Juzgado anuló formalización del ex directivo de RN, Claudio Eguiluz, por no existir querella de la entidad
La paralización del Servicio de Impuestos Internos en la presentación de querellas contra involucrados en el escándalo de las platas políticas comienza a tener efectos en la investigación de la Fiscalía. Abogados del caso plantean que el precedente dejado por la anulación de la formalización de Eguiluz es peligroso y podría afectar a los procesos que se llevan contra otros involucrados. Esto se suma a la decisión del Servicio de no investigar por delitos tributarios a las nuevas empresas involucradas en el escándalo. ¿Una decisión técnica?
La formalización del ex vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, fue anulada este lunes por la jueza del Octavo Juzgado de Garantía, Ema Tapia, quien consideró que la Fiscalía no podía formalizar por delitos tributarios, ya que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no había presentado ninguna denuncia o querella por ese motivo. La magistrada se diferenció de sus pares y le dio el único triunfo, hasta el momento, a quienes piensan que solo el SII tiene la facultad de perseguir este tipo de hechos.
Aunque varios abogados del caso aseguran que la decisión es fácilmente reversible, el hecho se enmarca en una serie de situaciones que han puesto bajo el foco público al SII, debido al freno que le ha puesto a la indagatoria, y a su decisión de no investigar por delito tributario a las nuevas empresas que se han visto involucradas en la investigación del Ministerio Público.
Fuentes internas del SII aseguran que el cambio en el actuar del Servicio se terminó de concretar en junio, y que la llegada del nuevo director, Juan Alberto Rojas, oficializó el triunfo de la llamada “doctrina Escobar”, la que pregona que la utilización de boletas falsas para financiar campañas se trata solo de una falta, la que puede subsanarse aplicando multas y dándole una salida administrativa al problema.
Quien le diera nombre a la tesis que se impuso en el SII, Ricardo Escobar, es un ex director del organismo, sobrino del ex presidente Ricardo Lagos y que desde que salió de su cargo, en 2010, se ha dedicado a asesorar a la CPC y a los bancos, además de contar entre sus clientes a involucrados en el caso Penta-SQM.
Desde el interior del organismo comentan que Escobar es cercano al actual ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien “en temas tributarios lo escucha”, y que “el cambio de ministro implicó imponer esta política en el SII”.
[cita] Alguien que ha participado en reuniones donde se ha tratado el tema, y que conoce el funcionamiento del organismo público hace años, comenta que “el cambio de doctrina de junio obedece a que desde el Gobierno, y desde distintos sectores políticos, vieron en esto una gran amenaza porque, si se sigue investigando, podía llegar a determinarse que gran parte del actual Congreso fue financiado con prácticas irregulares que implicaron delitos tributarios”, comenta. La misma fuente aseguró que al interior del SII ha circulado la versión de que hasta el 80% de los parlamentarios pudo haber estado involucrado en financiamiento irregular de su campaña electoral. “Mucha gente de los partidos vieron en esto una amenaza. Todo este discurso de que las instituciones funcionan, no es una realidad. El Estado de derecho no ha funcionado en Chile, bajo cuerdas han operado contra eso”, agrega.[/cita]
Alguien que ha participado en reuniones donde se ha tratado el tema, y que conoce el funcionamiento del organismo público hace años, comenta que “el cambio de doctrina de junio obedece a que desde el Gobierno, y desde distintos sectores políticos, vieron en esto una gran amenaza porque, si se sigue investigando, podía llegar a determinarse que gran parte del actual Congreso fue financiado con prácticas irregulares que implicaron delitos tributarios”, comenta.
La misma fuente aseguró que al interior del SII ha circulado la versión de que hasta el 80% de los parlamentarios pudo haber estado involucrado en financiamiento irregular de su campaña electoral. “Mucha gente de los partidos vieron en esto una amenaza. Todo este discurso de que las instituciones funcionan, no es una realidad. El Estado de derecho no ha funcionado en Chile, bajo cuerdas han operado contra eso”, agrega.
Las presiones políticas sobre el SII no han sido menores. A las denuncias del ex director, Michel Jorratt, que acusó presiones directas del ex ministro Rodrigo Peñailillo para no seguir investigando la arista SQM, se suma lo que acusó el ex subdirector jurídico del Servicio, Cristián Vargas, quien a través de una carta a los funcionarios aseveró que se quería encubrir los casos Penta y SQM.
“Desde mediados del año pasado, en el marco de los denominados casos Penta y luego SQM, se ha presionado al Servicio para que no cumpla a cabalidad sus funciones en materia de delitos tributarios y limite las investigaciones de acuerdo a intereses extraños al organismo”, aseguró en la misiva.
En el Servicio reconocen que con la llegada de Jorratt al organismo, en marzo de 2014, hubo cambios en la persecución de los delitos tributarios. Pero que nada fue gratuito. Indican que desde 2006 –cuando el director era Ricardo Escobar– hasta 2012, la tasa de evasión de impuestos había crecido hasta un 40% en el caso del impuesto a la renta y a un 26% en el caso del IVA, y que buena parte de esa evasión se concentraba en los grandes contribuyentes.
Quienes participaron de ese proceso aseguran que el único cambio con lo que se hacía antes, fue que ahora se buscó perseguir a grandes empresas y a personas más poderosas, debido a que pertenecían al sector que había incrementado su evasión. Pero aclaran que eso no significó un cambio drástico con lo que se hacía antes, ya que “siempre el SII se querelló contra casos de facilitación de documentación tributaria falsa”.
