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El paso a paso del secuestro y homicidio del teniente Ojeda
Terminada la audiencia de preparación de juicio oral en contra de 20 miembros de “Los Piratas” de Aragua, se aproxima ya el primer juicio oral relativo al crimen que, según la fiscalía, fue un “contrato” que Diosdado Cabello entregó al ahora fallecido Héctor “Niño” Guerrero.
Corría diciembre de 2023 cuando un grupo de exmilitares venezolanos refugiados en distintos países comenzó a congregarse en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.
Posteriormente, en un video dado a conocer por la dictadura encabezada entonces por Nicolás Maduro, el líder del comando de uniformados, el excapitán Anyelo Heredia, dijo que el objetivo final de la incursión, apoyada por la CIA, era llegar a Caracas. En sus declaraciones, que recuerdan los videos grabados en la época de la dictadura chilena, con presos de izquierda en ese caso, Heredia dice que “las personas (con) que yo iba a ingresar eran el teniente Ojeda, el sargento Pérez, el sargento Ángulo…”
Independiente de las condiciones en que fue grabado el video, la familia de Heredia confirmó en la fiscalía el vínculo del exteniente Ojeda con Heredia. A ello se suma lo investigado por la radio Caracol de Colombia, la cual pudo determiner que Heredia y Ojeda fueron interceptados en la zona de Santander el 13 de diciembre de ese año, por parte de sujetos armados pertenecientes a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, los cuales entregaron a Heredia a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela.
Ojeda, sin embargo, logró escapar de la emboscada, pero resultó herido y permaneció oculto tres días en un monte antes de iniciar su retorno a Chile por vía terrestre, cruzando Rumichaca, Ecuador y Perú, para luego ingresar en forma clandestina a Chile, país donde contaba en con estatus de refugiado político.
El 24 de enero de 2024 el gobierno venezolano difundió una lista de 33 exmilitares de ese país, acusados de traición a la patria. Uno de ellos era Ronald Leandro Ojeda Moreno.
El inicio del fin
Algunos días después de eso, el ahora fallecido Héctor “Niño” Guerrero recibió un “contrato”, como se denomina en la jerga mafiosa cuando se encarga un homicidio. Guerrero, a su vez, dio la instrucción a “Carlos Bobby”; es decir, Carlos Gómez, uno de los más importantes miembros del grupo, quien se la delegó al jefe de “Los Piratas de Aragua” en Santiago, Adrián Gómez Finol, más conocido como “El Turko”.
En la carpeta de investigación existen tres testimonios acerca del origen del contrato. Uno de ellos, citado por Propublica, indica que uno de los secuestradores confesó, ya detenido, que “Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro”. El mismo medio indica que otro de los imputados aseveró el homicidio fue “ordenado por el Gobierno de Venezuela, planificado por los líderes del Tren de Aragua, y ejecutado por los miembros de la pandilla que estaban en Chile”.
Según explicaron los fiscales Héctor Barros y Alex Cortéz al formalizar a la mayoría de los imputados, “El Turko” creó un grupo de WhatsApp con el icono de una bandera pirata para coordinar a los participantes, entre los que se encontraban Yolvi González Arcaya, Dayonis Orozco Castillo, Wimner Rivas Olivares y Johnny López Mendoza, alias “Mudo”.
A ellos y otros más se les citó a la mediagua de Wimner Ribvas Olivares, en la toma “Santa Marta”, ubicada en el Camino a Melipilla, en la comuna de Maipú, lugar al que llamaban “La invasión” y en la cual, como se indicó durante la reciente audiencia de preparación de juicio oral, el Tren de Aragua era quien la administraba, pero además “cobraban por protección, traficaban droga, prestaban cobertura a la organización como un lugar seguro para reunirse, mantener a víctimas secuestradas, (también era el) domicilio de algunos imputados e incluso como lugar para recibir los dineros producto de los secuestros extorsivos”.
También fue “El Turko” quien les explicó que irían caracterizados como oficiales de la PDI. Otro de los líderes del secuestro, según la fiscalía, sería Alfredo Enríquez Pineda, más conocido como “Gordo Ale” o “Gordo Conce”, al cual el Ministerio Público sindica como uno de los “Pure” del TDA, como se denomina a los jefes de alto nivel, pues según la acusación “durante un tiempo le fue asignada por las jefaturas máximas de la organización el control de todas las actividades ilícitas que realiza esta en su célula Los Piratas en la ciudad de Concepción”.
Asimismo, en su teléfono se encontró un audio en el cual “el Gordo Conce” se jacta de haber asesinado a un militar venezolano.
Sin embargo, su defensora, Trinidad Parra, señala que su defendido no se encontraba en Chile al momento del secuestro de Ojeda, y que lo que sucede es que hay una confusión entre el apodo de su defendido, que ella indica es “Gordo Alex” y el “Gordo Ale”.
