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Central de pasada Mediterráneo

Funcionarios de Conadi denuncian cambio de informe que favorece a central de amigos y socios de Piñera

por 7 abril 2014

Funcionarios de Conadi denuncian cambio de informe que favorece a central de amigos y socios de Piñera
El 29 de enero pasado el pronunciamiento de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena rechazaba el proyecto hidroeléctrico en la comuna de Cochamó. Sin embargo, al día siguiente, el entonces director regional del Servicio, José Vásquez, firmó y presentó un texto completamente diferente, que según los técnicos del órgano estatal era “un saludo a la bandera” y cumplía el objetivo de que la iniciativa energética no fuera rechazada y se aprobara durante el gobierno de la Alianza.

Tras la revisión de la tercera adenda del proyecto Central de pasada Mediterráneo, ligada a tres amigos e históricos socios del entonces Presidente Sebastián Piñera, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) de Los Lagos se pronunciaba “inconforme” por una serie de razones. Entre ellas, por la “entrega parcializada e incompleta de información, así como la utilización de metodologías incorrectas e inclusión de parámetros subjetivos y carentes de sustento técnico que han dificultado la posibilidad de realizar una correcta evaluación ambiental del proyecto”.

El texto detallaba que “la definición de las áreas de influencia, la caracterización del medio humano, los impactos que se generan en los hábitos y costumbres de población protegida por leyes especiales, el número de familias y comunidades indígenas afectadas por la implementación de la central, el trazado de la línea de alta tensión y la subestación han sido poco claras y rectificadas con cada Adenda (…) todo lo cual ha limitado fuertemente la posibilidad de una evaluación adecuada del real efecto del proyecto a los grupos humanos, siendo necesaria una corrección a estos parámetros o un rechazo al proyecto por los graves errores cometidos”.

Pero este pronunciamiento, enviado el 29 de enero pasado al director regional del servicio, José Vásquez, por el encargado de la Unidad de Medio Ambiente regional de la Conadi, Gustavo Henríquez, y que continuaba con una mirada crítica frente a Mediterráneo hasta ese momento, jamás vio la luz ni fue firmado por Vásquez.

Para el profesional de la Unidad de Tierras y Aguas de la Conadi en Osorno y dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación, Manuel Maragaño, “aquí se manipuló la información… porque si el informe final hubiera tomado en cuenta las observaciones de Henríquez, de plano podría haberse rechazado el proyecto o se podría haber exigido una adenda más, lo que habría redundado en que la iniciativa energética fuera revisada bajo el gobierno de Michelle Bachelet y no de Sebastián Piñera”.

No sólo eso: según denuncia Henríquez, el informe fue completamente cambiado. Fue así como al día siguiente, el 30 de enero, José Vásquez emitía un nuevo informe, en que el organismo se pronunciaba “conforme” con la central impulsada por Ricardo Bachelet, Ignacio Guerrero y José Cox, condicionando esta aprobación a que el titular de la iniciativa debía identificar a posibles personas o familias indígenas que pudieran verse afectadas por el proyecto, debiendo “acordar medidas de mitigación, reparación o compensaciones en los casos que proceda”.

De esta forma, en el sitio oficial del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el informe que fue publicado el 30 de enero fue este último, que era favorable a la iniciativa  de Bachelet, Cox y Guerrero, que poseen 35% de la propiedad de Mediterráneo y son históricos socios del mandatario. Guerrero y Cox –este último lideró la recolección de fondos para la campaña presidencial de 2009– forman parte del denominado “Tercer Piso” de La Moneda, integrado por un grupo de empresarios y amigos cercanos a Piñera, con quienes éste comparte experiencias, temas personales y que jugaron un rol clave a la hora de convencer al mandatario de vender su participación en Chilevisión y Colo-Colo.

