Gran innovación constitucional del Presidente Kast en seguridad ya está en la Constitución

En su cadena nacional del miércoles, el Presidente José Antonio Kast presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de más de 30 iniciativas que —según dijo— cambiará “la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile”.

El anuncio de mayor alcance político fue el envío al Congreso de una reforma constitucional para consagrar como deber del Estado proteger la seguridad de las personas.

Kast fue enfático al presentarla como un hecho sin precedentes: “Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún gobierno, de ningún color, podrá desconocer”.

El problema, según dos abogados constitucionalistas consultados por El Mostrador, es que eso no es exacto: la Constitución vigente —sin modificaciones en esa parte desde 1980— ya lo dice.

Lo que ya dice la Constitución

El artículo 1°, inciso quinto de la Carta Fundamental establece: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

El abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil fue el primero en advertir la coincidencia, a través de un cuadro comparativo que elaboró y que hizo circular entre colegas. Consultado por El Mostrador, resumió su reparo: “Por ahora son anuncios, y resulta muy sorprendente que el Presidente haya anunciado [esto] en condiciones que el artículo primero de la Constitución ya establece”.

“La coma no es baladí”: la lectura de Javier Couso

El también constitucionalista Javier Couso, que recibió el comparado de Correa Sutil y coincide con su lectura, profundizó en la arquitectura del artículo 1° para explicar por qué la comparación es válida y no un simple juego de palabras.

Según Couso, el inciso quinto contiene dos mandatos distintos, separados por una coma que —dice— “no es baladí”: primero, “resguardar la seguridad nacional” (un concepto que la doctrina ha entendido tradicionalmente como seguridad externa); y segundo, “dar protección a la población”, una fórmula que —sostiene— ya engloba cualquier fenómeno criminal, incluido el crimen organizado y el narcotráfico.

“Dar protección a la población, como estamos en el capítulo de bases fundamentales de la Constitución, obviamente que engloba todos los fenómenos: dar protección a las poblaciones, protegerlas de todo fenómeno criminal, narco, mafias (…) Y no se detallan todas las amenazas de las cuales hay que proteger a la población”, explicó el académico.

Para Couso, la equivalencia entre lo dicho por Kast y el texto vigente es directa: “Deber y obligación, en este caso, no hay ninguna diferencia (…) Es casi idéntico”. Y fue más allá en su calificación: “Podemos afirmar que el Presidente (…) se equivoca, comete un error. Es directamente un error decir [que es la primera vez], porque en la Constitución vigente existe exactamente lo que dijo (…) El discurso dice algo falso”.

Con todo, el académico fue cuidadoso en no atribuir intencionalidad: dijo no creer que en el Gobierno “desconozcan la Constitución” y planteó como hipótesis que se trató de una imprecisión o improvisación —”un gafe”, en sus palabras— más que de un intento deliberado de inducir a error. “Para ser justo, es posible que esto haya sido un mero discurso y que después venga una redacción sumamente distinta a lo que ya hay”, señaló.

Otro signo de interrogación: el nuevo estado de excepción

Esa misma cautela alcanza a otra de las apuestas anunciadas en materia de seguridad: la creación de un estado de excepción más acotado territorial y temporalmente para enfrentar episodios graves de delincuencia.

Couso considera que la idea puede resultar útil en abstracto, pero identifica una interrogante relevante si el diseño termina dejando a efectivos militares subordinados a una autoridad policial.

“Parece extraño que el Ejército, que tiene una tradición más que centenaria en Chile de ser quienes se hacen cargo de los estados de excepción constitucional, esté bajo el comando de Carabineros y las policías”, afirma.

“Una cosa es coordinarse, otra cosa es estar bajo su orden”, precisa.

Nuevamente, su reparo está condicionado al contenido definitivo del proyecto: sin articulado —dice— no es posible determinar si existe realmente una alteración sustantiva del régimen actual.

El origen incómodo: el texto que Chile ya rechazó

El comparado con el artículo 1° no es la única coincidencia problemática para el Gobierno. Una fórmula casi idéntica a la anunciada por Kast ya había sido propuesta durante el fallido proceso constitucional de 2023: el artículo 9° del texto redactado por el Consejo Constitucional —el órgano en que el Partido Republicano tuvo la bancada más numerosa— establecía que “es deber del Estado resguardar la seguridad de la población”.

Ese texto completo fue sometido a plebiscito el 17 de diciembre de 2023 y rechazado por el 55,76% de los votos válidamente emitidos, frente a un 44,24% a favor, según los resultados oficiales del Servicio Electoral.

