Los problemas de la pesca artesanal no se solucionan con donaciones o bingos

En Caleta Portales hay una grúa hidráulica que ya no existe. La instaló la Dirección de Obras Portuarias, entró en operación en 2021 y era la única forma de meter y sacar del agua las embarcaciones que trabajan ahí. El temporal de julio la destruyó.

Un total de 170 pescadores quedaron en tierra. Cerca de 500 personas —tripulantes, encarnadoras, fileteadoras, transportistas, las mujeres de las cocinerías— dejaron de tener con qué trabajar. La autoridad estimó la reparación en unos 50millones de pesos. La solución anunciada a fines de julio fue arrendar un camión grúa.

En Guayacán, región de Coquimbo, las marejadas se llevaron una producción completa de piure: un año y medio de trabajo e inversión, a meses de la cosecha: 200 millones de pesos perdidos en una noche. Diez caletas de esa región quedaron aisladas. En Atacama, los dirigentes todavía estaban contando botes varados, motores perdidos y artes destruidas cuando llegó agosto, y seguían pidiendo apoyo urgente. Entre Atacama y Los Ríos se declaró zona de catástrofe. Más de 60 mil damnificados.

Y a fines de julio, el Gobierno hizo lo siguiente: activó el Fondo Nacional de Reconstrucción y llamó a los ciudadanos y a las empresas a donar, con beneficio tributario para quien aporte.

Quiero ser preciso, porque acá es donde suelen empezar los malentendidos. No estoy en contra de que la gente done. En las caletas la solidaridad no es un concepto desconocido: es lo primero que se activa, antes que cualquier autoridad. Los pescadores de Portales sacaron embarcaciones ajenas del agua con las manos. En Coquimbo las organizaciones levantaron su propio catastro de daños porque no podían esperar a que llegara el oficial. La solidaridad no es el problema.

El problema es que la solidaridad se convirtió en el instrumento fiscal por medio del cual un Estado le pide a un vecino que financie la reconstrucción de la caleta del otro vecino. Y la pregunta que uno se hace es simple: ¿por qué el Estado tiene que pedir?

Lo que sí existe hoy, y lo que no

Hay una respuesta a esa pregunta y no requiere ninguna hipótesis. El mismo mar que en julio destruyó la infraestructura de nuestras caletas sostiene una industria pesquera que opera con cuotas de captura que el Estado le asignó gratis, a dedo, en 2013, al alero de la Ley Longueira: una ley cuya tramitación terminó con parlamentarios y empresas condenados por cohecho. Esa industria no arrienda el mar. No lo compró. Lo recibió.

¿Cuánto paga por eso? En 2022 —última estimación oficial completa de la Subsecretaría de Pesca— el conjunto de la industria pesquera chilena pagó 21.408 millones de pesos de impuesto específico, alrededor de 23 millones de dólares. Toda la industria. Un año completo. El 82% de esa cifra la aportan ocho empresas que pertenecen a cuatro grupos económicos. La cuota industrial asignada por historia (a dedo) paga hasta ocho veces menos impuestos que la que se asigna por licitación.

Ahora pongamos esa cifra al lado de otra. Una sola de esas empresas, Blumar, demanda hoy al Estado de Chile por 194 mil 431 millones de pesos, alegando que la Ley de Fraccionamiento —la que devolvió cuotas a la pesca artesanal, aprobada por 122 votos contra 15 en la Cámara— constituyó una expropiación. Camanchaca presentó una demanda en la misma línea, por unos 100 millones de dólares.

Léalo dos veces, porque no hay condicional en esta frase: una empresa le está cobrando al Fisco más de nueve veces lo que toda la industria pesquera nacional pagó de impuesto específico en un año. Y lo hace en el mismo invierno en que el Estado sale a pedirle donaciones al ciudadano común para reconstruir las caletas.

Esa es la asimetría. No es una tesis. Son dos cifras públicas.

Hay un detalle en la ley que casi nadie conoce y que retrata mejor que cualquier discurso para quién está diseñado este sistema.

