Narcomaderas: toda la evidencia ya fue quemada

¡Partimos con todo el verano en la Ciudad de la Eterna Primavera! Mientras el sur sufre con las lluvias torrenciales intempestivas, en Arica el calor ya se instaló como si fuera verano. Las familias comenzaron a ir a la playa porque la temperatura subió como si ya estuviésemos en diciembre. Los ventiladores y los aires acondicionados ya están a la venta en las ferias como la solución más a la mano para refrescar las casas.

Se asienta fuerte la idea difundida por algunos meteorólogos de que viviremos también algunas inclemencias climáticas prontamente, con un alza inusitada de las temperaturas y con lluvias estivales. Así es que es ahora la oportunidad para reparar los techos que, por ser una zona desértica, son bastante precarios. Y también es tiempo de que las autoridades adopten las medidas respectivas, sobre todo en los lechos secos y en las quebradas donde hay cerros inestables, según el informe del Servicio Nacional de Geología y Minería que se publicó el año pasado.

Ahora vamos a nuestro resumen de esta nueva edición antes de que nos llegue la primera tormenta:

• En la primerísima nota les contamos otra exclusiva del Caso Narcomaderas. El jueves pasado el Servicio de Salud quemó las últimas toneladas de las más de mil que había en el Puerto de Arica, que fueron incautadas entre octubre del año pasado y abril de este año por la presencia de trazas de cocaína, pasta base y ketamina.

• La segunda crónica aborda el reintento de la Fiscalía Regional de liberar de condenas a dos consultores externos que fueron acusados de más de una decena de sobornos y asociación ilícita por el Ministerio Público en el Caso de corrupción de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

• Incluimos una entrevista al gobernador regional Diego Paco, en la que habla de los 19 años que cumplió la región y los desafíos que tiene por delante.

• Además, les entregamos los resultados de la elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá (FEUT), la cual prevé un balotaje, siempre y cuando no prosperen impugnaciones por irregularidades detectadas en el proceso electoral, el cual pretende reponer esta organización luego de seis años de suspensión en su ejercicio.

• Y cerramos con la invitación de la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA), para que asistan al concierto del Cuarteto FA Andante que se realizará este sábado 17 de octubre en la hermosa e histórica Casa Bolognesi.

No puedo dejar pasar esta ocasión para contarles que la semana pasada me ausenté unos pocos días porque El Mostrador nos convocó a un encuentro en Santiago a los editores de los siete newsletters regionales del diario. Allí dialogamos desde Arica hasta Magallanes sobre nuestras regiones y nos capacitarnos sobre nuevos métodos para enriquecer nuestros artículos periodísticos. Me pilló por allá la lluvia torrencial y el aluvión que vino después, pero ya fue suficiente de temporales. Ahora estoy de vuelta trotando como siempre en la playa Las Machas.

Crédito imagen: El Mostrador.

Antes de comenzar la lectura, bien nos viene un batido de leche con frutillas del valle de Azapa que se cultivan todo el año. También les recuerdo que no se olviden de compartir el link para que nuevos lectores se inscriban gratis y así no se pierdan nuestra edición cada martes.

Narcomaderas: Servicio de Salud quemó toda la madera incautada en el puerto de Arica

Crédito imagen: El Mostrador.

A solo ocho días de la visita oficial que el Presidente de la República, José Antonio Kast tiene prevista a La Paz para este viernes 16 de octubre, el Servicio de Salud de Arica culminó el jueves la incineración de los 48 contenedores que almacenaban 1.265 toneladas de madera incautadas por la Fiscalía Regional a 23 empresas bolivianas entre octubre del año pasado y abril de este año. Los análisis de laboratorio efectuados por el Instituto de Salud Pública (ISP) detectaron trazas de clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína, ketamina y cafeína en la carga.

Si bien el tema ha generado controversia entre ambos países durante los últimos tres meses, los madereros del vecino país han acusado una vulneración del debido proceso y sostienen que los cargamentos no contienen drogas impregnadas en la madera. La incineración de las mercancías, procedimiento establecido por ley, comenzó en agosto y concluyó la noche del jueves en la cancha de destrucción de sustancias ilícitas que el Servicio de Salud utiliza habitualmente para estos efectos en Pampa Ossa.