La Tercera consignó esta semana que la actual administración “vuelve a instalar una discusión constitucional, pese a que fue precisamente el Partido Republicano el que lideró el último proceso que terminó siendo rechazado por la ciudadanía”.

¿Blindaje ante el Tribunal Constitucional?

Existe, además, un motivo estratégico detrás del anuncio que trasciende lo declarativo. La decisión de elevar la seguridad a rango constitucional se gestó luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucionales, a fines de junio, cuatro artículos clave de la ley “Escuelas Protegidas” —entre ellos la revisión de mochilas sin autorización de un fiscal y la pérdida de gratuidad universitaria para condenados por ciertos delitos—.

En La Moneda y en sectores del oficialismo, incluido el timonel del Partido Republicano, senador Arturo Squella, se concluyó que el Ejecutivo necesitaba una habilitación constitucional expresa para evitar que futuras leyes de seguridad corrieran la misma suerte ante el TC. Fuentes de gobierno confirman que la reforma ingresará por el Senado —no por la Cámara— y que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, maneja un plazo “exprés” de dos a tres meses, en parte para tramitarla antes de eventuales cambios de quórum por desafueros de senadores en curso.

Lo que no dijo Kast

Un elemento adicional, señalado por editores de este medio, merece atención: pese a presentar la ACOT como una agenda integral contra el crimen organizado, el discurso no mencionó ni dio impulso al proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica (Boletín N° 15.975-25), iniciativa que —a diferencia de la reforma constitucional— sí apunta directamente a seguir la ruta del dinero del narcotráfico y el lavado de activos mediante el levantamiento del secreto bancario para la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Ese proyecto, originado durante el gobierno anterior, se encuentra empantanado en Comisión Mixta desde junio, luego de que el Senado rechazara —por empate— facultar a la UAF para acceder a información bajo secreto bancario sin autorización judicial previa. El propio Ejecutivo de Kast había anunciado en junio que le pondría urgencia, pero la herramienta estuvo ausente del discurso del miércoles, así como cualquier anuncio de más recursos operativos para las policías en el terreno.

El Senador Juan Luis Castro (PS) anunció que el 19 de agosto se va a constituir la Comisión Mixta para tratar el proyecto de Inteligencia Económica, proyecto que —criticó— quedó fuera de los anuncios del Ejecutivo en materia de Seguridad.

La respuesta política

El anuncio también generó reacciones críticas en la oposición por su forma, no solo por su fondo. La senadora Yasna Provoste (DC) cuestionó en la red social X el lenguaje utilizado por el ministro Arrau para describir la tramitación legislativa de la agenda:

“Ministro Martín Arrau anuncia ‘copamiento legislativo’ en seguridad. Desafortunada terminología policial para proyectos que requieren diálogo democrático en serio. Tenemos toda la disposición a legislar para hacer frente al crimen organizado. Espero que corrija sus palabras”.

En la Cámara, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) fue en la misma línea sobre el fondo del anuncio constitucional: “Si vamos a escribir en la Constitución el derecho a la seguridad para que funcione como el derecho al medio ambiente, o a la salud, o educación, o seguridad social, será otra linda frase inútil”. Desde el PS, el senador Castro valoró medidas puntuales de la ACOT, pero apuntó que la idea de un nuevo Estado de Excepción para seguridad “es una idea del anterior gobierno, del 2022 que no prosperó por la oposición de la derecha”.

La advertencia de ambos expertos: todavía no hay letra chica

Tanto Correa Sutil como Couso subrayaron ante El Mostrador que su análisis se basa en el discurso presidencial y no en un proyecto de ley concreto, que hasta el cierre de esta nota no se ha hecho público.

“No hay proyectos que me haya visto físicamente (…) Es muy difícil dar opinión en ese sentido”, advirtió Couso, quien remarcó que los abogados constitucionalistas necesitan “la letra exacta de lo que se desea proponer” para emitir un juicio informado. En esa línea, planteó que la discusión de fondo —si la reforma se limita a declarar un principio ya existente o si introduce, por ejemplo, un nuevo derecho constitucional a la seguridad que module otros derechos y libertades— solo podrá zanjarse cuando se conozca el texto del proyecto. “Eso sería muy complejo y muy peligroso (…) en otros países no sacrifican sus libertades públicas por la seguridad; solo lo ha hecho El Salvador, y la hipoteca es para toda la vida”, advirtió, en todo caso, como una hipótesis a vigilar.

Con la información disponible, ambos coinciden en que la afirmación presidencial es imprecisa, pues la Constitución vigente ya establece como deber del Estado dar protección a la población. Su evaluación sobre el alcance real de la reforma, sin embargo, queda supeditada a conocer el texto que el Ejecutivo envíe al Congreso.