Entregado al Mineduc en 2004
Hace unas semanas se hizo público un informe del Consejo Superior de Educación, el cual hace nueve años —cuando Sergio Bitar lideraba la cartera de Educación—, ya hacía fuertes cuestionamientos a la Universidad del Mar. Pero no fue el único plantel en la mira: la Universidad Santo Tomás, Las Américas y también el AIEP enfrentaban una abismante expansión, que según el CSE daba fuertes señales de estar jugando en contra de la calidad educativa. La recomendación no fue decretar el cierre pero sí ahondar las investigaciones, lo que jamás se materializó.
Los 18 mil alumnos de la Universidad del Mar que quedaron a la deriva tras el decreto de cierre emitido por el Ministerio de Educación (Mineduc), tienen dos alternativas para finalizar sus estudios: continuar en el plantel o ser reubicados en una nueva institución.
En este último caso y según orientación entregada a los estudiantes por el propio Mineduc, son dos las universidades que figuran como el principal destino para ellos, ya que poseen el mayor número de programas académicos compatibles: la Santo Tomás y la Universidad de Las Américas.
Pero la compatibilidad de programas no es lo único que tienen en común estas tres universidades. Todas, además del Instituto Profesional AIEP (hoy de la Universidad Andrés Bello), fueron analizadas en un informe realizado por el Consejo Superior de Educación (CSE) en 2004 a petición de la cartera liderada por Sergio Bitar, que también era presidente del CSE, a raíz de las impresionantes cifras de crecimiento en sus matrículas. La jefa de la División de Educación Superior (Divesup) en esa época era Pilar Armanet, la actual vicerrectora académica de la Universidad de Las Américas.
Tal como recuerda el entonces secretario ejecutivo del CSE, José Miguel Salazar, “al ministro le llamó la atención el crecimiento de algunas de estas instituciones y pidió que analizáramos estas situaciones para ver si ameritaba cerrar alguna. Nos hizo un encargo muy preciso: saber si habían dejado de cumplir sus objetivos estatuarios a propósito de su expansión”. Este es uno de los motivos por los cuales el Mineduc puede revocar el reconocimiento oficial de una institución de educación superior, luego de un informe del consejo y de escuchar a la institución afectada.
Pero, si bien hubo señales que encendían las alarmas, no se logró establecer fehacientemente la existencia de incumplimiento en los objetivos estatuarios, ya que, como señala Salazar, “aunque había indicios preocupantes de que existían problemas, la información que manejábamos no estaba validada, y no podíamos exigir a los planteles que nos entregaran los datos.En su época ni el Mineduc podía hacerlo, por eso después inventaron el SIES (Servicio de Información de Educación Superior). Nadie tenía facultad de pedir datos ni verificarlos. Si nos daban datos que no correspondían no podíamos exigirles que rectificaran”.
Un eje central del informe de 2004 apuntaba a la necesidad de impulsar cambios legales y de modos de operación: específicamente una reforma a la LOCE que facultara al Consejo para que llevara “a cabo un proceso más profundo de análisis en los casos en los que el Ministerio de Educación se lo solicite”. Asimismo la necesidad de impulsar que los estatutos de las instituciones de educación superior fueran mucho más precisos y detallados.
[cita]En el caso de la Universidad del Mar, hoy ad portas del cierre, las conclusiones del informe salieron a la luz pública a través de la prensa recién hace unas semanas, cuando se destacó que las primeras alertas sobre la compleja situación del plantel se dieron en 2004. Entre otras cosas, se señala que la existencia de elementos suficientes para sustentar la presunción fundada, de que su crecimiento desde su autonomía, ocurrida en enero de 2002, “se ha realizado con detrimento de la calidad de su actividad docente, lo que sugiere que se podrían estar contraviniendo algunos de los objetivos estatuarios”. [/cita]
“Nunca se produjo”, señala Salazar. Y si bien con el tiempo hubo avances en torno a la obtención de datos, recogidos por ejemplo en la Ley de Aseguramiento de la Calidad, aprobada en 2006, la situación de estos planteles en particular fue archivada, haciendo la vista gorda a una bola de nieve que bien podría estar explotando hoy: las tres universidades analizadas —la Santo Tomás, Las Américas y la del Mar— están siendo investigadas por el Ministerio Público en el caso del lucro en educación, ya que fueron parte de los planteles que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados señaló entre los que cometerían irregularidades al respecto.
Salazar señala que “con el tiempo se puede apreciar que esta expansión tan agresiva que tuvieron estas universidades quizás no correspondía solo a motivos educacionales o académicos, sino que habían otras motivaciones, como podría ser el tema del lucro”.