En exclusiva, el delegado presidencial regional Cristian Sayes Maldonado confirmó a Aquí Arica que este proceso “terminó exitosamente y era lo que tenía por obligación que hacer el Servicio de Salud de Arica. Fue el servicio el ejecutor y lo que hizo la Delegación fue un rol de facilitador o coordinador con Carabineros, el concesionario del puerto y Bomberos para que este trabajo se realizará con la seguridad que ameritaba. Acá en ningún momento se ha tratado de entorpecer las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, sino que esto es producto de una investigación penal y cuyo resultado fue que el Instituto de Salud Pública detectó lapresencia de drogas y mandató de acuerdo a la Ley 20.000 que el Servicio Salud destruyera las maderas y también 19 toneladas de caucho que estaban en la misma situación“.

La autoridad precisó que una de sus gestiones más valiosas fue lograr un ahorro significativo al Estado. Esto, porque inicialmente el servicio fue cotizado a Cementos Polpaico S.A., empresa que realizó por $ 877 millones el traslado y la destrucción de 576 toneladas de precursores químicos que estuvieron abandonados durante cuatro años en el Puerto de Arica, luego de ser incautados por la Fiscalía Local de Ato Hospicio.

“Nos cotizaron por $8 mil millones. Eso era imposible pagarlo, dado el contexto de restricción presupuestaria que tenemos y también porque significaba el traslado a otra ciudad. Solo el transporte se llevaba $2.500 millones. Al final, luego de hacer varias pruebas con pallets en agosto, pudimos determinar una forma que solo implicó el pago del transporte por solo $70 millones“, indicó.

Sayes detalló que no solo trasladaron madera depositada en el puerto de Arica para destruirla, sino también un cargamento que estaba en el Almacén Extraportuario Hansen, ubicado en Chapiquiña 3066. Este antecedente deslegitima las versiones difundidas por los propios madereros que indicaban que solo en el terminal marítimo había madera contaminada y que esta situación podría ser atribuible a un solo depósito que antes había sido utilizado con mercancías con presencia de droga.

La tarea de incinerar más de mil toneladas de maderas no fue fácil. Sayes dijo que fueron en total 12 sesiones y algunas de ellas se extendieron hasta avanzada la noche. El método requirió algunas pruebas con pallets con dos toneladas de maderas que fueron retirados en agosto. Tras probar varios intentos, se halló la fórmula más eficiente y rápida para la incineración al aire libre, que requirió la participación de Bomberos con una antorcha para iniciar la combustión.

Luego, el 3 y el 11 de septiembre se quemaron seis contenedores completos y se paralizó este trabajo durante la semana de Fiestas Patrias. En medio de esta operación, el Servicio de Salud siguió de cerca las presentaciones realizadas por la defensa de los madereros ante la Corte de Apelaciones y del Juzgado de Garantía, que apuntaban a detener la destrucción de las cargas. Sin embargo, un análisis jurídico interno, que también contó el visto bueno de La Moneda, impulsó al organismo a continuar con las quemas desde el 21 de septiembre en adelante hasta agotar todo el stock el jueves pasado.

Contramuestras guardadas

El delegado presidencial señaló que también se resguardó, tal como señala la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico de drogas, que quedaran contramuestras bajo custodia del Instituto de Salud Pública (ISP), para que se realice un nuevo análisis en caso de que alguna diligencia así lo requiera.

“Cuando me reuní con los senadores de Bolivia la semana pasada, les comenté que por Ley 20.000, todo tiene que tener una contramuestra. Por lo tanto, de todo lo que se destruyó, el Servicio de Salud tiene contramuestra, y las debe tener almacenadas hasta por dos años”, precisó.

En cuanto a las dudas que tienen los exportadores bolivianos sobre la estimación que hizo la Fiscalía Regional, apuntando a que la madera incautada contiene unas 100 toneladas de droga, Sayes expuso que “la madera está contaminada, y lo que ellos nos dijeron es que quieren saber la cantidad de droga exacta. Sin embargo, nosotros no tenemos piscinas de decantación para separar la droga porque esa no es nuestra misión. Por Ley 20.000 nosotros tenemos que destruir lo que tenga un porcentaje de droga según el informe del ISP”.

