Clave sería la agenda de concesión del litio que depende del ministerio de Minería
Un exhaustivo chequeo por parte de colaboradores de los pasos de funcionarios en puestos clave pertenecientes al círculo del ex ministro Peñailillo en el Gobierno, abrió una sorpresiva arista que vincularía al grupo liderado por el ex jefe de gabinete con un negocio que iría más allá de la recaudación de fondos para la campaña presidencial. Este apuntaría al financiamiento de Peñailillo y su equipo por parte de SQM bajo la promesa de que en el gobierno de Bachelet se asegurara la extracción del mineral a través de la compañía de Ponce Lerou. La operación explicaría la frialdad con que Bachelet dejó ir a su otrora mano derecha y sus colaboradores.
En el invierno del 2014, en medio del destape del caso Penta, llegó la primera alarma a La Moneda de que la investigación liderada por Carlos Gajardo que tenía sobre las cuerdas a altos personeros de la UDI, era solo la punta del iceberg de una historia que a la larga terminaría afectando al oficialismo.
La advertencia, que según diversas fuentes fue hecha por un actor externo al Gobierno, aterrizó en el comité político de Palacio que en ese entonces lideraba el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, quien habría optado por mantenerlo en reserva, “especialmente de Michelle Bachelet”, según señalan las mismas fuentes.
La decisión del secretario de Estado no habría sido casual y estaría directamente relacionada con las platas que SQM habría hecho llegar a Peñailillo y su equipo más estrecho de la G90, a través de una sociedad del recaudador de la campaña bacheletista, Giorgio Martelli. Un negocio a futuro.
En abril pasado y luego de que se hiciera público que Peñaillillo había recibido millonarios pagos junto a varios de sus asesores de confianza y parte de la G90 en las filas de la Nueva Mayoría, se instalaron intensos rumores que llegaron a La Moneda y que apuntaban a que no todos los dineros recaudados habrían ido a dar a la campaña presidencial de 2013, ya que había montos perdidos y “platas que no calzan”.
Las sospechas fueron creciendo en vista de la errática reacción del entonces mano derecha de Bachelet, luego de conocerse su primera boleta a la sociedad de Martelli, y de que se negara a transparentar cuántas boletas tenía y, por un lapso muy largo, a hacer públicos los informes que había realizado a la sociedad. Más aún: según señalan diversas fuentes, habría operado en todo momento para evitar que escalara el tema, versión que va en la línea de las declaraciones del ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, que apuntó a presiones desde Interior en el caso SQM para trabar las acciones de la institución.
Desde el Gobierno se decidió tratar de comprobar la veracidad de los rumores y chequear lo que se comentaba en privado en el oficialismo. La tarea quedó en manos de varias figuras de la actual administración, entre las que se contó la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
Fuentes de Palacio y del Gobierno confirman que efectivamente se hizo este chequeo, a través del cual se habría comprobado que Peñailillo y varios de su entorno de la G90 tendrían un estándar de vida ajeno y muy lejano a lo que corresponde a profesionales de su edad y con su trayectoria. El informe “contiene muchos testimonios de personas que confirman eso”, explicaron en La Moneda, mientras que otros agregan que “si el entorno, su núcleo duro, tiene un alto nivel de vida, es porque su jefe (Peñailillo) también lo tiene”.
Esta investigación habría ido más allá, dejando en evidencia que no calzarían las platas entregadas por Martelli con el nivel de gastos de Peñaillilo y su círculo más estrecho. Lo que se reflejaría, por ejemplo, en la compra en noviembre de 2012, en medio de la precampaña presidencial, de un terreno en Peñalolén por casi 380 millones de pesos, que involucró al ex ministro como codeudor y a dos cercanos de su grupo, el ex asesor de Interior, Flavio Candia, y el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme.
Paralelamente, empezó a crecer otra sospecha en el corazón de la administración bacheletista en torno a la forma en que el ex secretario de Estado instaló a varios de sus más cercanos en puestos claves de Gobierno. Es así como los radares apuntaron al Ministerio de Minería, liderado por Aurora Williams, cuyo jefe de gabinete es Adolfo Galindo, parte de los G90 y uno de los hombres de confianza de Peñailillo.
Galindo es muy cercano a una de las principales recaudadoras de Bachelet, Carolina Echeverría, quien había sido designada como subsecretaria de Fuerzas Armadas en enero de 2013, pero no alcanzó a asumir por conflictos con el mundo de los DD.HH. Mientras era subsecretaria de Marina en la primera administración bacheletista, fue su jefe de gabinete, y en 2010 –el mismo año en que se creó Asesorías y Negocios SPA, sociedad con la que Martelli recibió dineros de SQM y pagó a personajes de la G90– crearon la sociedad Colectivo 9010 S.A.
No habría sido casual la puesta en el tablero de Minería de uno de los hombres de confianza de Peñailillo.