En el mismo sentido, la abogada indicó que su cliente no desconoce la existencia del audio relativo al homicidio de un militar, pero señala que esa evidencia se refiere a un hecho ocurrido en Venezuela, no en Chile y que además él no habría tenido participación. Ante ello, asevera que en el juicio bregará por la absolución de Enríquez.
El secuestro
A las 23 horas de 20 de febrero de 2024 a las 23:00 horas, Maickel Villegas Rodríguez y un menor de edad, de 17 años, iniciaron la vigilancia frente al edificio en calle El Molino 1755, Independencia, donde vivía Ojeda junto a su esposa y el hijo en común. Villegas y el joven pasaron el tiempo fumando marihuana y cuatro horas después, a las 03:05 horas del 21 de febrero, llegó el grupo de secuestradores, a bordo de un Nissan Versa provisto de una baliza azul, como las que usa la PDI.
Cuatro de ellos se bajaron y entraron al edificio, vistiendo la clásica tenida táctica de la Policía de Investigaciones: pantalón y botines color caqui, casaquilla azul, chaleco antibalas y casco. Hacía al menos que una semana antes ya estaban en posesión de los uniformes, pues posteriormente, luego del asesinato del oficial de Carabineros Emmanuel Sánchez, en el teléfono de uno de los imputados en ambos casos, Yolvi González Arcaya, se encontró una imagen de él disfrazado con las mismas indumentarias y la fecha de la imagen, según la metadata, es inequívoca: 14 de febrero.
Los secuestradores, además, cubrían sus rostros con pasamontañas y uno de ellos llevaba un ariete de metal en la mano, como lo que efectivamente utilizan las policías para abrir puertas por la fuerza. Se trataba, según la acusación, de Walter Rodríguez Pérez, de “El Gordo Ale”, de Johnny López Mendoza y de José Carlos Valverde Araujo. También, por supuesto, iban provistos de armas de fuego y de una orden judicial falsa, en función de la cual el conserje los dejó pasar hasta el piso 14. Allí, una vez en el departamento del refugiado, el 1403, ingresaron por la fuerza y se lo llevaron de inmediato, estando identificados Rodríguez y Enríquez como dos de los captores, sin que haya claridad acerca de quién fue el tercero.
Semidesnudo, lo subieron al Nissan Versa, mientras Villegas y el menor cumplían otra parte de su misión: grabar un video “para así reportar la ejecución del delito a los líderes de la organización”, como dice la documentación.
Los dos vehículos salieron juntos de allí, rumbo a la toma Santa Marta, pero en el camino el Nissan sufrió un desperfecto, a la altura del kilómetro 20 de la Costanera Norte, en Renca. Ante ello, apareció un vehículo de recambio, un Hyuindai i10, en el cual Rodríguez subió junto a la víctima, mientras que los demás secuestradores abordaron el Sail que manejaba Maickel Villegas. Según la acusación, “en el trayecto Alfredo José Henríquez Pinera comenzó a entregar instrucciones a otros integrantes de la organización (sobre) cómo hacer desaparecer el vehículo con desperfectos”.
Finalmente llegaron a “La Invasión”, donde procedieron a colgar a su víctima desde las manos, en suspensión completa; es decir, sin que sus pies tocaran el suelo. De acuerdo con lo indicado por el Servicio Médico Legal, el exoficial murió entre 24 y 72 horas después de ser colgado, por asfixia posicional mecánica. En otras palabras, debido a la forma en que lo dejaron, la parrilla costal comenzó a presionar los pulmones de tal forma que de a poco fue quedando sin respiración. Además, el examen reveló que había sido sistemáticamente golpeado en los riñones.
Se trata de un método de tortura bien conocido en las cárceles venezolanas, donde era aplicado por el Servicio Bolivariano de Información (Sebin) y por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que se cree también estuvo implicada en el operativo de captura y exterminio de Ronald Ojeda.
El ocultamiento
Una vez muerta la víctima, sus captores procedieron a hacer con ella algo muy propio del Tren de Aragua: compactar el cuerpo al interior de una maleta, aplicándole una serie de amarras que atraviesan todo el cadáver y grandes cantidades de cal, como lo han hecho de casi una decena de otros casos en todo el país, incluyendo al menos cuatro homicidios en Arica y varios en distintas partes de Santiago.
Luego de ello, el cadáver fue sepultado en una fosa de cerca de 1.70 metros de profundidad, ubicada en el “patio” de una de las mediaguas de la toma, que era habitada por Jordan Ernesto Soto Fuenzalida, la cual luego fue cubierta con una losa de cemento, siguiendo un modus operandi ya común. De hecho, el miércoles pasado la Fiscalía Sur y la BIPE de la PDI realizaron trabajos en una casa de Quinta Normal, que era ocupada por la facción del TDA conocida como “Los Mapaches”, en cuyo patio, debajo de una losa de cemento, encontraron una maleta que contenía un cuerpo humano, que se cree pertenece a una víctima venezolana, secuestrada en diciembre de 2024.