Audiencia judicial

Pese a que ya no queda una sola tonelada de las maderas bolivianas incautadas en Arica, en paralelo siguen las gestiones judiciales para detener su incineración.

Luego de sendas solicitudes realizadas por el abogado Daniel Guevara Cortés y luego por el exfiscal Alejandro Peña Ceballos –que asumió la semana pasada la defensa de cuatro empresas–, finalmente el Juzgado de Garantía de Arica resolvió el 8 de octubre que realizará una audiencia de cautela de garantías el próximo 20 de octubre, para analizar la legalidad de la evidencia de esta investigación penal.

En esa cita judicial podrán intervenir los defensores de las empresas madereras, quienes en sus escritos han alegado que debió haberse paralizado la destrucción de los cargamentos, ya que habían diligencias pendientes en la Fiscalía Regional y también porque el órgano persecutor había requerido con fecha de 21 de septiembre al Servicio de Salud que detuviera este proceso por la misma razón.

Al ser consultado sobre la pertinencia que tiene esta audiencia acerca de si ya no existe madera por cautelar, el abogado Daniel Guevara dijo que “es difícil prever lo que dictaminará el magistrado. No sé qué podrá pasar en caso de que su resolución se convierta en ineficaz, al conocer que todas las maderas ya fueron quemadas. Es altamente preocupante cómo la aplicación de la Ley 20.000, a través de una resolución reservada del 8 de agosto, infringió el debido proceso internacional del derecho. Esto va a ser materia no solo de litigación nacional reparatoria, sino también de nivel internacional en contra del Estado de Chile. Quienes crean que han actuado conforme a derecho en materia nacional tienen que saber que se tiene que actuar con el orden jurídico integrado no solo entre Chile y Bolivia, sino con los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Destruir una evidencia bajo el amparo de una ley restrictiva como la Ley 20.00 tendrá que ser revisado con la idea de generar un resarcimiento de los perjuicios causados”.

Guevara precisó que el 8 de agosto pasado, el Juzgado de Garantía de Arica emitió una resolución reservada autorizando las quemas de las maderas de la empresa Real Wood SRL, la cual no fue notificada a sus dueños, cuya defensa se constituyó el 18 de agosto.

Lo que aún está en suspenso son otros 11 contenedores con maderas bolivianas que fueron incautados en los puertos de Valparaíso y San Antonio dentro de la investigación que lideró la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota. Hasta ahora se desconoce qué harán las fiscalías respectivas y si ya fueron puestos a disposición para que los servicios de Salud de ambas ciudades los destruyan.

También se encuentra pendiente lo que resolverá la Corte Suprema, dado que fue presentado un recurso a raíz de que la Corte de Apelaciones de Arica declaró inadmisible el recurso de protección que se presentó a favor de Maderas Siempre Verde para frenar la incineración de sus mercancías.

Fiscalía insiste en “salvar” de condenas a dos consultores en Caso de Corrupción en Bienes Nacionales

Crédito imagen: El Mostrador.

Por segunda vez, la Fiscalía Regional del Ministerio Público propuso una suspensión condicional del procedimiento para dos consultores acusados por 16 hechos de soborno en el caso de corrupción en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales. La salida alternativa contempla el pago de donaciones a dos fundaciones, por un monto de $2 millones.

La audiencia se realizó el pasado 5 de octubre. Sin embargo, esta vez el juez de Garantía, Rodrigo Urrutia Molina, rechazó la solicitud que hizo la fiscal jefe de Frontera, Paulina Brito Doerr, que investigó este caso. Su propuesta apuntaba a no condenar al cartógrafo y exfuncionario de la Seremi de BB.NN hasta el 2010, Carlos Falcón Arredondo, y al ingeniero agrónomo Carlos Valdera Medina.