En el caso de la Universidad del Mar, hoy ad portas del cierre, las conclusiones del informe salieron a la luz pública a través de la prensa recién hace unas semanas, cuando se destacó que las primeras alertas sobre la compleja situación del plantel se dieron en 2004. Entre otras cosas, se señala que la existencia de elementos suficientes para sustentar la presunción fundada, de que su crecimiento desde su autonomía, ocurrida en enero de 2002, “se ha realizado con detrimento de la calidad de su actividad docente, lo que sugiere que se podrían estar contraviniendo algunos de los objetivos estatuarios”.
Pese a ello, el CSE señalaba la necesidad de un análisis más profundo de las condiciones reales en que operaba el plantel en sus distintas sedes. Pero no hubo eco.
Lo mismo pasó con las Universidades Santo Tomás, Las Américas y el AIEP, donde el CSE identificó preocupantes señales que hacían presumir que “los nuevos programas de estudio ofrecidos por algunas de estas instituciones podrían no tener un nivel académico adecuado, lo que podría representar una eventual contravención a los objetivos establecidos en los respectivo estatutos”.
El 23 de enero de 2003 la Universidad Santo Tomás obtenía la autonomía académica por parte del Consejo Superior de Educación, el mismo año en que el ex presidente de la UDI y actual senador Hernán Larraín era designado como representante ante la Junta Directiva del plantel, cargo que mantuvo hasta marzo de 2010.
Hasta ese momento la UST impartía 12 carreras en la única sede que tenía en Santiago y contaba con una matrícula de 4.944 alumnos, número que se duplicó un año después junto a la meteórica apertura de 10 nuevas sedes a nivel nacional.
El análisis que el CSE hace de este crecimiento en su informe de 2004, señala que “el acelerado proyecto de expansión (…) muestra aspectos preocupantes que los antecedentes disponibles al momento de la realización de este análisis no resuelven”.
Entre otros puntos, advierte que “resulta difícil de imaginar que, aún en el escenario más positivo posible acerca de la disponibilidad de recursos financieros y humanos, se pueda organizar una empresa de esta envergadura sin poner en peligro los estándares que sirvieron de fundamento para otorgar la autonomía a esta universidad”.
Recalcando además que, según el acuerdo que certifica la autonomía, uno de los principios que debía enfrentar la universidad estaba relacionado con una formación basada en los principios tomistas, lo que “debía redundar en la formación de profesionales con un sello propio que los diferenciaría de los egresados de otras instituciones. El acelerado proceso de expansión que está implementando la Universidad Santo Tomás podría poner en riesgo la efectiva materialización de estos principios en los procesos de formación académica”.
En vista de esto y para “emitir un juicio más concluyente, se deberían recolectar antecedentes actualizados sobre la forma en que se ha materializado el inicio de las actividades docentes en cada una de las 87 carreras, incluyendo la cantidad de alumnos matriculados, la dotación de profesores y sus respectivas jornadas de contrato, e información relativa a recursos de apoyo a la docencia, así como la infraestructura e instalaciones por sede”.
Ahora el plantel, que en 2012 ya contaba con 27.803 matriculados, es investigado por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena en el caso del lucro en educación, ya que es una de las instituciones que fueron apuntadas por la comisión investigadora sobre el tema en la Cámara Baja. Paralelamente, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Basso, acusó ante el Mineduc de lucrar a la UST, lo que fue desestimado por el ex ministro Harald Beyer. A diferencia de la Fiscalía, que recogió los antecedentes y continúa las indagaciones al respecto.
La Universidad de Las Américas obtuvo su autonomía el 30 de diciembre de 1997, cuando impartía 8 carreras en Santiago y su matrícula total ascendía a 1.558 alumnos.
Siete años después, en 2004, impartía más de 80 carreras en tres ciudades distintas y su matrícula ascendía a 15.701 alumnos: según constata el informe del CSE a partir del 2000 “la matrícula institucional prácticamente se duplica cada año”.
Según concluía el Consejo, no existían antecedentes suficientes que permitieran asegurar que la explosiva expansión del plantel “responde a un proceso debidamente planificado, en el que se han tomado los resguardos necesarios para conservar la calidad académica mostrada por la institución al momento de la certificación de su autonomía institucional”, lo que, señalaba el informe “se ve reflejado en las permanentes variaciones que ha experimentado el cuerpo docente, variaciones que no parecen corresponderse con un proceso debidamente planificado y presupuestado”.
Esto, resultaba “especialmente preocupante” para el CSE porque cuando se otorgó la autonomía al plantel, se la transmitió a Las Américas la necesidad de “fortalecer e incrementar su cuerpo académico con el objeto de lograr un desarrollo adecuado de su proyecto institucional, necesidad que no pareciera haber sido atendida por la institución”.
Igualmente, se le había señalado que “era conveniente que aumentara, paulatinamente, las exigencias de admisión, pues ello le permitiría contar con un alumnado más homogéneo en términos de sus capacidades académicas”. Sin embargo, explica el informe, el proceso de expansión “parece haber desatendido esta observación, pues no se advierte la existencia de una política institucional en este sentido”.
