tiene seguir tratando la seguridad climática como un asunto secundario?  Es evidente que estamos frente a un error estratégico. 

Así como el Estado debe enfrentar con decisión al crimen organizado, también debe robustecer la seguridad climática y asumirla como parte de la seguridad nacional. Prevenir desastres, adaptar ciudades y reducir vulnerabilidades no es ambientalismo accesorio: es proteger la vida, la estabilidad económica y la cohesión social del país.

Hasta ahora, la respuesta del Estado al clima extremo no ha sido preventiva ni suficientemente coordinada en lo social, técnico y político. Es hora de que las autoridades de gobierno y el Congreso comprendan que el país ya no enfrenta eventos aislados, sino una nueva normalidad de riesgos compuestos: ríos atmosféricos más intensos, isoterma cero más alta, inundaciones repentinas, sequías prolongadas, olas de calor, megaincendios, aluviones y fallas de infraestructura crítica.

La Dirección Meteorológica de Chile publica boletines anuales de eventos extremos, lo que confirma que el país dispone de información técnica suficiente para que el gobierno y los parlamentarios no continúen tratando estos fenómenos como sorpresas inevitables. La pregunta, entonces, no es si sabíamos, es: ¿Por qué seguimos reaccionando tarde?

Una Autoridad Climática Nacional

La ciudadanía necesita explicaciones claras sobre riesgos, medidas, brechas, responsabilidades y preparación para futuras emergencias. Hoy el gobierno suele reaccionar por episodios, con mesas de trabajo, vocerías y anuncios fragmentados, pero sin una conducción climática permanente que integre prevención, obras públicas, ordenamiento territorial, salud, vivienda, agricultura, energía y protección civil.

La conclusión es clara: necesitamos un director de orquesta, una Autoridad Climática Nacional con apoyo político transversal, capacidad técnica y respaldo presupuestario. Una institución capaz de entregar certezas a comunidades e inversionistas, ordenar al Estado antes de los desastres y evitar que el silencio institucional, la dispersión de vocerías y la competencia entre servicios comuniquen desorden y abandono.

Esto no significa desconocer la necesidad de revisar críticamente el tamaño, la eficacia y la pertinencia del Estado chileno. Por el contrario, el país necesita un Estado más austero, menos redundante y capaz de cerrar instituciones obsoletas, duplicadas o capturadas por inercias administrativas que ya no responden a los desafíos actuales. Pero precisamente por eso la discusión no puede reducirse a una consigna de achicar o agrandar el aparato público. La pregunta política de fondo es otra: qué capacidades estatales son prescindibles y cuáles resultan indispensables para proteger vidas, territorios, infraestructura crítica, actividad económica y cohesión social.

Desde esa perspectiva, la emergencia climática obliga a una excepción razonada. No se trata de crear burocracia por reflejo, sino de construir una capacidad de conducción hoy dispersa. Incendios, inundaciones, sequías, marejadas, olas de calor y otros eventos extremos ya no son episodios aislados: son una condición estructural de gobierno. Frente a ello, un Estado moderno debe anticipar, coordinar, invertir preventivamente, exigir estándares, ordenar responsabilidades y comunicar con claridad antes, durante y después de las emergencias.

Chile ya ha tenido suficientes advertencias. El megaincendio de Valparaíso de 2024, que afectó gravemente a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, evidenció la vulnerabilidad de las zonas de interfaz urbano-forestal, la presión de las olas de calor y las brechas de evacuación, información y respuesta. Los temporales de 2023 en la zona centro-sur mostraron que la infraestructura hidráulica, vial, habitacional y sanitaria no está diseñada para eventos de intensidad creciente. Los sistemas frontales de 2024 y los desastres de 2025 y 2026 confirman que la emergencia no es futura: ya está instalada en la vida cotidiana de comunidades, municipios, agricultores, empresas y servicios públicos.

El problema técnico es que Chile enfrenta riesgos climáticos interdependientes, pero los gestiona con herramientas institucionales fragmentadas. La prevención de incendios exige políticas forestales, planificación urbana, gestión de combustibles vegetales, fiscalización, educación comunitaria y capacidad operativa. La respuesta a inundaciones requiere información meteorológica, modelación hidrológica, obras de drenaje, manejo de cuencas, planificación de suelos, evacuación y rápida reposición de conectividad. La sequía compromete agua potable rural, agricultura, energía, ecosistemas y conflictos territoriales. Ninguno de estos problemas cabe en un solo ministerio, servicio o municipio; por eso se requiere una autoridad con mandato transversal, capacidad técnica estable y respaldo político suficiente.

La experiencia internacional apunta en la misma dirección. Los países que avanzan en adaptación climática no solo formulan planes: crean mecanismos permanentes para seguir su cumplimiento, financiar medidas, evaluar brechas y corregir decisiones. El enfoque de los Planes Nacionales de Adaptación promovido por el Acuerdo de París insiste en integrar la adaptación en las políticas públicas, los programas sectoriales y la planificación del desarrollo. La lección es clara: la resiliencia no se improvisa en una emergencia; se construye antes, con información, presupuesto, estándares, coordinación y rendición de cuentas.

Desde el punto de vista político, una Autoridad Climática Nacional permitiría ordenar la relación entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los municipios. Hoy buena parte de la primera línea de emergencia recae sobre alcaldes, equipos locales, bomberos, servicios de salud, escuelas, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias que muchas veces operan con información insuficiente y recursos limitados. Una institucionalidad robusta debería entregar mapas de riesgo actualizados, estándares mínimos de preparación, protocolos comunes, financiamiento preventivo y de emergencia, junto con una cadena clara de mando y responsabilidad.

También hay una dimensión económica ineludible. Cada desastre implica costos fiscales, pérdidas privadas, destrucción de viviendas, interrupción de servicios, caída de productividad, deterioro de infraestructura y aumento de primas de riesgo. La prevención suele ser menos visible que la reconstrucción, pero es más eficiente y socialmente más justa. Invertir en adaptación, alerta temprana, infraestructura resiliente, gestión territorial y protección de ecosistemas no es un lujo ambientalista: es una política de seguridad nacional, estabilidad presupuestaria y competitividad económica.

Por eso, si Chile decide avanzar en una Autoridad Climática Nacional, debe hacerlo con exigencias claras: mandato legal preciso, atribuciones de coordinación vinculante, independencia técnica, presupuesto plurianual, sistemas de información públicos, métricas de desempeño y obligación de reportar periódicamente al Congreso y a la ciudadanía. La excepción institucional solo se justifica si resuelve la dispersión actual y produce capacidades reales; de lo contrario, sería otra oficina más. Bien diseñada, puede ser una reforma de modernización del Estado orientada a prepararlo para el siglo XXI.

Tenemos un gran desafío y una agenda de enorme responsabilidad para las próximas semanas, meses y años. Distinguidas autoridades de gobierno y parlamentarios: seamos serios. Abandonen los espectáculos mediáticos y los tejos pasados. Dejemos la rayuela para cuando celebremos el 18, como el país lo demanda y merece.