En la cita, la fiscal Brito volvió a presentar la propuesta que había hecho hace dos meses. Consultado sobre la insistencia por liberar de condenas a ambos acusados, el Ministerio Público evitó pronunciarse sobre esta decisión. En todo caso, la oferta hecha a los acusados consideraba lo siguiente:

Consultor Carlos Valdera Medina, quien fue acusado por los delitos de asociación ilícita y soborno. Medidas a cumplir: fijación de domicilio por tres años ante el Ministerio Público; donación de $2.000.000 a la Fundación EDA, “Agrupación de Menores con Discapacidad de Parálisis Cerebral”; e inhabilidad para cargos u oficios públicos por tres años.

Consultor Carlos Falcón Arredondo, quien fue acusado por los delitos de asociación ilícita y soborno. Medidas a cumplir: fijación de domicilio por tres años ante el Ministerio Público; donación de $2.000.000 a la Fundación “Arica Down”; e inhabilidad para cargos u oficios públicos por tres años.

A diferencia de lo ocurrido en una primera audiencia efectuada el 5 de agosto, en la que se aprobó ambas suspensiones condicionales, pero que luego fueron revocadas por la Corte de Apelaciones, esta vez el magistrado atendió los argumentos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), estimando que ambos consultores no calificaban para obtener las salidas alternativas, dado que las penas a las que se exponen son superiores a los tres años de presidio.

La revisión por segunda vez de esta salida alternativa pudo hacerse a raíz de que la Corte de Apelaciones dictaminó en agosto que la medida debía ser nuevamente revisada por otro juez de Garantía no inhabilitado. El fallo sentenció en esa oportunidad que, “adoleciendo la resolución en alzada de motivación respecto de la petición presentada por la parte querellante, pues ninguna consideración se efectuó al respecto, incumpliendo el deber previsto en el artículo 36 del Código Procesal Penal, SE REVOCA la resolución apelada de 5 de agosto del año en curso… y en su lugar se declara que un juez no inhabilitado cite a nueva audiencia y resuelva conforme el mérito de la misma, observando el deber de legal aludido”.

De esta forma, el tribunal de alzada determinó que la sentencia emitida por la jueza de Garantía, Macarena Calas, que favoreció a Valdera y Falcón, no cumplió con la fundamentación mínima que prevé el artículo 36 el Código Procesal Penal y que señala que “será obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que dictare, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno la fundamentación”.

En ese mismo fallo, la ministra subrogante del tribunal de alzada, Sara Pizarro, fue más allá e hizo un voto de prevención, indicando que era necesario revocar la resolución, “teniendo, además, presente que del estudio de los antecedentes, la resolución recurrida omitió el análisis de la prognosis de pena, a la luz de la concurrencia de posibles atenuantes y el descarte de la hipótesis normativa que indica la apelante, amén de la reiteración del artículo 351 inciso segundo del Código Adjetivo”.

Lo que puso en la mesa la magistrada fue el nulo análisis del Ministerio Público y del Juzgado de Garantía respecto de que los dos acusados tenían varios delitos de sobornos y que, a raíz de ello, no eran merecedores de un beneficio, ya que el Código Procesal Penal establece que “en los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados“.

En la acusación presentada, la fiscal Paulina Brito decidió no solicitar penas corporales para ambos acusados pese a los reiterados sobornos y solo requirió la sanción de inhabilidad absoluta por 10 años para ejercer cargo u oficio público y multas. Esto fue impugnado por el CDE, indicando que la Fiscalía en dos casos similares que llevó a juicio abreviado, extrañamente sí decidió pedir penas corporales por la reiteración del delito de cohecho y que sancionó en un juicio abreviado el mismo 5 de agosto.

Próxima audiencia

Para el 30 de noviembre quedó fijada la audiencia de preparación del juicio oral, instancia en la que el Ministerio Público y las respectivas defensas ofrecerán las pruebas, los peritos y los testigos que presentarán en el juicio, cuya fecha se estima que quedará fijada para el primer trimestre del próximo año.

Con el rechazo a las dos suspensiones condicionales, finalmente 10 son los acusados que llegarán a esta instancia. Dentro de ellos se incluyen a la consultora e ingeniera agrónoma, Carolina Cuadra Oliveros; la exencargada de Arriendos, Carolina Rodríguez Quezada; el extopógrafo, Christopher Malebrán Hidalgo; la exencargada de Planificación y Presupuesto y representante gremial en ese servicio, Claudia Órdenes Bravo; el exfiscalizador y tasador, el arquitecto Claudio Martínez Villalobos; el exanalista de Enajenaciones y abogado, Franklin Flores Flores; el exencargado de Catastro y geógrafo, Rodrigo Calabrán Toro; el exasistente administrativo, Sigfredo González Portilla; y los consultores Carlos Falcón Arredondo y Carlos Valdera Medina.

