Abogados pagados por las instituciones militares y mentiras avaladas por los mandos
En medio de los cuestionamientos por el pacto de silencio que no ha permitido alcanzar la verdad en casos que remecen al país, testimonios judiciales y casos emblemáticos –como la reagrupación del Comando Conjunto– recuerdan por qué ha sido tan difícil conocer el paradero de detenidos desaparecidos o ir tras los culpables.
El 14 de noviembre del año pasado, el ex conscripto Fernando Guzmán, declaró una vez más lo que ocurrió el 2 de julio de 1986 en el barrio Los Nogales, cerca de la Avenida General Velásquez, Estación Central. Pero esta vez dijo todo lo contrario.
“Lo primero que debo indicar es que todas las declaraciones dadas en la Segunda Fiscalía Militar, son todas mentiras, porque me obligaron a aprenderme esas declaraciones», fueron las primeras palabras que pronunció, sepultando la versión que desde el ataque mantuvo el Ejército sobre las quemaduras que le costaron la vida al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y que dejaron con graves secuelas a Carmen Gloria Quintana.
Según la declaración de Guzmán, 15 días después de hacer arder los cuerpos, “fuimos trasladados hasta el Fuerte Arteaga en Colina, en donde nos dieron instrucciones con respecto a lo que debíamos declarar, nos indicaron que debíamos aprender unas declaraciones que ya estaban confeccionadas”. También contó que se “fabricaron unas maquetas del lugar donde ocurrieron los hechos, para poder aprendernos de mejor forma nuestras versiones”.
También tenían que aprender qué hacer las veces que tuvieran que enfrentarse a Carmen Gloria Quintana. “Nos instruyeron que cuando estuviéramos frente a ella (Quintana), teníamos que intimidarla con la mirada, y si veíamos que alguno de nosotros estaba nervioso, uno de los extremos tenía que fingir un desmayo (…) con la finalidad de ocultar lo que realmente había acaecido aquella mañana”, describió en su relato.
Instruido y también lleno de miedo, Guzmán calló. Hasta el año pasado.
Con sus últimas declaraciones, donde revela cómo fueron los hechos realmente, Guzmán se saca una historia negra de la espalda, abre la posibilidad de hacer justicia, pero también vuelve sobre un tema que se ha repetido en distintas causas de Derechos Humanos: la práctica que pusieron en marcha distintos órganos represivos de la dictadura cívico-militar, con el fin de ordenar a su gente, acordar versiones comunes y así ocultar la verdad de los crímenes. Incluso bastante entrada la democracia.
En septiembre del año 2002, un reportaje de La Nación Domingo reveló que el Comando Conjunto se había reorganizado. El artículo señalaba que el temido grupo –constituido por integrantes de las FF.AA., más carabineros y civiles del ultraderechista Patria y Libertad– y que coordinó la represión contra militantes de izquierda, se reactivó en enero de ese año –según los superiores jerárquicos en servicio activo– para enfrentar organizados “la agresión socialista que se venía encima a través de tribunales”. Así, por esas mismas órdenes superiores, engañaron a la Mesa de Diálogo, se burlaron de los jueces, intervinieron teléfonos y robaron documentos de las causas.
“Colmillo blanco”, como bautizó el autor del reportaje al agente del grupo que entregaba la información, relató con detalles cómo, hace solo 13 años, las Fuerzas Armadas seguían protegiendo a quienes estaban detrás de los crímenes.