El artículo 43 ter de la Ley General de Pesca establece un crédito del 50%: si una empresa industrial no desembarca toda la cuota que se le asignó, al año siguiente se le descuenta la mitad del impuesto correspondiente. Es decir, el sistema premia con una rebaja tributaria a quien no usó el recurso que recibió gratis. Es decir, el Estado no solo recauda menos por licencias asignadas a dedo, sino que además, de no capturar la cuota, reciben beneficios tributarios pagando aún menos impuestos.

En julio, miles de pescadores artesanales no pudieron salir a pescar. No por decisión propia: por marejadas, por cierre de puertos, porque perdieron la embarcación o porque se quedaron sin grúa. Ninguno de ellos recibirá un peso de descuento por no haber capturado. No existe esa figura para nosotros. La rebaja por no trabajar está reservada a quienes recibieron el mar de regalo.

Cuando decimos que en Chile las decisiones pesqueras están diseñadas para los más ricos, no estamos usando una consigna. Estamos describiendo un artículo de la ley vigente.

Secuencia, no profecía

Nadie sabía en abril que en julio vendría este temporal. No es eso lo que sostengo y no quiero que se me lea así.

Lo que sostengo es más incómodo. En abril de este año, el Gobierno retiró del Congreso el proyecto de Nueva Ley de Pesca cuando llevaba cerca del 80% de su tramitación en la comisión de pesca de la Cámara, con votaciones casi unánimes en su articulado y el proceso participativo más amplio que haya tenido una ley sectorial en Chile. Ese proyecto contenía, entre otras cosas, la creación de una plataforma social para la pesca artesanal, financiada con la recaudación de las licitaciones de cuotas industriales.

Cuando el ministro de Economía justificó el retiro ante la Comisión de Pesca usó expresiones como “refundacional”, “brechas en el enfoque ecosistémico” e “incertidumbres en el sistema de subastas”. Son las mismas expresiones, casi en la misma secuencia, que contiene un informe que la Sociedad Nacional de Pesca encargó a una consultora en 2024. El subsecretario de Pesca, por su parte, trabajó antes para ese mismo gremio. Eso tiene un nombre en la literatura de política pública, y no es “diálogo intersectorial”.

La secuencia es la siguiente: en abril se retiró la herramienta; en julio llegó la emergencia; en agosto no hay con qué responderla salvo una colecta. Nadie predijo el temporal. Pero Chile sabía, con evidencia científica, que íbamos a tener temporales de mayor intensidad, y que El Niño y el cambio climático los están haciendo más extremos. Desarmar la herramienta antes de necesitarla no requiere mala fe. Requiere solo decidir que las prioridades están en otra parte.

Un comité no repone un motor

Se me dirá —ya se ha dicho— que el Estado sí está actuando. Que hay un comité de emergencia en Subpesca, que hay un catastro, que existe un Cupón Pesca Artesanal de 100 mil pesos mensuales para el combustible, luego de la crisis que generó el ministerio de hacienda al eliminar el MEPCO.

Todo eso es cierto y nada de eso es una plataforma social como política pública.

Un comité de emergencia coordina; no cubre. Un catastro cuenta lo que se perdió; no lo repone. Un cupón de 100 mil pesos mensuales, destinado exclusivamente a combustible y limitado a embarcaciones de hasta 12 metros, no le sirve de nada a quien no puede salir a navegar porque su caleta se quedó sin grúa, ni al que perdió el motor, ni a la fileteadora que lleva tres semanas sin pescado que procesar.

La diferencia entre una plataforma social y una ayuda de emergencia no es el monto. Es la naturaleza. Una plataforma social es política pública: se activa frente a situaciones de necesidad, tiene reglas conocidas, no depende de que un ministro visite la zona ni de cuánta prensa tenga el desastre. Una ayuda de emergencia es una decisión discrecional que se toma después, a la vista de las cámaras, y que puede llegar tarde, incompleta o no llegar.