La investigación en la Seremi de Bienes Nacionales se inició en noviembre de 2022, tras una denuncia realizada por el exseremi de esa cartera, Rodrigo Díaz Bogdanic. La autoridad entregó los antecedentes al Ministerio Público, luego de recibir quejas de usuarios por el nulo avance de sus solicitudes de arriendos de terrenos fiscales y por pérdidas reiteradas de expedientes con requerimientos a este servicio.

Luego de tres años de pesquisas, la Fiscalía realizó un mediático operativo con detenciones de los imputados en sus domicilios y en la propia Seremi. Pese a que presentó una acusación en contra de 16 personas, finalmente llegarán a juicio oral solo 10, por los delitos de asociación ilícita, cohecho, violación de secreto, soborno, negociación incompatible, tráfico de influencias, acceso ilícito a la información y falsificación de instrumento público mediante simulación de firma. Otros cuatro funcionarios se acogieron a suspensiones condicionales del procedimiento y dos a juicios abreviados.

Gobernador y los 19 años de la región: “Lograr la unidad es lo que nos permitirá salir adelante”

Crédito imagen: cedida.

En el segundo año de su mandato, el gobernador no pudo participar en la celebración del 19.º aniversario de la Región de Arica y Parinacota el 8 de octubre, pues debió viajar de urgencia a Santiago para sumarse a las gestiones de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI) en defensa del presupuesto regional 2027 y contra los recortes propuestos por el Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Sin perjuicio de ese cambio de agenda que le impidió participar en el acto oficial, Paco conversó con Aquí Arica sobre los desafíos que se plantean en el territorio, a casi dos décadas de la autonomía que lograron las provincias de Arica y Parinacota.

―La región cumple 19 años y tiene indicadores preocupantes, como la caída de un 4,9% de su economía y una cesantía cercana al 10%. ¿Cómo se puede revertir este panorama?

―Falta harto por hacer. Lo más importante es lograr la unidad de todas las autoridades, de todas las comunas, de todos los municipios, de los consejeros regionales, de los parlamentarios y de los alcaldes. Desde el Gobierno Regional hemos focalizado los esfuerzos en ese sentido y para nadie es un misterio el acercamiento que hemos tenido con el alcalde de Arica, Orlando Vargas, siendo de una posición política distinta a la mía, por el bien y los intereses de la comunidad. Así ha ocurrido también con los alcaldes de Camarones, Putre y General Lagos.

Lo que nos falta es que en el diálogo con distintos actores regionales, junto con la crítica, haya propuestas. Se ha hecho habitual la formulación de muchas críticas, pero sin propuestas. Bueno, debemos superar eso para soñar en grande.

―Está bien la unidad en torno a un objetivo, pero de qué manera se atiende la urgencia que plantea la falta de crecimiento y el desempleo…

―Debemos impulsar grandes proyectos y, evidentemente, un ámbito debe ser la gestión de los recursos hídricos, porque con el agua podemos avanzar y crecer. Pienso que con la misma fuerza con que se impulsó el embalse Chironta en el valle de Lluta, debemos impulsar los embalses Livílcar y Umirpa. Esos proyectos emblemáticos de grandes inversiones se debieron haber realizado, haber empujado, haber tomado la decisión y haber colaborado las autoridades de manera transversal.

Estas obras tienen dos grandes propósitos: aumentar la cantidad de suelos cultivables y controlar las lluvias estivales y los efectos que generan en nuestro borde costero. Yo me pregunto: ¿qué proyecto emblemático tenemos?, ¿qué proyecto emblemático grande, soñador y visionario, se está inaugurando o se está pronto a poner la primera piedra? Porque esos grandes proyectos no nacen de un año para otro y tampoco se terminan en una sola gestión.