Según explica Henríquez, que es presidente de la Asociación Regional de Funcionarios de Conadi, “el encargado de la Unidad de Medioambiente de Los Lagos y el que vio el proyecto desde el inicio, fui yo. Y el director –José Vásquez– lo que hizo fue irse a Temuco –nosotros estamos en Osorno–, donde la Corporación tiene la Dirección Nacional, para solucionar el tema del pronunciamiento de la central, porque no le gustó lo que hice. Allá le dijeron que el pronunciamiento que yo había elaborado no iba. Las razones de pasillo que me dieron fue que no le gustó a la Dirección Nacional, donde estaban el director Jorge Retamal y el subdirector Germán Riquelme”.

En su opinión, el pronunciamiento final que se presentó antes de que la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Lagos se pronunciara aprobando la central que tendrá una capacidad de generación de 210 MW y requerirá una inversión de 400 millones de dólares, el 27 de febrero pasado, “es casi un saludo a la bandera. En el fondo lo que buscaron en la Dirección Nacional fue no rechazar el proyecto, pero tampoco aprobarlo abiertamente, para no quedar mal frente a las comunidades. Por eso hicieron un pronunciamiento con observaciones, pero que no tenían peso. En el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un proyecto con observaciones puede pasar a votación si no son de peso o fueron subsanadas. Así fue en este caso”.

Henríquez aclara que en los siete años que lleva trabajando en la Conadi, “nunca antes me habían cambiado un informe. Lo que sí ocurre es que, cuando hay proyectos emblemáticos, te empiezan a preguntar desde otras partes sobre el tema. Por ejemplo, con Mediterráneo también hubo solicitudes de información desde el Ministerio de Economía. (Pablo) Longueira tenía una comisión aceleradora de proyectos –el Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión(CAI)– y Mediterráneo estaba dentro de esas iniciativas. Cuando Mediterráneo se empezó a entrampar por parte de Conadi por solicitudes de información que hicimos, desde el CAI también hicieron solicitudes, consultando por qué nos estábamos pronunciando de esa forma”.

La situación es similar a lo que ocurrió con el proyecto HidroAysén y un informe de Conaf, que a diferencia de la crítica postura que había mantenido hasta el final, aprobaba la ejecución de la hidroeléctrica.

Para el profesional de la Unidad de Tierras y Aguas de la Conadi en Osorno y dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación, Manuel Maragaño, “aquí se manipuló la información… porque si el informe final hubiera tomado en cuenta las observaciones de Henríquez, de plano podría haberse rechazado el proyecto o se podría haber exigido una adenda más, lo que habría redundado en que la iniciativa energética fuera revisada bajo el gobierno de Michelle Bachelet y no de Sebastián Piñera”.

En opinión de Maragaño, “el objetivo era justamente ese: que se aprobara antes del cambio de Gobierno”, situación que fue denunciada por los opositores al proyecto, que advirtieron un fuerte lobby de parte de la empresa y del propio gobierno para que obtuviera la luz verde.

De hecho, el 16 de enero de este año, José Cox y Ricardo Bachelet se reunieron con el entonces intendente de Los Lagos, Jaime Brahm, para tratar el tema. El intendente tiene un rol clave en la Comisión de Evaluación Ambiental encargada de calificar el proyecto, ya que es quien la preside. Este no fue el único encuentro que mantuvo la autoridad con ejecutivos de la empresa durante la tramitación de la apuesta energética: en total fueron tres.

Desde la Conadi señalan que el nuevo director, Alberto Pizarro, que asumió el 1 de abril, está analizando este y otros temas ambientales, por lo que aún no se pronunciará al respecto.

Ambos dirigentes gremiales decidieron denunciar esta situación, por lo que se acercaron a la Corporación Puelo Patagonia para entregarle los antecedentes.

La Corporación, apoyada por el diputado Patricio Vallespín, interpuso este viernes un recurso de protección contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó a Mediterráneo. Sumándose así a una serie de acciones legales interpuestas para frenar el proyecto, entre las que se cuenta un recurso de protección presentado por vecinos de la comuna, cuyo abogado patrocinante es el ex subsecretario del Interior Jorge Correa Sutil.

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