Denuncias falsas en VIF: el nuevo campo de batalla entre nacional-libertarios y republicanos

La discusión sobre el proyecto que crea sanciones penales y un procedimiento especial para perseguir denuncias falsas en causas de familia, violencia intrafamiliar y delitos sexuales comenzó a instalarse como una nueva arista de la disputa entre nacional-libertarios y republicanos, enfrentamientos que suelen terminar en el barro.

La iniciativa, que actualmente se encuentra en primer trámite en la Comisión de Familia del Senado, se suma a una serie de proyectos impulsados principalmente por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Partido Republicano y fuerzas oficialistas que han buscado posicionar una agenda valórica paralela a las prioridades definidas por el Gobierno.

El debate coincide en un momento en que La Moneda intenta ordenar la agenda legislativa tras la aprobación de la Ley Miscelánea. De hecho, el Presidente José Antonio Kast realizó en días previos un llamado a los partidos de la alianza de Gobierno para concentrar sus esfuerzos en seguridad, crecimiento económico y empleo, advirtiendo implícitamente sobre el riesgo de dispersar el capital político en iniciativas que no forman parte de las prioridades del Ejecutivo.

El mensaje respondió al creciente protagonismo que han adquirido proyectos promovidos desde el Congreso, como “Escucha su corazón”, que busca establecer nuevos requisitos para la interrupción legal del embarazo; el indulto para uniformados condenados por delitos cometidos durante el estallido social; la privatización de Codelco, además de otras propuestas que han reabierto el debate sobre cuánto espacio deben tener estas materias en la coordinación de la agenda oficialista. 

En ese contexto se inserta el proyecto que establece sanciones penales para quienes formulen denuncias, querellas o acusaciones falsas y crea un procedimiento especial para perseguir esa responsabilidad en materias de familia y delitos sexuales. Si bien, la senadora Vanessa Kaiser (PNL) -una de las impulsoras de iniciativa-  espera que el Ejecutivo otorgue discusión inmediata para que las indicaciones que se propongan se discutan en un plazo acotado, la idea ha generado reparos incluso desde la Corte Suprema respecto a las contradicciones e inconsistencias legales de la norma. 

“Las denuncias falsas son un tumor en nuestra sociedad”

A diferencia de otros proyectos, esta iniciativa sí cuenta con apoyo oficialista transversal, mediante la autoría de las senadoras Andrea Balladares (RN) y María José Gatica (RN), y sus pares Manuel José Ossandón (RN) y Enrique van Rysselberghe (UDI). El texto oficializa un mecanismo judicial destinado a declarar la falsedad de acusaciones, denuncias o querellas previamente desestimadas, contemplando indemnizaciones, retractaciones públicas, eliminación de registros y nuevas penas de cárcel para quienes actúen con dolo o negligencia grave.

Además sostiene que la familia constituye “el núcleo fundamental de la sociedad”, recordando lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política, y advierte que en los últimos años se ha verificado un aumento de conflictos familiares judicializados acompañados de denuncias instrumentales.

El proyecto advierte que el actual ordenamiento jurídico carece de “un estatuto reparatorio específico y eficiente” y apunta a casos en que el sistema judicial sería utilizado para obtener beneficios patrimoniales indebidos mediante demandas alimenticias improcedentes, situación que -según la moción- constituye “una grave infracción contra la Buena Fe Procesal”.

A juicio de la senadora Vanessa Kaiser se trata de un sistema que está incentivando y permitiendo el uso de la denuncia falsa “para destruir el vínculo ya sea del padre o de la madre con sus hijos”.

“Hoy día las denuncias falsas son un tumor en nuestra sociedad, que está avanzando como un cáncer, que cada vez cobra más víctimas. El proyecto es bueno para las verdaderas víctimas, (…) es bueno para los niños, y es bueno para ponerle un límite a las personas que usan la institucionalidad no para que se haga justicia sino para cobrar venganza”, dijo la parlamentaria en el programa Profundidad de Campos de TV Senado.  

“Puede constituir un desincentivo para denuncias de abusos”

Sin embargo, la propuesta ha generado reparos entre abogadas vinculadas al derecho de familia y la persecución de la violencia de género. Las principales críticas apuntan a que la iniciativa podría producir un efecto inhibitorio sobre víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, desincentivando la presentación de denuncias por temor a eventuales acciones penales en su contra.

Los cuestionamientos apuntan a que si bien es necesario buscar una respuesta al problema de la denuncia falsa, esto no puede ser a costa de desproteger a quienes acuden al sistema penal o de familia. A ello se suma la advertencia de que el proyecto podría confundirse con los estándares actuales del derecho penal, esto debido a que el ordenamiento jurídico ya contempla figuras como la denuncia calumniosa y la simulación de delito. 

La abogada Elisa Walker advierte sobre la distorsión del sistema de derecho de familia y derecho penal. 