Tras ello, el 25 de febrero, se efectuó una reunión en el inmueble que habitaba Wimner Rivas, en la cual “Carlos Bobby” le dijo a sus subordinados que quienes habían participado en el secuestro debían salir del país, lo que hicieron varios de ellos, como Maickol Villegas, Walter Rodríguez, Jhonny López, José Valverde y Edgar Benítez.
El hallazgo
Recién el 1 de marzo la PDI pudo encontrar el cuerpo del teniente Ojeda, luego de que los policías recibieran información sobre una excavación sospechosa que se había realizado en el interior de “La Invasión” por parte de al menos seis venezolanos miembros del Tren de Aragua. El hallazgo del cuerpo permitió ir tirando el hilo de los implicados, y el primer detenido, ese mismo día, fue el joven de 17 años -al menos esa fue la edad que dijo tener- quien es, hasta ahora, el único condenado en el caso. En octubre de 2025, en un juicio abreviado, fue condenado a cinco años de presidio (dos de ellos efectivos) como autor de secuestro con homicidio.
Pronto fueron identificados otros dos de los partícipes, Villegas y Rodríguez, quienes huyeron del país por pasos clandestinos en Chacalluta y Colchane, respectivamente, y la investigación comenzó a avanzar, llegando a determinar no solo la identidad de más de una veintena de imputados, sino también la forma en que se operó y el hecho de que el dinero -cuyo monto nunca se ha revelado- fue pagado a los líderes del TDA en Perú.
Del mismo modo, como quedó en evidencia en la investigación, la célula a cargo de “Carlos Bobby”, “El Turko” y “El Gordo Alex” estuvo implicada en una serie de otros hechos delictivos de gran violencia en el país, incluyendo el homicidio de dos agricultores en Malloa, el asesinato del mayor de carabineros Emmanuel Sánchez y varios secuestros con homicidio, incluyendo el de dos miembros del grupo que fueron secuestrado y luego ejecutados en Rinconada de Maipú, por haber cometido ellos, previamente, un secuestro, sin autorización de sus jefes.
La semana pasada recién concluyó la audiencia de preparación de juicio oral por estos y otros delitos cometidos por el TDA, a cargo del fiscal regional sur, Héctor Barros, quien al término de esta explicó que “a partir de la acusación presentada ante el Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de la organización criminal de origen venezolana, Los piratas de Aragua, donde también se contempla la participación de en el secuestro por homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, se procedió a dictar el auto de apertura del juicio oral y, en este caso, será fijada la fecha exacta por el sexto Juzgado del juicio oral en lo penal de Santiago, y con la evidencia que presentamos, principalmente testigos, peritajes, documentos, prueba digital, esperamos acreditar los hechos tanto que hemos acusado como la participación que a cada uno de los imputados, en este caso, le corresponde”.
Dayonis Orozco a su llegada a Chile, el 2 de julio pasado.
Las penas
De los 20 imputados que irán a juicio, el más importante, a juicio de la fiscalía, es Alfredo Henríquez, quien fue detenido el 14 de agosto del año pasado, una semana después de haber regresado del extranjero, pues como es lógico él también salió del país (aunque, como se indica antes, su defensora señala que ya en febrero de 2024 se encontraba fuera del país).
Henríquez fue aprehendido por el OS-9 de Carabineros en medio de las investigaciones relacionadas al secuestro de un empresario en Quilicura. El sospechoso estaba residiendo en un edificio de Estación Central, donde fue arrestado.
Carlos “Bobby” fue detenido por la policía colombiana en la ciudad de Santa Marta, el 7 de diciembre de 2024, y se encuentra a la espera de ser extraditado a Chile, lo mismo que “El Turko”, quien fue aprehendido en la ciudad de Cameron (Texas), acusado de tráfico de personas, el 30 de diciembre del mismo año. Por dicho motivo ellos deberán ser objeto de un nuevo juicio, una vez que estén en Chile, al cual se sumará también Dayonis Orozco, extraditado el 2 de julio recién pasado, quien no solo está acusado de ser parte de la asociación ilícita, sino de ser el autor material del homicidio del mayor Sánchez.
En contra de Henríquez, la fiscalía está pidiendo una pena de presidio perpetuo calificado (es decir, un mínimo de 40 años sin poder optar a beneficios) y otros 10 años. En contra de otros tres imputados (Brian Piña, Carlos Mayor y Carlos Sepúlveda) se están solicitando dos penas de presidio perpetuo calificado, para cada uno, y en forma adicional 25, 20 y 12 años más, respectivamente.
Pese a que el caso ya parece cerrarse, subsisten, sin embargo, dudas que muy difícilmente serán aclaradas ya, como si es efectivo que altos oficiales de la DGCIM venezolana estuvieron en Chile supervisando el secuestro o si Nicolás Maduro estaba al tanto del operativo.