En la actualidad la Universidad de Las Américas no exige a sus alumnos rendir la PSU.
En la misma línea que lo recomendado en los casos anteriores, el CSE resaltaba la necesidad de un estudio en profundidad para establecer las condiciones reales de la docencia en la Universidad, “con acceso a las estadísticas completas sobre docencia y progresión de estudiantes, incluyendo las que se refieren al diseño de nuevas carreras y las condiciones de egreso de los alumnos titulados. Además, resulta necesario que se indague con acuciosidad los requisitos y condiciones de ingreso de que dispone la universidad y los mecanismos que implementa para asegurar el nivel académico de los alumnos que matrícula”.
Las Américas, que en 2012 ya alcanzaba los 31.228 y que desde 2000 forma parte del Grupo Laureate, es otro de los establecimientos que está en la mira del Ministerio Público por lucro en educación, así como el grupo completo, que entre otras instituciones alberga a la Universidad Andrés Bello y a su Instituto Profesional ligado, el AIEP. El ojo está puesto en indagar las entradas de dinero entre empresas relacionadas.
En cuanto al Instituto Profesional AIEP, al obtener su autonomía en 2002 tenía una matrícula total de 413 alumnos, repartidos en tres carreras en una sede en Santiago y otra en Antofagasta que en ese momento ya no recibía nuevos alumnos. Dos años después había aumentado en 20 veces su matrícula, alcanzando los 8.047 estudiantes, mientras que las carreras llegaban a 219 en 9 sedes distintas.
Según las conclusiones del Consejo Superior de Educación, esta expansión es la mayor que “haya experimentado cualquier otra institución de educación superior en tan breve período”. Pese a lo cual, detallan, no disponen de información suficiente para “determinar el nivel de desarrollo de los recursos humanos y materiales, con excepción de docentes, para otorgar una calidad de enseñanza a sus alumnos”.
Además, desde el CSE presumían que el instituto podría “no ajustarse a las disposiciones de la ley al impartir carreras de nivel técnico que en principio no se relacionarían con ninguna de las carreras de nivel profesional que ofrece, como ocurre con la carrera de Técnico Jurídico”. Una vez más se recalca la necesidad de estudiar en mayor profundidad los antecedentes, en este caso, los planes de estudio y los perfiles de egreso de las respectivas carreras.
Por ello recomiendan un examen integral de la situación “que permita formular un juicio concluyente respecto de la capacidad del Instituto Profesional AIEP para afrontar las exigencias que supone una expansión tan masiva del número de estudiantes, sedes, áreas disciplinares y programas, como la que ha tenido en los dos últimos años”.
En 2012, según antecedentes entregados por el Consejo Nacional de Educación (CNED), AIEP tenía 59.217 alumnos repartidos en 19 sedes a lo largo del país.
Al ser un instituto profesional, no corresponde que hoy sea investigado por lucro, lo que según Salazar implica “que deja la conversación donde la soltamos: ¿hay o no un problema de calidad?”.
La diputada Cristina Girardi, miembro de la comisión investigadora sobre el lucro, explica que no tuvieron acceso a este informe, pero que lo solicitaron y nunca llegó. Tras leerlo concluye que “había luces suficientes como para haber hecho algo. Aquí hubo responsabilidades de ambos, tanto del CSE como del ministerio. Todo depende de la voluntad de hasta dónde quieras investigar”.
Y agrega que “la crítica es que, y con esto apunto a todos los ministros que han pasado por Educación, teniendo las atribuciones no lo hayan hecho. De acuerdo a la ley y en base a lo que han dicho expertos constitucionalistas, en la medida que existen facultades sancionatorias —que en ese tiempo ya habían— existen facultades para investigar”.
Consultado sobre las acciones que se tomaron a raíz del informe, Sergio Bitar, que respondió brevemente porque estaba rumbo a Francia, señaló que luego de que la Divesup le planteara los datos de la explosiva expansión de estos planteles “instruí dos cosas. Primero, solicitar acciones al Consejo Superior de educación. No contestó, es lo que recuerdo, y las Universidades aludidas se inquietaron. Segundo, en vista de la necesidad de controlar la calidad envié un proyecto de acreditación otorgando facultades para el Estado, incluso obligación de entregar datos financieros (de las instituciones de educación superior”.
Pero, agrega, “la derecha se opuso. Logramos tras tres años (2003-2006) la existencia de una ley. Aunque buena y mejor que nada fue parcial y en parte frenada: la derecha argumentó que el mercado regula y el Estado no debe meterse, haciendo más de 800 indicaciones. Así que todo lo obrado fue sin mediar denuncia alguna y con oposición defendiendo a las universidades privadas”.
Parlamentarios de la Alianza planean invitar a Bitar y a ex autoridades de Educación de la época a la Comisión de Educación de la Cámara para que aclaren lo ocurrido en 2004.