“A modo de ejemplo, el proyecto señala que si el juez estimare suficientemente fundado el requerimiento y la propuesta de reparación, deberá acogerlos inmediatamente. Es decir, se permite aplicar una sanción solo con los antecedentes de una denuncia y sin haber escuchado a la contraparte. Esto implica que las denuncias falsas tendrían un privilegio procesal único, puesto que ni siquiera el sistema proteccional del derecho de familia permite aplicar sanciones (no medidas cautelares) solo con los antecedentes de una denuncia”, afirmó. 

Asimismo, Walker apuntó a que esta iniciativa incluye presunciones para favorecer la sanción de denuncias falsas, lo que también es excepcional.

“Todos estos elementos dan cuenta de que el proyecto de ley genera un desbalance, favoreciendo procesalmente a la protección de las personas que son víctimas o supuestas víctimas de denuncias falsas. Esta iniciativa puede constituir un desincentivo para denuncias de abusos. Ese es un problema muy serio, puesto que todo el trabajo legislativo que se ha hecho los últimos años ha sido el de generar las condiciones adecuadas para que las víctimas se atrevan a denunciar. Sabemos que las principales víctimas de abusos son mujeres, por lo que este proyecto representa un retroceso en los temas de género”, dijo a El Mostrador. 

Para la académica de la Universidad Alberto Hurtado, Claudia Sarmiento, siempre existe la posibilidad de que una persona mienta, la pregunta es si tal conducta justifica una intervención de la magnitud que propone el proyecto y no enfocarse en “los problemas que realmente existen en la materia”. 

“Si se revisan los antecedentes relativos a la violencia contra mujeres y niños, niñas y adolescentes en el espacio doméstico dan cuenta de que existen dificultades mayores, tales como la protección de las víctimas y la efectividad de las medidas cautelares, la capacidad del sistema sanitario, policial y judicial de distinguir las señales de alerta, por mencionar algunos. No obstante, el proyecto no se hace cargo de ninguna de esas aristas y por el contrario propone la asignación de recursos a una materia que no está orientada a la superación de la violencia como fenómeno social. Más aún, lo propuesto puede operar como un elemento inhibidor de quienes quieren denunciar, pero no saben si podrán acreditar la violencia que viven”, señaló. 

Consultada sobre si corresponde situar este tipo de normas en el marco de una batalla cultural, la abogada indicó que tanto el proyecto “Escucha su corazón”, como el de denuncias falsas tienen en común que se presentan sin contar con evidencia en relación al fenómeno que buscan normar. 

“Más aún, son proyectos que afectan derechos humanos de las mujeres, pero estos no son considerados por quienes los presentan. Estos dos elementos me parecen complejos, porque se instalan en la discusión pública y política a espaldas de los efectos que tienen para las mujeres y las invisibilizan. Eso es un tremendo riesgo, pues de alguna manera se niega el espacio de las mujeres en el ejercicio de la ciudadanía, lo que ciertamente lo lleva a un terreno de ideas y cultura”, indicó Sarmiento. 

Corte Suprema envió al Senado informe con reparos 

El tribunal pleno de la Corte Suprema analizó el contenido del proyecto de ley, particularmente respecto al “procedimiento especial para la declaración de falsedad de una acusación, denuncia o querella, administrativa o penal”. Concluye que la elección por un procedimiento de tipo monitorio, es decir rápido y concentrado, no pareciera ser adecuado, “pues no se ajusta a los supuestos para los que ha sido diseñado”, releva.

La Corte también advierte que estos juicios se usan exclusivamente para cobrar deudas pequeñas o sancionar faltas menores. Considerando que declarar la falsedad de una denuncia es el requisito para perseguir penas de cárcel, y resulta desproporcionado usar un juicio exprés que sacrifica el derecho a un debate profundo. 

Asimismo, el oficio consigna que “a nivel de procedimiento, el proyecto no establece de manera explícita una norma supletoria general de procedimiento que solucione los problemas de aplicación. Además, presenta vacíos importantes al no exigir requisitos mínimos para el requerimiento inicial ni contemplar una clara regla de legitimidad pasiva”. Es decir, la ley omite definir a quiénes se puede demandar, lo que abre la puerta para sancionar a personas que, por ley están obligadas a denunciar sospechas de delitos. 

“Sobre este punto sería conveniente precisar de mejor manera al legitimado pasivo de la acción y compatibilizar este aspecto con otras regulaciones de nuestro ordenamiento jurídico que imponen la obligación de denunciar hechos que podrían ser constitutivos de delito”, señala el escrito.

Respecto de la condena que debe dictar el tribunal, el tribunal también advierte que el proyecto “omite el monto o rango de la multa aplicar”.

“Adicionalmente, el proyecto exhibe una confusión conceptual respecto al estándar probatorio que propone, ya que pareciera confundirlo con la definición de los hechos que se deben probar (que la imputación se hizo con conocimiento de su falsedad o negligencia manifiesta) y con los medios probatorios para hacerlo (presunciones fundadas). Asimismo, no contempla ninguna regulación probatoria sobre cómo se deberá acreditar la existencia y el avalúo del daño que se pretende reparar”, sostiene la Corte Suprema.