―Pero, concretamente, no se ve que hayan grandes proyectos en la región…

―Así es. Hoy no hay ningún proyecto soñador en grande que genere un impacto real en la comunidad. En eso estamos trabajando, pero esto se consigue poniendo por delante los intereses de nuestra región y trabajando de manera unida. Si bien se aceptan todas las críticas, estas tienen que venir acompañadas de una propuesta.

Creo que el no tener propuestas ha afectado que no tengamos inversiones privadas. Somos la última región en tenerlas y es muy cierto que desde que somos región, no hemos hemos podido despegar como quisiéramos. Esto afecta la generación de empleo. Soy consciente de que hoy está bien duro y difícil para nuestra gente. Ellos al no encontrar trabajo, se tienen que ir de la ciudad, porque no hay industrias, no hay grandes inversiones, y no hay proyectos emblemáticos que, en su momento, se deberían haber planteado y concretado, para que las personas que viven acá puedan salir adelante.

―¿Cuáles son los proyectos de gran impacto que está impulsando y que piensa concretar en los próximos dos años de su gestión?

―Tenemos proyectos como el Centro Oncológico y la propuesta de construir una carretera alternativa a la Ruta Internacional 11 Ch que nos une con Bolivia por la Ruta A-13, dado que en La Paz están impulsando pavimentar el tramo Viacha-Charaña. Falta tener una carretera más ancha y con estándares internacionales, para que el tránsito sea seguro y podamos fortalecer la comunidad logística.

Es un desafío lograr que todas las cargas peligrosas que pasan por el Lago Chungará puedan ser desviadas a la segunda alternativa que estamos pensando. Lo que buscamos es que los camiones brasileños y bolivianos cuenten con una buena infraestructura de complejo fronterizo, otra carretera hacia Bolivia y con un antepuerto o puerto seco en Visviri. De esta forma pretendemos repoblar con jóvenes que tienen ganas de retornar a Arica, pero no pueden por la falta de trabajo.

―¿Cuál es la idea de ese puerto seco en Visviri?

―La idea de un puerto seco es que lleguen más profesionales y que puedan administrar el antepuerto. La idea es que desde allí la carga sea movilizada por transportistas chilenos.

―Bien innovadora su propuesta, sobre todo si pensamos que los transportistas chilenos llevan reclamando varias décadas que la carga boliviana sea transportada por ellos al ingresar a Chile y no lo han logrado…

―Hay que intentarlo porque el Tratado de 1904 no dice que las cargas son exclusivas para los transportistas bolivianos. Nuestra postura es que ese flujo de carga debe generar más empleos para los chilenos y debe ser capaz de incentivar el repoblamiento de la provincia de Parinacota.

En ese mismo sentido, esperamos se pueda reactivar el Ferrocarril de Arica a La Paz. Sabemos que está difícil operarlo en el lado boliviano, pero podemos hacerlo en el tramo chileno, aprovechando la infraestructura que está construida y que nuestro puerto es seguro. Chungará es el segundo complejo fronterizo que más carga moviliza en el país. Y todo indica que el crecimiento de las importaciones y las exportaciones seguirá en aumento y también el mercado asiático va a seguir creciendo. Nosotros no solamente estamos pensando en Bolivia, también estamos pensando en Brasil, donde en Guayaramerin están construyendo un puente que unirá a Bolivia con Brasil y estará listo este año.

―¿Y qué pasa con el turismo?

―Nosotros entre el año 2025 y 2026 hemos aprobado varios proyectos enfocados en turismo con Sernatur y con Corfo. Actualizamos la política regional de turismo, que es un producto que ya lo tenemos, y estamos muy pronto a entregarlo de manera formal y oficial. A mediados del año 2025 postulamos a la región para que se le traspasaran las competencias de turismo. Hoy tenemos una nueva forma de implementar la estrategia de la promoción. Estamos a la espera de lo que dirá la Contraloría.

La idea es clara: posicionar a la región y trabajar con varios actores, pero para eso necesitamos tomar el liderazgo como Gobierno Regional con un equipo especializado.