[cita]En septiembre del año 2002, un reportaje de La Nación Domingo reveló que el Comando Conjunto se había reorganizado. El artículo señalaba que el temido grupo –constituido por integrantes de las FF.AA., más carabineros y civiles del ultraderechista Patria y Libertad– y que coordinó la represión contra militantes de izquierda, se reactivó en enero de ese año –según los superiores jerárquicos en servicio activo– para enfrentar organizados “la agresión socialista que se venía encima a través de tribunales”. Así, por esas mismas órdenes superiores, engañaron a la Mesa de Diálogo, se burlaron de los jueces, intervinieron teléfonos y robaron documentos de las causas. “Colmillo blanco”, como bautizó el autor del reportaje al agente del grupo que entregaba la información, relató con detalles cómo, hace solo 13 años, las Fuerzas Armadas seguían protegiendo a quienes estaban detrás de los crímenes.[/cita]
“Contamos con recursos económicos para operativos, seguimientos, intervenciones telefónicas, amenazas, robos de papeles en tribunales, coimas y trabajos nacionales e internacionales. Todo bajo la protección de las Fuerzas Armadas”, señalaba. “Tenemos estrictas órdenes de mentir, engañar, bloquear y ocultar cualquier evidencia ante los jueces, agrupaciones, gobierno y prensa, para no inculparnos y mucho menos ayudar a descubrir el destino de desaparecidos víctimas de nuestra unidad”, relataba el agente.
El agente también contaba cómo burlaron a la Mesa de Diálogo. En enero de 2001, las Fuerzas Armadas y de Orden entregaron un listado señalando lo que habría sido el destino final de 200 víctimas, entre ellas 180 identificadas y 20 NN. “Colmillo blanco” contaba entonces que aunque en un primer momento sus superiores le ordenaron a él y a otros –entonces recluidos en la cárcel– que hicieran listas con los nombres de detenidos y toda la información que recordaban, el alivio que sintieron por contar la verdad se esfumó cuando conocieron los resultados de la Mesa de Diálogo.
“Siempre fue una farsa. Los jefes nos pidieron colaborar, pero parece que nunca tuvieron la intención de hacer llegar nuestra lista a la Mesa de Diálogo. Íbamos a continuar engañando a los familiares de los detenidos desaparecidos y el país. Luego nos explicaron que no había seguridades. Me devolvieron mis hojas y mi organigrama”, dijo, y continuó: “Cambiaron todas las evidencias”.
En la entrevista, también declaraba que leían los documentos del Departamento V de Investigaciones –encargado de investigar al Comando Conjunto– mucho antes que los propios abogados de las causas. “Nos sirven para prepararnos, para cambiar testimonios y enredarlos”. En las preparaciones de los testimonios estaban también, según el relato, los abogados Jorge Balmaceda y Carlos Portales.
Uno de los nombres de detenidos desaparecidos que “Colmillo blanco” anotó en su lista que no vio la luz, es el de José Weibel, que en el informe final de la Mesa de Diálogo aparece enterrado en algún lugar del desierto en la Tercera Región, aunque ellos señalaron que su cuerpo estaba enterrado en el Cajón del Maipo.
“Durante años ha habido un pacto de silencio que en el Comando Conjunto se expresó incluso en la persecución a ‘Papudo’ (desertor del grupo). Él decía temer por su vida incluso en el año 1995”, comenta Mauricio Weibel, hijo de José. “El pacto de silencio fue una necesidad no solo para los militares, sino que también para los civiles. Hoy sabemos que el abogado Alfredo Prieto trabajó en el seguimiento de profesores en dictadura. Y él fue integrante de la Corte Suprema hasta el año 2015. Uno perfectamente se puede preguntar si esta persona colaboró en ese pacto en democracia”, asegura.
La información entregada por “Colmillo Blanco” permitió revelar también que la esposa del general (R) Patricio Campos, Viviana Ugarte –conocida como «Pochi»– fue miembro del Comando Conjunto. Campos renunció a su cargo de director de Aerónautica Civil y luego fue procesado por obstrucción a la justicia por el magistrado Mario Carroza, por haber destruido información sobre cinco detenidos desaparecidos que debió haber entregado a la Mesa de Diálogo. Campos había sido designado por el ex Comandante en Jefe de la FACH, Patricio Ríos, para recolectar información sobre desaparecidos al interior de la Fuerza Aérea.