El verdadero cambio de doctrina dicen que se generó ahora, con la presión política y la salida de Michel Jorratt y Cristián Vargas.
El abogado Alfredo Ugarte –ligado al oficialismo y que forma parte del estudio Ugarte & Hernández–, reconoce la influencia que hoy tiene sobre el SII la llamada “doctrina Escobar”. “En el último tiempo se ha querido imponer una doctrina que dice ‘mire, aquí hay un error y se aplica la disposición de gastos rechazados, entonces se liquida, se paga y se aplican las sanciones. Lo que es correcto en principio, pero cuando esta conducta es premeditada y reiterada en el tiempo y se prolonga muchas veces, yo no puedo pensar que solo se trata de un error. Yo no puedo rectificar conductas premeditadas”, argumenta.
El jurista agrega que el SII es un ente administrativo, y que no le corresponde cumplir el rol del Poder Judicial. “Al haber error, estamos en el campo administrativo, pero al haber intención y premeditación, pasamos al campo penal, y eso tiene que determinarlo el juez. El ente administrativo tiene que entregar a la Justicia los casos donde pueda haber delito, pero al Servicio no le corresponde investigar delitos. Es denuncia o querella, según la cantidad de antecedentes”, explica.
Las últimas querellas presentadas por el Servicio fueron dos, se ingresaron el 20 de junio y se dirigieron contra 11 personas, entre los que se cuentan el ex alcalde Pablo Zalaquett y el senador Iván Moreira. Hace meses que está pendiente una acción legal contra SQM Salar, en una arista que involucra directamente al ex ministro Rodrigo Peñailillo, a Giorgio Martelli y a todo el grupo que participó de la precampaña de la Presidenta Michelle Bachelet.
Esa querella quedó redactada cuando Michell Jorratt abandonó su cargo, e incluía al actual gerente general de Soquimich, Patricio de Solminihac, y los pagos realizados a la empresa del recaudador de la Concertación, Giorgio Martelli, y a Cristián Warner, asesor de Marco Enríquez-Ominami, según consignó hace una semana El Mercurio.
Las querellas y denuncias anteriores estuvieron precedidas de críticas públicas contra el SII por dilatar su presentación. Desde el Servicio se han defendido pidiendo respeto por sus tiempos, y argumentando que realizan un trabajo serio y que solo presentarán las acciones cuando tengan certezas sobre ellas. Contactados por El Mostrador, en el SII optaron por no referirse a este tema, asegurando que no corresponde adelantar “futuras acciones en materia penal”.
Hace más de un mes el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, realizó una crítica velada a la lentitud del Servicio de Impuestos Internos para presentar querellas en el caso Penta-SQM. “Creo que falta un par de querellas más, pero si ellos estiman que no, es su atribución”, aseguró en la ocasión el mandamás del Ministerio Público.
Desde que estalló el caso de las platas políticas, las fricciones entre la Fiscalía y el SII han sido una constante. Mientras los fiscales han intentado avanzar en la investigación para cumplir con los plazos acotados de la indagatoria, el SII se ha visto involucrado en una serie de polémicas, incluyendo la salida de su ex director, Michel Jorratt, y sus denuncias por “presiones políticas” que habrían provenido desde La Moneda.
A pesar de la advertencia de Chahuán durante junio, el SII no ha presentado nuevas acciones legales en contra de involucrados en el caso, y eso obedece a la nueva doctrina que opera en el Servicio desde la bullada salida de Jorratt.
A mediados de junio una circular clarificó cuál sería desde ese momento la política del organismo frente al caso Penta-SQM y la presentación de acciones legales. A diferencia de lo que ocurría antes, ahora será un comité especial –formado por los subdirectores de Normativa, Jurídica y Fiscalización– el que evaluará caso a caso eventuales acciones. Esa política fue instruida por quien reemplazó a Jorratt, el actual director subrogante del Servicio, Juan Alberto Rojas.
La decisión de la jueza Ema Tapia, del Octavo Juzgado, de anular la formalización de Claudio Eguiluz por no existir querella ni denuncia del SII en su contra, fue leída como un precedente relevante. Hasta ahora, los magistrados habían interpretado que existían atribuciones por parte del Ministerio Público para pronunciarse sobre delitos tributarios.
El abogado querellante del PS, Enrique Aldunate, comenta que “para un sector del tribunal, algunos de los jueces, bastaba que existiera esta cláusula genérica de ‘contra quienes resulten responsables’ para poder formalizar personas. En este caso la magistrada consideró que no. Creo que es una interpretación respecto de una norma que es objeto de distintas interpretaciones”.
Según el abogado de Claudio Eguiluz, Marcelo Torres, el Código Tributario es claro al respecto: “El artículo 162 exige que para que se pueda iniciar una investigación por delito tributario debe haberse previamente denunciado o querellado a la persona por el hecho respectivo, y eso aquí no sucedía y, en consecuencia, no resultaba legal que se formalizara a Claudio Eguiluz”.
Pero es un debate abierto. De hecho, el mismo Torres aduce que “la Fiscalía lo interpreta de otra forma, nosotros tenemos una opinión distinta y dimos las razones”. En este caso, el Ministerio Público ya informó que apelará a la resolución.