Elección de la FEUT queda en suspenso por eventual segunda vuelta y reclamos por posibles infracciones al reglamento

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Después de seis años de diversos intentos fallidos, la semana pasada finalmente se realizaron las elecciones para elegir una nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá (FEUT). El proceso, desarrollado los días 5, 6 y 7 de octubre mediante votaciones presenciales y en línea, quedó en suspenso porque ninguna de las cuatro listas alcanzó la mayoría absoluta y debido a posibles reclamaciones por infracciones al reglamento electoral.

Cuatro listas se presentaron en los comicios estudiantiles. Participaron la Lista 1, denominada “Lista para los estudiantes”, de tendencia gremialista; la Lista 2 “Siembra Unidad. Florece FEUT”, de sectores de izquierda; la Lista 3 “Gestión UTA”, ligada al Partido Republicano; y la Lista 4 “Construyendo un Norte”, cercana al Partido Liberal. En total participaron 3.411 votantes de un total de 8.801 habilitados.

Según el comunicado emitido por el TRICEL UTA, habrá segunda vuelta, dado que ninguna de las cuatro propuestas alcanzó la mayoría de los votos. Así, las listas 1 y 2 con 831 y 763 votos, respectivamente, irán al balotaje. La fecha del nuevo proceso electoral quedó en suspenso, aunque el reglamento electoral señala que deberá convocarse cinco días hábiles después de conocidos los resultados oficiales.

En la reunión de cierre del proceso electoral, efectuada el 10 de octubre, se dieron a conocer irregularidades en el conteo de una mesa presencial del Campus Velásquez y dificultades técnicas para desglosar los votos de una segunda jornada de votación en línea en ese mismo recinto. Esta situación impediría establecer un resultado fidedigno sin riesgo de duplicidad de votos.

El problema fue expuesto a los cuatro apoderados de las listas. Como no hubo acuerdo sobre el procedimiento que debía seguirse, se recurrió a un árbitro, quien sugirió realizar un balotaje para no afectar la continuidad de la representación estudiantil.

De haber una segunda vuelta, volverán a competir entonces la Lista 1, liderada por el estudiante de Derecho, Joaquín Rodríguez, junto a los estudiantes Leyla Vilca (Administración y Economía), Maximiliano Quezada (Ingeniería), Joanne Godoy (Ciencias de la Salud) y Benjamín Farías (Ingeniería); y la 2, encabezada por Hugo Addison-Smith (Historia y Geografía), Ámbar Quijada (Agronomía); Alexander Osores (Antropología), Manuel Sajama (Ingeniería Civil Electrónica) e Ivania Paredes (Ingeniería Química Ambiental).

El escenario enfrentará a los sectores de derecha e izquierda en la disputa por la reinstalación de la FEUT en el movimiento estudiantil nacional. El quórum mínimo para los próximos comicios será de 1.594 votos, cantidad que refleja la suma de los sufragios obtenidos por las dos propuestas ganadoras. Para el balotaje también regirá que el ganador debe alcanzar la mayoría absoluta, es decir, 798 votos.

Las elecciones también consideraron la renovación de las directivas de 17 centros de estudiantes.

Posibles impugnaciones

La elección de la FEUT podría verse impugnada, dado que existen voces disidentes respecto de la forma en que se aplicó el reglamento electoral.

Uno de los reclamantes que siguió de cerca el proceso fue Johan Pérez, egresado de la carrera de Derecho. El estudiante cuestionó la entrega de $17 millones al TRICEL para pagar los sueldos de sus integrantes y de los vocales de mesa, además de financiar la producción de material gráfico. También advirtió posibles infracciones al reglamento electoral, entre ellas, la habilitación de la votación telemática.

“Mis observaciones las hice llegar tempranamente al TRICEL con la intención de ayudar en este proceso. Modificaron por criterio individual implementando la votación online, cuando el reglamento estipula textualmente que tiene que ser en papel, con urna, y establece el procedimiento. La segunda vuelta también estaba regulada, pero tampoco la tenían contemplada. Creo que la falta de experiencia y conocimiento hizo que este proceso esté al borde de ser impugnado. Me parece cuestionable que las autoridades universitarias no lo observen, pese a que se invierten recursos públicos en él y a que existe un reglamento aprobado desde el 2018 por la universidad para este tipo de elecciones estudiantiles”, indicó el exdirigente de la carrera de Derecho.