Lo que pedimos tiene tres componentes y ninguno es exótico: seguros de operación para embarcación, motor y artes; un fondo de emergencia sectorial de activación inmediata ante catástrofes climáticas, y cobertura previsional y de salud ajustada a las características reales del trabajo en el mar. Es lo que tienen sectores productivos comparables en países que hacen del mar una política de Estado y no una concesión.

“Pero eso no se puede financiar antes de 2032”. Esta es la objeción técnica que va a aparecer, y conviene responderla de frente.

Las licencias industriales vigentes vencen en 2032. Es efectivo que la gran licitación de cuotas —la que transformaría los actuales 80 dólares por tonelada en algo cercano a los 400 que rinde una subasta competitiva, y que según estimaciones basadas en el diseño de subastas de Paul Milgrom significa unos 317 millones de dólares anuales que el Estado hoy no recauda— no puede ocurrir antes de esa fecha.

Tres respuestas

Primera: el impuesto específico se recauda hoy. Esos 21.408 millones de pesos anuales existen, entran a rentas generales y nadie ha explicado nunca por qué el sector que genera esa renta no tiene un solo peso de ella destinado a la protección de quienes trabajan en él.

Segunda: hay cuotas licitadas operando en este momento. La recaudación por licitación no es una figura futura; es un mecanismo vigente, solo que marginal por diseño.

Tercera, y la más importante: si el argumento del Ejecutivo es que la plataforma social no puede financiarse antes de 2032, entonces el Ejecutivo está confesando que en abril retiró el único proyecto que la dejaba construida y lista para operar cuando llegue esa fecha. Un fondo de catástrofes no se improvisa el día de la catástrofe. Se acumula durante años, antes de que haga falta. Retirar el proyecto en 2026 es exactamente la forma de garantizar que en 2032 las licencias se renueven en silencio y no haya arquitectura institucional esperándolas.

Por eso es imperativo reponer en el Congreso la discusión de una plataforma social para la pesca artesanal, con financiamiento identificado y no con glosas transitorias; patrocinar las indicaciones al proyecto de seguridad marítima nacido de la tragedia del LM Bruma, donde murieron siete tripulantes artesanales en el Biobío, para dotarlo de atribuciones fiscalizadoras reales; y publicar el catastro definitivo de los daños de este invierno con un plan de reposición y plazos comprometidos, caleta por caleta.

La Comisión de Pesca de la Cámara debería oficiar a Hacienda por dos cifras que hoy nadie ha puesto una al lado de la otra: cuánto costó esta emergencia en las caletas y cuánto recaudó el Estado por impuesto específico pesquero en los últimos tres años, incluyendo cuánto se otorgó en créditos del 50% por cuotas no utilizadas. Cuando esos dos números estén sobre la mesa, la discusión se va a ordenar sola.

Al Congreso, en la Ley de Presupuestos 2027 que se discutirá en septiembre: una línea permanente de emergencia para la pesca artesanal. No un bono. Una línea.

Escribo esto desde una caleta del Biobío, no desde Portales ni desde Coquimbo. Lo digo porque me parece importante hablar en nombre del dolor de quienes represento. Y, en su nombre, puedo decir que las organizaciones de las regiones afectadas son parte de la misma alianza que represento, que su catastro lo levantaron ellas mismas, y que llevamos años pidiendo esto mismo en sesiones donde no había ninguna emergencia en curso ni ninguna cámara encendida.

Preferiría no tener que escribir esta columna en agosto. Preferiría haberla escrito en abril y que alguien la hubiera leído.

Los recursos del mar son de todos los chilenos. Cuando el Estado los entrega gratis a cuatro grupos económicos y después sale a pedirle una colecta al país para reconstruir lo que el mar destruyó, no está siendo generoso ni austero: está trasladando el costo hacia abajo y el beneficio hacia arriba. Eso no se arregla con donaciones o bingos.

No pedimos caridad. Pedimos que se establezca una política pública responsable y que se le pase la cuenta a quien corresponde.