Distintas declaraciones de militares y carabineros han dado cuenta de la petición de silencio que cayó sobre ellos desde sus superiores. El 17 de mayo del año 2010, Daniel Luis Guimpert Corvalán, capitán de corbeta de la Armada, quien después del golpe de Estado pasó a formar parte del Comando Conjunto, señaló ante los tribunales que una vez que se acogió a retiro de la Armada de Chile, estuvo de acuerdo en firmar un documento en el cual “me comprometía a guardar reserva de los actos de servicio realizados durante mi carrera y no solo en los ocurridos a contar del 11 de septiembre de 1973”.
Lo mismo se repite en otras declaraciones. El 14 de septiembre de 2000 el procesado Luis Arturo Sanhueza Ross, señala sobre otra causa de DD.HH. que no fue suficientemente veraz en sus declaraciones anteriores, “omitiendo algunos detalles que habrían servido para clarificar la investigación desarrollada en el proceso, pero también puedo decir que esta manera de declarar, sin haber mentido, de alguna forma, me fue impuesta dado que correspondía a una estrategia general de todos los involucrados y que fue planificada, incluso, en una de las oficinas de la Auditoría General, facilitada por el coronel Ibarra, en que Corbalán expresó que correspondía decir que el operativo correspondió a un procedimiento de la Unidad Especial, vinculándolo a un Estado Mayor dependiente del Coronel Ureta, y especialmente dependiente de la dirección de la CNI, porque los jefes de ambos organismos, es decir Ureta y Zúñiga, estaban muertos”.
El 3 de octubre de ese mismo año, el procesado Iván Belarmino Quiroz Ruiz, testifica algo similar en otra causa: “No fui completamente veraz en mis declaraciones anteriores porque evidentemente como la situación involucra a otras personas y a instituciones de Fuerzas Armadas y Carabineros, tenía que estar también en mis declaraciones con un cierto grado de acuerdo con los otros implicados, agregando además, que también se produjo una especie de acuerdo en cuanto a las declaraciones que se iban a prestar y que fueron manejadas en una oficina de la Auditoría General del Ejército”.
El 28 de septiembre del año 2000, Iván Leopoldo Cifuentes Martínez, también procesado, declaró en la misma dirección: “Es cierto que no fui veraz en mis declaraciones anteriores, pero ello se debió a que se nos aseguró, precisamente, durante el curso de la tramitación en las distintas fiscalías militares que no íbamos a tener problemas, y cuando asume el ministro Dolmetsch, efectivamente se me cita en una reunión en la Auditoría General del Ejército”. La idea era también ponerse de acuerdo en una versión.
El abogado de DD.HH. Cristian Cruz señala que es evidente tanto por las mismas declaraciones como por la actitud que han tenido, en que los agentes concuerdan en sus declaraciones. “Responsabilizan en general a agentes fallecidos en las causas en que declaran y fue el Alto Mando del Ejército uno de los resortes para concordar declaraciones y aunar criterios. Eso no pasó por dar una versión sino también por dar versiones falsas. Los pactos de silencio no ocurrirían si la autoridad civil no los aceptara al menos tácitamente”.
Así sucedió también en el caso de Carmelo Soria. En 1993, ex miembros de la brigada Mulchén, al enterarse que uno de los suyos había confesado ante un par de detectives, lo persiguieron hasta encontrarlo. Todo dirigido por el brigadier Jaime Lepe.
José Remigio Ríos San Martín no había declarado aún ante un juez. Después que dieron con él, se reunió con sus viejos compañeros en un restaurante de Ñuñoa. De ese encuentro salió con una camioneta nueva y una pensión, como recuerdan algunos artículos de prensa. Un par de días después cambió la versión de los hechos sobre el crimen de Soria.
Carmen Soria, hija del diplomático español, dice que este tipo de hechos hablan por sí solos. “A mí lo que me llama la atención es cómo al ministro de Defensa le da lo mismo. La invitación de ellos a las Mesas de Diálogo ha sido una falta de respeto. Se supone que un Presidente está por sobre todos los Comandantes en Jefe de las FF.AA., entonces cómo los presidentes no han sido capaces de pedir el listado de quienes integran las Fuerzas Armadas y cotejarlos con el listado de los violadores a los DD.HH. y sacarlos. No lo han hecho en ningún gobierno de la Concertación”.
