PAÍS
Rabat le saca el bulto a preguntas sobre rebajas de condenas a miembros del Tren de Aragua
Tres venezolanos condenados por intentar cobrar “vacunas”, es decir, extorsiones a trabajadoras sexuales extranjeras en La Serena recibieron rebajas de pena y dos salieron anticipadamente de prisión. El ministro reiteró que cuenta con respaldo del Presidente Kast.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, volvió este martes a defender las rebajas de condena concedidas durante el Gobierno de José Antonio Kast. Pese a los nuevos antecedentes sobre beneficiados con riesgo de reincidencia y tres venezolanos que se presentaban como integrantes del Tren de Aragua, el secretario de Estado mantuvo su argumento: su cartera no evalúa el mérito de las solicitudes, sino que verifica el cumplimiento de requisitos legales. Además, volvió a apuntar a administraciones anteriores, insistiendo en que estos beneficios no comenzaron con el actual Gobierno.
La controversia sumó un nuevo capítulo luego de que Interferencia revelara que tres venezolanos condenados por delitos cometidos contra mujeres migrantes en La Serena recibieron reducciones de pena. Dos de ellos abandonaron anticipadamente la cárcel en septiembre.
El caso llegó hasta la Comisión de Constitución del Senado, donde la senadora Daniella Cicardini (PS) emplazó a Rabat y recordó que el combate contra el crimen organizado ha sido una de las principales banderas del Ejecutivo.
Sin embargo, el ministro no confirmó ni descartó los antecedentes específicos sobre los condenados. En cambio, volvió a explicar el procedimiento legal: “Se trata de un procedimiento en que el análisis lo efectúa la comisión respectiva”, sostuvo.
Ante la insistencia de la parlamentaria, aseguró que el artículo 17 de la Ley N° 19.856 establece las causales de exclusión y que el Ejecutivo no puede atribuirse facultades adicionales para rechazar solicitudes.
Tres venezolanos beneficiados y dos que salieron de prisión
Los antecedentes publicados por Interferencia identifican a Franyorkin Aramburu Hernández, Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi, integrantes de un grupo de cuatro venezolanos detenidos en diciembre de 2021 tras intimidar a mujeres migrantes que ejercían el comercio sexual en La Serena y exigirles pagos semanales.
Según la investigación, los sujetos se presentaban como integrantes del Tren de Aragua. Sin embargo, su pertenencia a esa organización criminal no fue acreditada judicialmente.
En agosto de 2022 fueron condenados a cinco años y un día de presidio por robo con intimidación y delitos relacionados con armas y municiones.
Durante la administración Kast, Aramburu obtuvo una rebaja de nueve meses, mientras que Marott y Ollarves recibieron reducciones de tres meses cada uno.
Los decretos de los dos primeros fueron firmados por Rabat, el 6 de julio y el 4 de septiembre, respectivamente. El tercero fue suscrito el 7 de septiembre por el subsecretario de Justicia, Luis Silva, como ministro subrogante.
Las resoluciones permitieron que Marott y Ollarves abandonaran la cárcel el 9 y el 10 de septiembre, antes del cumplimiento originalmente previsto de sus condenas.
La investigación también estableció que los tres registraban faltas al régimen penitenciario, pese a obtener la calificación de comportamiento sobresaliente exigida para acceder al beneficio.
Del procedimiento “impecable” a las responsabilidades de las comisiones
La defensa del Gobierno ha cambiado de tono en menos de una semana. El 21 de octubre, el vocero Gonzalo Arenas calificó el procedimiento de “impecable”. Cinco días después, el Presidente Kast reconoció un error y afirmó que el Estado había fallado a las víctimas, aunque decidió mantener a Rabat en su cargo.
Este martes, el ministro volvió a poner el acento en los límites de sus competencias.
“No es el Ministerio de Justicia quien analiza el mérito de la solicitud”, afirmó, explicando que esa tarea corresponde a comisiones especializadas integradas por representantes del Poder Judicial y profesionales de distintas disciplinas.
La explicación llegó luego de que una investigación de Radio Bío Bío identificara a 33 de los 56 beneficiados por delitos sexuales contra menores, revelando informes de Gendarmería que advertían, en algunos casos, alto riesgo de reincidencia, falta de reconocimiento de los delitos y ausencia de empatía hacia las víctimas.
De esos 33 casos, 22 decretos fueron firmados por Rabat, diez por Silva y uno por el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.
