La polémica por una de las principales reformas de la Nueva Mayoría continúa, a pesar de que algunos reconocen como un avance los cambios anunciados critican que no se apliquen los mismos criterios a las universidades privadas y a las miembros del CRUCH. Además aseguran que esperarán a ver el desarrollo de la legislación y tener clara la «letra chica».
El cónclave de la Nueva Mayoría que se desarrolló ayer tenía un sólo gran anuncio: el de la gratuidad universitaria.
La presidenta dio las que -hasta el momento- serían las claves para el proyecto de gratuidad universitaria, la que se reducirá a un 50% de los estudiantes más vulnerables y se extenderá a universidades privadas que cuenten con una acreditación «por al menos 4 y 5 años», que no sean controladas por sociedades y que permitan la participación de todos los estamentos en instancias colegiadas del gobierno institucional, además de incluir a los IP y CFT sin fines de lucro.
El tema de los requisitos parece ser una nueva piedra en el zapato para la reforma, a pesar de que al final del cónclave todos los miembros de la Nueva Mayoría se vieron sonrientes, lo que indicaría que este proyecto logra apaciguar las aguas al interior del bloque gobernante, entre los rectores genera algo más que incertidumbre respecto a los cambios futuros. Mientras algunos agradecen la medida, pero aclaran que «hay que ver la letra chica», otros denuncian discriminación arbitraria de parte del gobierno.
El rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes reconoció que la ampliación de la gratuidad «es un avance», pero que «si dependiera de mi criterio, sería para todos los jóvenes necesitados de las instituciones acreditadas. No estoy defendiendo a la Alberto Hurtado, sino a los estudiantes pobres», dijo a La Segunda.
El rector critica el hecho de que se determinen 4 años de acreditación,señala que «se le pide eso a las privadas, pero hay varias universidades del Cruch que no cumplen con ese requisito. Eso es, a lo menos, muy extraño. Si el criterio es garantizar calidad, debe ser parejo para todos ¿no le parece?».
«El criterio debe ser único, ley pareja no es dura. Y si el Estado tiene dudas sobre algún plantel, que se investigue, pero que aplique el mismo criterio para todos», añadió.
Pero el anuncio no ha sido sólo alegría para las instituciones privadas, según los datos entregados por la mandataria sólo las universidades Diego Portales, Católica Silva Henríquez y la Alberto Hurtado, podrían acceder a la extensión de la gratuidad.
El rector de la Universidad San Sebastián (USS), Hugo Lavados y representante de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) tildó los requisitos como una «discriminación arbitraria», que parece estar hecha «a la medida» de algunas instituciones.
La USS cumple con el requisito de los 4 años de acreditación, pero no con los otros, por lo tanto Lavados solicita que haya «más precisión respecto a los criterio no queda claro qué significa la participación triestamental, no queda claro si son los dos estamentos, cuál es la razón de este criterio», por otra parte señala que respecto a «la estructura de la corporación hay un tema importante, eso no tiene que ver con la reglamentación que está actualmente», por lo que denuncia una falta de claridad.
Al rector Lavados también le llama la atención el hecho de que no se le exijan los 4 años de acreditación a las instituciones del CRUCH, según él es un tema «de absoluta discriminación», ya que hay instituciones como las universidad Arturo Prat, Católica de Temuco, Los Lagos, UTEM y de Magallanes que no tienen los años de acreditación requeridos por el proyecto.
Desde la visión de las universidades estatales, el vicepresidente de la Corporación de Universidades Estatales (UE), Luis Loyola y rector de la Universidad de Antofagasta asegura que tras el anuncio de la presidenta «lo mas importante es la confusión que uno detecta porque cambian los dictámenes en cualquier momento». «No es una buena impresión que uno se forma ante un política pública», agregó.
Respecto a la inclusión de la privadas Loyola aclara que «no podemos negar que se incluyan mas instituciones, pero
debe haber un marco regulatorio, exigencia para todos por iguales», sobre todo en el caso de transparencia debido a la obtención de recursos público. «Hoy día mas que nunca el país necesita una rendición de los recursos».
Para el rector «evidentemente hay una discriminación», pero añade que hay universidades del estado que están totalmente desprotegidas, por algo «sólo el 16% matrícula de la educación se concentra en las universidades estatales».
Ante la pregunta de si este proyecto fortalece la educación pública el rector de la Universidad de Antofagasta indica que el anuncio marca «una transición», pero que «para que se fortalezca la educación publica no basta con la gratuidad». El rector establece que debe el Estado de financiar la oferta académica y no la demanda.