Si bien el Tricel no lo ha publicitado, también el segundo día de las elecciones debió renunciar su vicepresidenta, la estudiante Mary Escobar, por mojar el acta de escrutinios recopilada y cometer actos que dificultaron el desempeño de los vocales en el Campus Velásquez. De hecho, en el conteo final aún no se tiene el recuento de esos votos por problemas con una mesa presencial y fallas en el sistema en línea implementado, pese a que ya se anunció el balotaje.

Fundación FA llevará música al barrio histórico con concierto en la Casa Bolognesi

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La Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA) explorará un nuevo escenario en el barrio histórico con la presentación del Cuarteto FA Andante, programada para este sábado 17 de octubre, a las 19:30 horas, en la histórica Casa Bolognesi.

El concierto, titulado La cultura nos encuentra y el patrimonio nos une, será la segunda actividad que la organización realiza en colaboración con la Junta de Vecinos N.º 20 “Morro de Arica”. La primera tuvo lugar en septiembre, con la presentación del pianista Benjamín Milla

La actividad contará también con la presentación del profesor de Historia y Geografía y cronista, Patricio Moya Muñoz, con su exposición “Barrio El Morro. Donde la historia vive y su gente no se rinde”.

El presidente de la Fundación FA, Javier Galeas, dijo que este concierto “se diseñó pensando en la comunidad. La idea es armar un circuito turístico en el casco histórico, que estaría constituido por la Catedral San Marcos, la junta de vecinos y la Casa Bolognesi. La idea es instalar este nuevo circuito de casco antiguo para apoyar el turismo o el patrimonio. Esta es una incursión nueva para llevar música a la comunidad distintiva del centro histórico”.

El evento cuenta con el patrocinio del Consulado General del Perú, que facilita la Casa Bolognesi. De este modo, la Fundación FA incorpora dos inmuebles de propiedad del Consulado a su estrategia de revalorizar edificios históricos mediante la programación de conciertos mensuales en estos espacios.

STAND-UP COMEDY DE DELEGADO PROVINCIAL. Dio que hablar el discurso al estilo de stand-up comedy que ofreció el delegado presidencial provincial, Sebastián Huerta, durante la ceremonia por los 19 años de la Región de Arica y Parinacota, organizada por el Gobierno Regional. Ante la ausencia del gobernador regional, Diego Paco, quien debió viajar para defender el Presupuesto 2027, buenos son los amigos que cuidan el fundo. Y esta vez fue Huerta quien asumió ese papel, con toda su personalidad y desplante.

Rompiendo los protocolos –y seguramente gracias a la amistad que lo une con Paco–, la autoridad fue incluida entre los oradores, pese a que el delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado, ya había pronunciado un discurso. Huerta rompió el hielo con micrófono en mano, desplazándose por el escenario y llevando agua a su molino, casi como si se tratara de su propia cuenta pública. Habló de los autos robados que cruzan la frontera rumbo a Bolivia, un problema que le corresponde enfrentar desde su cargo, y de los homicidios en la región, poniendo énfasis en la disminución de estos delitos durante el Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Es más, hasta corrigió a Sayes, señalando que había omitido mencionar a la exdiputada UDI, Rosa González (QEPD) como una de las gestoras de la creación de la nueva región. Fueron 11 minutos en los que se echó de menos una mirada sobre el desarrollo regional y los proyectos de alto impacto que impulsa el Gobierno —si la intención era aprovechar esa vitrina para posicionar su gestión—, especialmente en Parinacota, donde urge enfrentar el despoblamiento y la pobreza extrema que afectan a sus comunidades. En cambio, el discurso terminó pareciéndose a una cuenta pública centrada en los delitos y el despoblamiento.

También hubo reclamos por la sobreocupación del recinto, que obligó a varias decenas de adultos mayores a permanecer de pie en el Hotel Antay. A ello se sumó la preocupación constante del equipo de seguridad del hotel por la superación del aforo permitido. Algunos consejeros regionales tampoco quedaron conformes con la ubicación de sus asientos, pese a que el protocolo regional los sitúa en el vigésimo lugar del orden de precedencia en las ceremonias oficiales. Algo difícil de comprender para algunas figuras que ya están en carrera para asegurar un segundo período.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.