SQM, la empresa minera controlada a través de sus sociedades por Julio Ponce Lerou, que se convirtió en la financista en la sombra de una cantidad aún no determinada de políticos, sería clave en la historia que habría terminado rastreando La Moneda en torno a los integrantes de la G90.
El gran objetivo de Ponce Lerou históricamente ha sido mantener el control de la compañía, que en los últimos años ha enfrentado complejas situaciones judiciales que la han puesto en el ojo del huracán. Entre otras, el caso Cascadas o la triangulación de boletas ligadas al mundo político.
Pero la situación que podría complicar verdaderamente a la minera no metálica, se dirime en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara Chilena de Comercio de Santiago, donde en mayo de 2014, y a raíz de una auditoría iniciada en el Gobierno anterior, el vicepresidente ejecutivo de la entidad estatal, Eduardo Bitrán, interpuso una demanda contra SQM argumentando que la compañía no pagó íntegramente las rentas trimestrales pactadas entre enero de 2009 y septiembre de 2013.
Si el resultado no es favorable, la compañía podría perder una parte importante de sus pertenencias mineras. Pero la mayor amenaza es que podría enfrentar un término anticipado del contrato de arrendamiento que mantiene desde 1993 con Corfo.
Este contrato, firmado con SQM Salar –subsidiaria de SQM y a la cual Martelli facturó a través de AyN–, le otorga derechos exclusivos de unas 140 mil hectáreas del Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta, y 28.054 pertenencias mineras que puede explotar hasta el 31 de diciembre de 2030.
Mantener las condiciones del contrato y no perder la gallina de los huevos de oro que significan estas pertenencias, sería central en las redes y vínculos que ha ido tejiendo la empresa desde mediados de los 90 con el mundo político.
Lazos que en la Concertación habrían sido incubados gracias al lobbista Enrique Correa, que trabaja desde hace años con SQM.
El dueño de Imaginacción ha mantenido permanente contacto con Peñailillo. De hecho lo ha estado asesorando en los posibles escenarios políticos y jurídicos que podría enfrentar el ex jefe de gabinete. Lo mismo habría pasado con el ex jefe de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Juan Carvajal, y actual consultor senior de la empresa de Correa.
Entre sus aliados, el ex secretario de Estado también cuenta con el ex ministro y militante del PPD Sergio Bitar, que ha salido a defenderlo públicamente, a diferencia de gran parte de sus correligionarios. Bitar, que apadrinaba a los G90, tiene una conocida relación de amistad con el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, considerado el hombre clave en el caso que involucra a la minera no metálica y hoy con arresto domiciliario.
A mediados de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet creó la Comisión Nacional del Litio, con el fin de proponer una política nacional al respecto. Dos años antes la fallida licitación del litio impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera –que terminó con la salida del subsecretario de Minería, Pablo Wagner, actualmente formalizado por el caso SQM– abrió la puerta a revisar el futuro de las reservas de este mineral, considerado estratégico.
[cita]Enrique Correa, histórico asesor de SQM, ha mantenido permanente contacto con Peñailillo. De hecho, lo ha estado asesorando en los posibles escenarios políticos y jurídicos que podría enfrentar el ex jefe de gabinete. Lo mismo habría pasado con el ex jefe de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Juan Carvajal, y actual consultor senior de la empresa de Correa. Entre sus aliados, el ex secretario de Estado también cuenta con el ex ministro y militante del PPD Sergio Bitar, que ha salido a defenderlo públicamente, a diferencia de gran parte de sus correligionarios. Bitar, que apadrinaba a los G90, tiene una conocida relación de amistad con el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, considerado el hombre clave en el caso que involucra a la minera no metálica y hoy con arresto domiciliario.[/cita]
La Comisión, compuesta por 20 integrantes y liderada por la ministra de Minería, Aurora Williams, entregó su informe final en enero pasado, concluyendo en la necesidad de crear una empresa estatal o mixta para explotarlo, y reafirmando su carácter estratégico.
La postura de la titular de la cartera, que no participó activamente en los encuentros, iba en otra dirección, ya que dijo públicamente que el carácter estratégico del litio ha significado un desarrollo poco adecuado para Chile y que era necesario concesionarlo.
El economista Manuel Riesco, miembro de la comisión, detalla que el litio no se puede concesionar, ya que no está sujeto a la ley de concesiones, porque es considerado estratégico. “La fórmula mediante la cual SQM y Rockwood –que pertenece a un holding americano– han operado es mediante contratos de explotación que ha hecho Corfo con ellos firmados en la década de los 90, que les permite explotar una cuota anual de litio y otros elementos. SQM tiene las cuotas más elevadas y están sobreexplotando el salar, extrayendo mucha más salmuera de la que pueden de acuerdo a esta cuota. Dicen que la reinyectan de vuelta porque lo que realmente les interesa es el potasio, que es el mayor negocio de SQM”.
Según diversas fuentes, la ministra Williams comentó a varios de sus pares en el gabinete en distintas ocasiones que la “comisión del litio” no iba a funcionar. De hecho, nunca participó activamente.