Consultado por estos antecedentes, el ministro insistió en que su cartera no tiene facultades para ponderarlos y sostuvo que el riesgo de reincidencia “siempre ha estado latente” en el sistema vigente desde 2003.
Su explicación delimita las competencias del ministerio, pero no despeja cómo fueron evaluados los informes adversos ni los fundamentos de las rebajas concedidas.
Rabat apunta al pasado, pero su ministerio también cambió de criterio
Durante su intervención ante la Comisión de Constitución, Rabat insistió en que estos beneficios no comenzaron con el Gobierno de Kast.
El ministro sostuvo que durante la administración de Gabriel Boric se dictaron más de 275 resoluciones que concedieron beneficios similares y este martes afirmó que entre ambos gobiernos existirían aproximadamente 375 casos, cifra cuyo alcance requiere conocer el desglose por períodos y resoluciones.
Sin embargo, el exministro de Justicia Jaime Gajardo ya había cuestionado esa comparación. “Esos decretos no son iguales”, advirtió, explicando que durante su administración se rechazaban las solicitudes y las rebajas se concedían cuando correspondía cumplir sentencias judiciales. En contraste, cuestionó que el Gobierno de Kast aplicara directamente su interpretación de la jurisprudencia para otorgar los beneficios.
Pero hay otro antecedente que pone bajo escrutinio la defensa oficial: el propio Ministerio de Justicia comenzó rechazando solicitudes durante la actual administración.
Una investigación de Interferencia publicada el lunes reveló que entre marzo y mayo de este año la cartera rechazó al menos cinco solicitudes de rebaja a condenados por delitos sexuales contra menores, incluidos casos anteriores a la reforma legal de 2022.
Dos de esos rechazos fueron firmados por el propio Rabat.
Según los documentos examinados por el medio, desde junio Justicia comenzó a aplicar un criterio distinto, invocando jurisprudencia de tribunales superiores para conceder los beneficios.
El cambio tuvo antecedentes judiciales: durante los meses anteriores, tribunales habían acogido recursos contra determinadas exclusiones, lo que, según explicó Rabat, llevó a su cartera a modificar la interpretación aplicada a nuevas solicitudes.
El ministro entregó este martes otro dato para justificar las resoluciones: 36 de los 54 decretos a los que se refirió registraban recursos de amparo previos, según afirmó.
Una investigación de Mega Investiga revisó 27 fallos judiciales y documentó que, en al menos 17 casos, existían resoluciones favorables que ordenaban reconsiderar exclusiones, reevaluar antecedentes o conservar meses de rebaja previamente reconocidos.
Sin embargo, ordenar una nueva evaluación no equivale necesariamente a ordenar que se conceda el beneficio. El alcance de cada sentencia depende de lo resuelto en el expediente.
La controversia, por tanto, no se limita a un procedimiento heredado de gobiernos anteriores: también comprende un cambio de criterio administrativo adoptado durante la gestión de Rabat.
En medio del debate, el ministro cuestionó las críticas y afirmó que “no puede hacerse puntos políticos con situaciones como estas”.
Kast lo respalda y el Gobierno busca cambiar la ley
Mientras crecen los cuestionamientos, el Ejecutivo ingresó este martes al Senado un proyecto para modificar el régimen de reducción de condenas.
La iniciativa busca precisar qué legislación debe aplicarse a las solicitudes, ampliar determinadas exclusiones y garantizar que las víctimas sean informadas y escuchadas. También propone dar mayor peso a los informes de Gendarmería en las evaluaciones.
Rabat sostuvo que el objetivo es corregir los problemas detectados en el sistema, aunque las reformas propuestas no dejan automáticamente sin efecto las rebajas ya concedidas.
En paralelo, el ministro enfrenta solicitudes de renuncia, cuestionamientos desde sectores oficialistas y la posibilidad de una acusación constitucional de la oposición.
Consultado por su continuidad, aseguró contar con el respaldo del Ejecutivo: “Lo que he sentido es el respaldo no solamente del Presidente de la República, sino que también del gabinete y de los senadores”.
Así, mientras Kast reconoce un error y busca modificar el sistema, su ministro insiste en que las decisiones se ajustaron a la ley. La controversia mantiene abierta una pregunta: cómo un procedimiento que La Moneda calificó inicialmente de “impecable” terminó convertido en un error reconocido por el propio Presidente y qué responsabilidades corresponden a quienes firmaron los decretos.