Riesco detalla que durante el trabajo de la comisión, la ministra “tuvo una participación no directa, pero hizo saber su postura a través del subsecretario”, Ignacio Moreno, que era el secretario ejecutivo.
La posición de la secretaria de Estado era compartida por otros miembros del grupo. Pero quien “llevó la voz cantante en todo momento de manera estridente y para que el litio fuera no estratégico y sometido a la ley de concesiones, entregándolo a privados, es el actual consejero jurídico de Codelco, Cristián Quinzio”, relata Manuel Riesco. El abogado PPD, que ha reconocido su amistad con Giorgio Martelli, aunque ahora estarían distanciados, aparece en la escritura de AyN como miembro provisional del directorio y fue el encargado de la constitución legal de la sociedad.
Consultado al respecto, Quinzio declinó referirse al tema.
La vía de las concesiones defendida por la ministra y el abogado, favorecería directamente a SQM. Esto, porque –según explica Riesco– “al quedar el litio sujeto a concesiones como otros minerales, automáticamente SQM habría quedado de propietario en los hechos de gran parte del mineral donde ya tiene las concesiones mineras sobre una amplia superficie del Salar de Atacama. Aunque formalmente con las concesiones el Estado mantiene la propiedad, la empresa puede hacer lo que quiere y si el Estado quiere recuperarla tiene que pagarle el valor total de los minerales que hubiese encontrado debajo”.
En términos monetarios, si se hubiera aprobado la idea de las concesiones, “significaba que inmediatamente el valor de SQM se hubiera disparado. Con esa sola determinación Ponce Lerou habría pasado a ser uno de los hombres más ricos de Chile, solo con el aumento de precio que habría tenido la empresa”, asegura el economista.
Finalmente, la idea no prosperó y primó la opción de un rol activo del Estado. Pero hubo algunos incidentes que hicieron peligrar el informe y sus conclusiones, que hoy está en manos de la Presidenta.
Riesco relata que “hubo intentos por echarlo abajo. Hubo una operación en que se filtró a La Tercera el contenido del informe –que era el borrador final– antes de que fuera entregado a la Presidenta de la República (…) se filtró después una serie de dimes y diretes en la prensa relacionados con que la ministra y el subsecretario estaban peleados. Todo esto el propósito que tuvo, y quedó claro para todos los miembros de la comisión, era echar abajo el informe”.
Diversas fuentes consultadas en el Ejecutivo, dicen que Williams y su jefe de gabinete estuvieron detrás de esta operación, que buscaba tratar de aplazar la entrega del informe a Bachelet, para lo cual se intentó poner en tela de juicio a la comisión pidiendo una auditoría de sus gastos, la que no encontró reparos. Ante esto, se optó por filtrar a fines del año pasado el borrador del informe, con el objetivo de quitarle piso al trabajo de ese equipo ante los ojos presidenciales, para que las conclusiones del informe fueran invalidadas.
Desde Minería desmienten categóricamente “lo expuesto en las preguntas planteadas por el medio electrónico El Mostrador”, así como la existencia de esta auditoría, “ya que nunca fue solicitada ni ejecutada por el jefe de servicio del Ministerio de Minería”. Además, señalan que la ministra de Minería “no se manifestó durante el periodo del trabajo de la Comisión, sobre un modelo de explotación del mineral que favoreciera arbitrariamente a la empresa señalada, y ni ella ni la Comisión Nacional del litio han recibido presión alguna por parte de empresas mineras para beneficios propios (…). Asimismo, el jefe de Gabinete de la ministra Williams, Adolfo Galindo, no asistió a ninguna de las sesiones, ni tuvo acceso al informe”.
Además, agregan, el ministerio y “sus autoridades están de acuerdo con la postura que determinó la Comisión en el informe, que se refiere a la no concesibilidad de este mineral no metálico”.
Los movimientos para buscar una salida más amigable para SQM no se habrían limitado a Minería. A fines del año pasado, aseguran desde el propio Gobierno, hubo varias reuniones, algunas en el Ministerio de Hacienda, donde participaba el brazo derecho de Alberto Arenas, Fidel Miranda, que apareció con boletas de SQM en la contabilidad de Martelli por el pago de más de 300 millones a figuras ligadas a la G90.
El objetivo de estas reuniones era tratar “alternativas a las conclusiones de la comisión”, con el fin de mantener la situación del litio como está hasta ahora, sin control ni regulación. El mejor escenario para SQM, que tiene el monopolio de la extracción.
Entre la entrega del informe a finales de enero y el cambio de gabinete el 11 de mayo pasado, el chequeo de los rumores sobre Peñailillo y su entorno habrían dado con este negocio. La Presidenta ya estaría al tanto, lo que explicaría –advierten varios en el Ejecutivo– la frialdad con que operó para el cambio de gabinete, especialmente con Peñailillo y Arenas y la distancia que ha puesto con sus ex colaboradores.
